Javier Sánchez de Dios / SANTIAGO

Casi recién llegada al cargo, tiene la ventaja de la frescura en su ejercicio, a la que añade otra: es profesional de esto, y se le nota, sabe de lo que habla y consigue transmitirlo. Seguramente -la circunstancia política a veces complica las cosas- la Administración gallega ha hecho un gran fichaje. Que, además, no hace promesas rimbombantes, como por ejemplo acabar con los legendarios "enchufes": dice sencillamente que ya no existen.

- No pocos creen que la revolución pendiente, con la agraria, es la administrativa. ¿Se puede hacer una revolución en la Administración pública?

- Sí, se puede. También se puede hacer un cambio que al final resulte una revolución, y yo creo que éste es un sistema más eficaz. El cambio siempre implica cierta tranquilidad, un proceso más reflexivo de mejora, que no una revolución.

- La Administración tiene fama de conservadora.

- No se trata de que exista una resistencia al cambio, como a veces se cree. La Administración pública está habituada al cambio en aquellos que tienen el poder de decisión, y sería complicado que ese cambio implicase a la vez, cada vez que se produce, otro profundo en la organización. Una cierta estabilidad es la garantía de conservación de la estructura, y ésta a su vez lo es de que no todo queda al albur de una decisión política, de que hay una componente institucional que se mantiene. Eso no implica que no se pueda cambiar mucho y que no sea necesario hacerlo, pero explica de algún modo que sea difícil.

- Casi todos predican la necesidad de profesionalizar la Administración, pero casi nadie lo hace. Proliferan los asesores, los cargos de designación... Hay aún mucho dedo.

- Hay una ley en trámite parlamentario que establece un compromiso explícito de profesionalización como es la reducción de los puestos de libre designación. Y no quiero decir con esto que la libre designación sea un sistema que prescinda de la profesionalidad del candidato, para nada es así, pero de alguna manera casi siempre se considera a la libre designación un mecanismo arbitrario, como si el designado no tuviese que acreditar conocimientos. La propuesta de la ley tiende a fijar esos conocimientos y hacer que algo quede sólo al albur de una decisión personal, aunque sea meditada y fundamentada. Y la ley en ese sentido es un gran avance.

- Los funcionarios reclaman hace años una carrera profesional. ¿Esta vez sí?

- Espero que sí. Pero hay otro camino, que trasciende al nivel autonómico, que es el Estatuto del Empleado Público, que innova la carrera de los funcionarios. No tanto como los que trabajamos en esto quisiéramos -y no es mi criterio: es el de la Comisión de Coordinación de la Función Pública- porque se desearía algo más innovador, pero introduce elementos que permiten mantener cierto optimismo. Por ejemplo la creación de la figura del directivo público, que profesionaliza no sólo el nivel de asesoramiento técnico sino también el nivel de dirección. Y aparecen otros factores que mejoran la profesionalización: además de la antigüedad está el desempeño, los resultados. Eso significa una mejora en la perspectiva de la carrera del funcionario y una mejora del servicio, que es también clave.

- ¿Se acabará de una vez la sospecha de que con el carnet del partido que gobierna se asciende antes que con el mérito?

- Yo creo que sí, y cada vez más la gente es consciente de que las Administraciones están trabajando mucho en ello con leyes de transparencia, códigos de buena conducta etcétera. Hay un esfuerzo colectivo por demostrar que se gestiona, se selecciona, se recluta con criterios profesionales, y eso es algo novedoso. Antes no se hacía un esfuerzo directo y constante por demostrar eso; se hablaba, se opinaba, pero no había voluntad de demostrarlo. Un ejemplo: antes, la elaboración de una norma era simplemente un criterio de oportunidad jurídica, y ahora se empieza a hablar de otro concepto, el de la calidad de las normas. Quiere decir que la norma no sólo ha de ser rigurosa desde el punto de vista técnico, sino que también debe ser oportuna, lo que implica que debe tenerse en cuenta también la opinión de aquellos a los que afecta, lo que es también una novedad. La Administración se esfuerza cada vez más por escuchar a aquellos que son grupos de interés, y eso es otro indicio de que algo cambia. Escuchar a los ciudadanos es el primer elemento para que se nos pueda pedir cuentas.

- O sea, que se acabaron los enchufes. ¿Me dice eso?

- Los enchufes, en el sentido en que se emplea el término, no existen desde hace ya mucho tiempo.

- ¿Esto se va a notar en plazo razonable?

- Ésta es una carrera de fondo, se plantea a largo plazo. Sería, es irresponsable pensar que se puede cambiar a fondo en tres o cuatro años. Aunque la visualización de algunos cambios se puede hacer en un plazo menor, es cierto.