Los presupuestos de Quintana prevén la creación de dos mil plazas en guarderías

Los presupuestos de la Xunta incluyen partidas para construir dos mil nuevas plazas en guarderías públicas, recursos que contribuirán a mitigar el déficit en este servicio que han denunciado de manera reiterada instituciones como el Valedor do Pobo o el Consello Económico e Social (CES). En Galicia existen 60.000 niños con menos de tres años. Sin embargo, el número total de plazas en escuelas infantiles es 19.102, de las que 15.880 son públicas.

La construcción de guarderías cuenta con una partida de 20,92 millones de euros -2,6 más que los invertidos por el Gobierno del PP este año- y figura como uno de los principales objetivos de las cuentas de la Vicepresidencia de la Xunta, que suman 365 millones y que ayer presentó Anxo Quintana.

En los presupuestos se recoge también el compromiso de ampliar en novecientas plazas la oferta de residencias públicas para personas mayores, y en 560 la de los centros de día. Quintana adelantó también que reorientará la política de atención a la tercera edad con el fin de priorizar los servicios domiciliarios para que los beneficiarios puedan permanecer el máximo tiempo posible en sus hogares.

Entre los proyectos novedosos figura la creación de una red de centros de orientación sexual y afectiva, en los que se preste apoyo y asesoramiento a los jóvenes. Se tratará, además, de instalaciones que abrirán la veinticuatro horas del día, incluidos los fines de semana.

La lucha contra los malos tratos ocupa también un espacio preferente. Este apartado dispondrá de una partida de 1,82 millones, con la que se financiará el "salario de la libertad", la paga de seiscientos euros mensuales durante un año para las víctimas de la violencia de género.

Además, un nuevo sistema de inspección se encargará de reforzar el control sobre el destino de las subvenciones y de los convenios que se firmen con asociaciones y centros vinculados con los servicios sociales.

El número dos de la Xunta dejó claro también que se revisarán los compromisos suscritos por el anterior Gobierno, con el fin de comprobar que se ajustan a las necesidades y no existe despilfarro de recursos.