X. A. T. / santiago
El Gobierno gallego ratificó ayer el decreto por el que se fija la estructura orgánica de la Xunta y cuya principal consecuencia es la reducción del número de altos cargos puros -directores xerais y secretarios xerais-, que pasa de 70 a 65. Pero salvo las adscripciones de departamentos de unas consellería a otras, debido sobre todo a la supresión de Familia, Emigración y Xustiza y la creación de Traballo, los cambios no fueron extremos.
A la nueva Xunta todavía le toca decidir qué hacer con los organismos autónomos y entes públicos. El conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, explicó que están siendo "objeto de análisis" con el fin de establecer una solución que propicie las "mejores sinergias" en la Administración. No obstante, recordó que hay configuraciones jurídicas muy diferentes en función de los distintos departamentos de la Xunta, entre los que se reparten institutos de derecho público, entes, sociedades anónimas o fundaciones, que sólo pueden ser transformados previa modificación de la norma legislativa.
Para ello, será cada uno de los conselleiros los que analicen la situación de cada una de esas sociedades para proponer una fórmula que, en todo caso, deberá estar prevista antes de la aprobación de los presupuestos de 2006.
Méndez Romeu anunció que en el Consello del día 25, el titular de Economía, José Ramón Fernández Antonio, presentará un informe sobre los presupuestos sin ejecutar y un primer "esbozo" de las cuentas de 2006, para cumplir con el compromiso de presentar las partidas del próximo año en el Parlamento en el plazo ordinario, en torno al 20 de octubre.
La reunión del Gobierno gallego aprobó además el nombramiento de 27 altos cargos y el cese de otros 67 que había sido designados por el equipo de Manuel Fraga. Los cuarenta que faltan se irán nombrando a lo largo de este mes, sin contar los responsables de los organismos autónomos.
