En conferencia de prensa, acompañado por la alcaldesa de Vigo, Corina Porro, Núñez Feijóo denunció que, en su día, se privatizara un espacio público para la construcción y explotación de ese aparcamiento, el mayor de la ciudad que está ubicado en pleno centro vigués y que cuenta con cerca de 700 plazas de estacionamiento.
"Yo me alegro muchísimo de que en 1993 no hubiera un alcalde del PPdeG", subrayó, al tiempo que señaló que esa sentencia judicial tiene una "transcendencia económica, patrimonial y política de enorme impacto".
Las licencias para construir ese "parking" fueron otorgadas por el Gobierno socialista de 1993 y amparadas por el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de ese año, considerado también ilegal años más tarde por los tribunales.
Sin embargo, el líder de los populares gallegos manifestó que, a pesar de que "estamos en una fase en la que parece ser que vale todo", haciendo referencia a la pre-campaña electoral, indicó que la ciudad de Vigo "ya tiene bastantes problemas como para mirar atrás".
Núñez Feijóo precisó que, de todas maneras, "si alguno quiere mirar atrás, la historia dará o quitará razones", apostilló.
Por su parte, Porro se mostró preocupada por todas las sentencias urbanísticas ilegales de diferentes construcciones de la ciudad que, recordó, son una consecuencia "gravísima" del PGOM del 93, elaborado por el PSdeG-PSOE, con Carlos González Príncipe como alcalde y con la número dos, Dolores Villariño, actual presidenta del Parlamento.
Junto a la providencia judicial por el caso Rosalía de Castro también están pendientes de ejecución otras sentencias que obligan al Ayuntamiento a demoler un bloque de viviendas en la calle Jacinto Benavente.
La regidora del PPdeG criticó la "responsabilidad" que en este asunto está llevando a cabo la Xunta "dilatando", en su opinión, en el tiempo la aprobación definitiva del PGOM, en su última fase de tramitación.
"No sé cuánto vamos a aguantar", dijo Porro en relación a los requerimientos últimos del TSXG solicitando el cumplimiento obligatorio de esas sentencias.
La alcaldesa recordó que "la última responsabilidad va a caer en mi", puesto que los tribunales personalizan en Porro esas peticiones de demoliciones.
"Aguantaré todo lo que pueda", puntualizó, al tiempo que puntualizó de que siempre y cuando "me lo permita la ley" porque, dijo, "yo sí cumplo la ley".
Se da la circunstancia de que el nuevo PGOM, en la actualidad en su último trámite, pretende legalizar buena parte de las edificaciones declaradas ilegales, aunque el aparcamiento podría no incluirse en esa posibilidad.
