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La Xunta concede ayudas de más de 700.000 euros a casi 40 empresas del área de Vigo para mejorar su competitividad

Las subvenciones se enmarcan en el Bono Consolida Economía Social

Ana Ortiz y Marta Mariño, en su visita a la empresa Orballo.

Ana Ortiz y Marta Mariño, en su visita a la empresa Orballo. / FdV

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, visitaron esta mañana las instalaciones de Orballo Automoción, una de las empresas beneficiarias del Bono Consolida Economía Social, impulsado por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

El programa, destinado a reforzar la transformación digital, la eficiencia energética y la competitividad de cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción y centros especiales de empleo, permitió apoyar en su anterior convocatoria a 38 entidades del área territorial de Vigo, con una inversión total de 710.000 euros.

Durante la visita, las representantes autonómicas y los responsables de la empresa destacaron que la ayuda concedida, superior a 24.000 euros, posibilitó la adquisición de un vehículo híbrido de apoyo y de equipamiento informático para el desarrollo de tareas administrativas.

Nueva convocatoria abierta hasta el 10 de abril

Tras la publicación de la nueva orden el pasado 11 de febrero, el plazo de solicitud del Bono Consolida permanecerá abierto hasta el 10 de abril. La Xunta estima que estas ayudas beneficiarán a cerca de 250 entidades de economía social en toda Galicia.

Podrán optar a estos apoyos las sociedades cooperativas y laborales, empresas de inserción y centros especiales de empleo que estén debidamente registradas y acrediten una antigüedad mínima de 42 meses.

Como principal novedad, el ejecutivo gallego priorizará los gastos de inversión frente a los corrientes con el objetivo de favorecer una consolidación efectiva de las entidades. Esta modificación responde, según la Xunta, a la demanda detectada en la anterior convocatoria y busca potenciar actuaciones que generen un mayor retorno económico y social a medio y largo plazo.

Además, se amplía de dos a tres años la obligación de mantener la forma jurídica y la actividad empresarial por parte de las entidades beneficiarias, con el fin de garantizar su permanencia en el tejido productivo.

Las aportaciones podrán alcanzar los 30.000 euros por entidad, de hasta el 80% del coste subvencionable. Entre las actuaciones financiables se incluyen inversiones realizadas entre el 1 de noviembre de 2025 y el 30 de octubre de 2026 en equipamiento informático, software, marketing, eficiencia energética, elementos de transporte, formación para socios afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o reformas en instalaciones de los centros de trabajo.

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