Aunque es consciente de que a corto plazo las comunidades autónomas no podrán contar con las competencias para diseñar su mapa judicial, el conselleiro de Presidencia cree firmemente en los beneficios de esta reivindicación, porque son los gobiernos autónomos los que mejor conocen la realidad de sus territorios, las necesidades y la saturación judicial. "Es una situación que difícilmente se puede resolver si la toma de decisiones se hace a 600 kilómetros", dijo Méndez Romeu, en referencia a que las órdenes se dan en Madrid.

A su juicio, que las comunidades pudieran decidir la creación de juzgados sería una forma de "resolver problemas", porque, en este caso la Xunta, conoce los sitios donde son necesarios, donde se produce la congestión o donde el aumento de población en una determinada área requiere la creación de una unidad judicial.

"Esto significa que una comunidad autónoma pueda determinar dónde se crea un juzgado, cuándo y con qué ámbito territorial", resumió Méndez.