Un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, ordenando el cumplimiento de una sentencia anterior del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, amenaza con el desalojo de las 69 familias que ocupan un edificio de la plaza ourensana de las Mercedes. En el plazo improrrogable de un mes, los vecinos tendrán que abandonar el inmueble o el Ayuntamiento deberá conceder la licencia de ocupación, una autorización que parece poco probable concederla en tiempo porque para ello se debe reformar previamente la estructura interna del edificio.
La historia comenzó en el año 2005, cuando el Tribunal Superior anuló el permiso de habitabilidad del bloque de pisos porque en su construcción se introdujeron cambios sustanciales con respecto al proyecto. Los vecinos aseguran que se enteraron aún la pasada semana de la falta de permisos para ocupar el edificio. Y en todo este tiempo, el Ayuntamiento no hizo cumplir la sentencia.
Pero la situación se complicó todavía más al conocerse el auto del Juzgado del Contencioso-Administrativo, promovido por por el empresario Luis Doval Quintián, quien solicitó la "ejecución forzosa e inmediata" de la sentencia del Tribunal Superior en represalia por no haber cobrado todo el dinero que aportó a la obra del edificio.
El nuevo concejal de Urbanismo de Ourense, José Luis Rodríguez Cid, explicaba ayer que el Concello recibió esta semana un auto judicial en el que "se requiere al alcalde que en el plazo improrrogable de un mes, dé total y efectivo cumplimiento al fallo del TSXG de 2005 y evite el uso vividero y comercial del edificio, a través de cuantas medidas considere oportunas".
El mismo auto advierte de que "de persistir en el incumplimiento de la sentencia, las actuaciones del Concello se remitirán al Ministerio Fiscal ante la posible comisión de un delito de desobediencia". Con el fin de evitar problemas mayores con la justicia, el edil manifestó que espera que durante este mes "los vecinos den los pasos necesarios para conseguir una nueva licencia de ocupación y, de esta forma, se evite el desalojo forzoso".
Pero de no conseguir el permiso en el plazo estipulado, aunque Rodríguez Cid matiza que "es pronto para hablar de lo que puede pasar", sí reconoce que el Concello "se verá obligado a ordenar el corte de suministro de agua, energía y gas en el inmueble, que es lo único que puede hacer para garantizar que se ejecuta la sentencia".
No obstante, la concesión del permiso de habitabilidad no parece un trámite fácil, porque los propietarios del edificio deberán, previamente, realizar obras en las bajo-cubiertas, ahora habilitadas como viviendas, y en las habitaciones que dan al patio de luces. El presidente de la comunidad de vecinos, R.J., confesaba ayer que las familias, formadas por 200 personas, están preocupadas y se sienten indefensas.
