El Concello remitió el pasado lunes el expediente de evaluación ambiental estratégica a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostenibilidade e Cambio Climático de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia para obtener la declaración ambiental estratégica, requisito imprescindible para poder validar de forma provisional este instrumento, clave para el desarrollo de Vigo. Al mismo tiempo, volvió a suspender el cómputo del plazo de vigencia del Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) con el objetivo de ampliar su efecto y, así, lograr “seguridad jurídica”.
La Xunta confirmó ayer a este periódico la recepción de esta documentación y avanzó que los técnicos la estudiarán “con profundidad y agilidad” para comprobar que está completa y, “si es así, dentro de los plazos legales, se emitirá una respuesta”. Promete, además, “actuar con mucha más celeridad que el gobierno local –ambas administraciones se acusan mutuamente de demorar la tramitación con fines electorales– para que Vigo cuente con una planificación urbanística plenamente en vigor”.
“Se hará todo lo necesario para que no decaigan en ningún caso las normas de ordenamiento provisional y la ciudad caiga en un peligroso vacío legal”, avanzan desde la Consellería de Medio Ambiente sobre una cuestión que preocupa mucho a empresarios y vecinos.
