El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Gondomar quedó suspendido ayer, treinta y tres días después de las detenciones de los ex concejales acusados de tres delitos de cohecho por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de beneficios urbanísticos. El gobierno local, del Partido Popular, cedió a la presión vecinal en un pleno cargado de tensión y se abstuvo en la votación de una propuesta presentada por la oposición para paralizar la tramitación del plan y para dejar sin efecto su aprobación inicial. Tras lo sucedido, será la Corporación que salga de las próxima elecciones municipales la que decida sobre el futuro del ordenamiento del municipio.
Más de un centenar de vecinos acudió a la sesión plenaria solicitada por BNG y PSOE para exigir el bloqueo del plan. Los gritos, abucheos y advertencias de los presentes hicieron cambiar de opinión al equipo de gobierno que encabeza el alcalde, Carlos Silva. Pese a contar con mayoría absoluta y haber manifestado horas antes de las votaciones su intención de rechazar la iniciativa de la oposición, el grupo popular decidió abstenerse y permitir de esta manera el aplazamiento del documento urbanístico.
Silva defendió en su primera intervención la necesidad de mostrar el plan a los vecinos para modificarlo después en función de las alegaciones. Sin embargo, cambió su discurso tras escuchar a los portavoces de la oposición y a los vecinos presentes y cerró los turnos de palabra con el argumento de que la Corporación actual "no está legitimada para hablar de urbanismo". Tampoco mantuvieron su postura los independientes de Move Gondomar. Su portavoz, Manuel Núñez Sestelo, anunció inicialmente que no votaría, pero más tarde apoyó el bloqueo.
La oposición insistió en la irresponsabilidad de continuar con "un plan bajo sospecha" y acusó al gobierno de mantenerlo "para poner a salvo sus intereses". Tanto el PSOE como el BNG instaron al equipo de gobierno a "salir dignamente de la política y rechazar el plan sobre el que planea la sombra de la corrupción".
Así, el portavoz nacionalista, Antonio Araúxo, reiteró al PP que "o están del lado de los ciudadanos y de la transparencia o del lado del oscurantismo y la corrupción". El socialista, Carlos Cabaleiro, dijo al alcalde que si continuaba con el plan "daría la impresión de estar atado de pies y manos".
Ambos representantes de la oposición insistieron en eliminar el PXOM, pero no la reflexión para buscar un modelo urbanístico. Así, abogaron por la apertura de un diálogo con todos los partidos y colectivos sociales del municipio para que aporten sugerencias.
Socialistas y nacionalistas propusieron al equipo de gobierno que pida el amparo de la Xunta con el fin de que la Administración autonómica dote a Gondomar de una normativa básica que permita conceder licencias urbanísticas y evitar la paralización económica del municipio.
No es la primera vez que la comarca del Val Miñor registra una retirada de un plan urbanístico ante la presión vecinal. El alcalde de Nigrán aplazó el de su municipio el pasado octubre tras meses de conflictos vecinales.
