El acuerdo, rubricado en conferencia de prensa por Miquel Pueyo, en representación de la Generalitat; Patxi Baztarrika, por el Gobierno Vasco; y Marisol López, por la Xunta, tiene una vigencia de tres años, hasta 2009, prorrogable anualmente, si ninguna de las partes lo denuncia con antelación.
El convenio, explicaron sus promotores en el acto de su presentación a los medios de comunicación, permitirá a las tres instituciones autonómicas con lengua vernácula propia intercambiar y contrastar experiencias en el fomento y promoción de sus lenguas, así como impulsar proyectos y actuaciones en beneficio de una mayor igualdad entre las lenguas oficiales del Estado.
Los tres gobiernos promoverán actuaciones para que el Estado posibilite el uso de estas lenguas en el ámbito de sus instituciones (como el Congreso, Senado y Administración de Justicia) y organismos y servicios públicos oficiales como Correos, RENFE y en los medios de comunicación públicos de ámbito estatal como RTVE.
En el ámbito de la enseñanza, el convenio suscrito hoy establece el trabajo conjunto de estos tres gobiernos autonómicos para que el Estado asegure, en el programa estatal de estudios, la enseñanza de elementos de la historia y la cultura de las comunidades con lenguas regionales o minoritarias.
Fomentarán acciones conjuntas para que el Gobierno central incluya, al menos en la enseñanza no universitaria obligatoria de aquellas zonas en las que no se habla una lengua regional o minoritaria, nociones básicas de las lenguas propias del Estado distintas del castellano, que permitan una comprensión inicial de las mismas.
Promoverán también que en las universidades españolas se fomente la enseñanza y el aprendizaje de todas las lenguas oficiales del Estado y no sólo del castellano.
El convenio de colaboración prevé también adoptar medidas para incrementar la presencia del euskera, catalán y gallego más allá de las fronteras españolas y para que la Unión Europea lleve a cabo acciones que protejan y promuevan el uso de estas tres lenguas cooficiales.
Los tres responsables políticos destacaron que este acuerdo "no va contra nada ni nadie; en absoluto es una lucha contra el castellano", sino que pretende contribuir a la convivencia pacífica entre los ciudadanos y las lenguas oficiales del Estado español y a que las instituciones del Estado dispensen al euskera, catalán y gallego "un tratamiento más respetuoso, más digno y más favorable a su uso".
El responsable lingüístico del Gobierno Vasco, Patxi Baztarrika, manifestó que "la sociedad del Estado español es plurilingüe, pero las autoridades centrales del Estado actúan como si España fuese monolingüe y mantiene ausentes de sus instituciones a las lenguas diferentes del castellano".
"Pretendemos -resumió Baztarrika-, que el Estado español sea no sólo creyente, sino también y, sobre todo, practicante del plurilingüismo" y conseguir mayor igualdad entre las distintas lenguas "desde la profunda convicción de que las lenguas no separan, sino que integran".
El secretario de Política Lingüística de la Generalitat de Cataluña, Miquel Pueyo, manifestó que "prácticamente el 40% de la ciudadanía del Estado español vive en territorios donde se habla una lengua diferente al castellano y hasta que no se despliegue efectivamente el reconocimiento constitucional de la pluralidad lingüística seguirán siendo, en cierto modo, ciudadanos de segunda clase".
La secretaria general de Política Lingüística de la Xunta, Marisol López, subrayó que con este convenio de colaboración "se abre una nueva forma de trabajar conjuntamente para que, en el ámbito estatal, podamos lograr que esos avances legales se consoliden y se materialicen plenamente".
