«Nunca me he sentido decepcionado con la justicia»

Magistrado emérito de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y fiscal de carrera, José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936) acaba de publicar ‘Visto para sentencia’, (Siglo XXI), un libro donde disecciona las funciones del poder judicial y los elementos que llevan a un tribunal o a un juez a dictar una resolución , deteniéndose en casos recientes que afectan al entorno del presidente del Gobierno. Estará mañana en Club FARO, en una charla-coloquio abierta al público que se desarrolla en el salón de actos del Museo MARCO desde las 20 horas.

– En ‘Visto para sentencia’ sostiene que la justicia no opera en el vacío. ¿Cuál es la idea más clara que quiere dejar al lector?

– La trascendencia del poder judicial en un estado democrático en el que es esencial el buen funcionamiento de los tres poderes del Estado. El poder judicial tiene una misión de control jurídico que puede paralizar decisiones del poder legislativo y del poder ejecutivo, y por tanto tiene que tener una gran formación, una gran conciencia democrática y saber que no está legitimado por la soberanía popular, con lo cual tiene que ser muy cauteloso para no invadir espacios reservados a los otros dos poderes.

– ¿Por qué es necesario este libro ahora?

– Mi preocupación no viene de ahora. Los dos libros precedentes ya hablaban por sí mismos. ‘El gobierno de las togas’ trataba de cómo el poder judicial, en este caso el Tribunal Supremo, había resuelto por la vía penal un conflicto estrictamente político y constitucional como era las actividades independentistas de la Generalitat de Catalunya, por tanto, suponía una invasión de algo que se había elaborado en el parlamento soberano de una comunidad autónoma. Después ya con un carácter más amplio y más allá del panorama de Cataluña, en ‘La guerra de los jueces’ trato lo que estamos viviendo en estos momentos: la injerencia del poder judicial, sobre todo del poder judicial penal, para desgastar o incluso encarcelar en algunos casos a personas de la oposición política, fundamentalmente independentistas catalanes y vascos y partidos políticos emergentes como Podemos que sufrieron una ingente cantidad de querellas, muchas de ellas aireadas por la prensa de la oposición. Al final, salvo en el caso de Alberto Rodríguez, que fue gravísimo, no hubo condenas, pero consiguieron su propósito.

– ¿Hasta qué punto la ideología influye en la interpretación de una ley y de una sentencia?

– La ideología puede influir y puede ser un enfoque, no necesariamente es perjudicial, no se puede ser aséptico, no sé quién decía que solamente las lagartijas no tienen ideología. Otra cosa es que esa ideología pervierta la interpretación de la ley. El juez o la jueza debe dejar a un lado su ideología si con ello perturba o hace una mala interpretación de los valores constitucionales.

«En estos momentos me preocupa más el sesgo interno de parte de la judicatura que las presiones políticas»

– Habla del concepto de activismo judicial, de jueces que anteponen su ideología al servicio de intereses políticos, ¿desde cuándo existe eso en España dado que aquí está prohibido a los jueces militar en partidos?

– Efectivamente, los jueces y fiscales tenemos prohibido por la Constitución afiliarnos a partidos políticos, un fenómeno único enúnico en la Europa que nos rodea; en Francia, Italia, Portugal, Alemania o Bélgica los jueces pueden militar en partidos políticos porque no es ningún desdoro y pueden ser tan imparciales e independientes como cualquier otro. Los jueces escriben sus sentencias y en muchas se ve ese sesgo político, por ejemplo, el auto que acaba de publicar el juez Peinado en relación con la propuesta de apertura de juicio oral por jurado de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y otras dos personas es un verdadero monumento a la pérdida de imparcialidad, un ejemplo de falta de conocimientos jurídicos sólidos y de persecución de solo un fin político. Si alguien dudaba de esta finalidad política, puede echar la vista atrás y, por ejemplo, comprobar cómo algunas resoluciones relevantes han coincidido con viajes de estado del presidente del gobierno con su esposa a Brasil, a la India y en este caso a China. Que cada uno saque sus conclusiones.

«El caso de Begoña Gómez debería archivarse o como mucho quedar en malversación, pero de una forma muy forzada»

– ¿Veremos a Begoña Gómez sentada en el banquillo de los acusados ante un jurado popular?

– Todo apunta a eso, yo quiero ser positivo y confiar en la sección 23 de la Audiencia Provincial, que tiene ante sí tres posibilidades, una de ellas es sobreseer y archivar por considerar que los hechos que se relatan no son constitutivos de delito y algunos hechos no tienen soporte probatorio alguno; por ejemplo se dice que la apropiación indebida del software le benefició en 300. 000 euros y no hay ningún peritaje, por tanto, el juez se lo ha sacado de la manga. Otra cosa muy grave sobre la que no hay ninguna prueba es que dice que los fondos que llegaban a la cátedra, como a todas las cátedras (había 40), los ingresó en su cuenta propia, lo cual es radicalmente falso y eso llevaría en algunos casos a un expediente y a la exclusión de un juez.Soy optimista y espero que en el peor de los casos, y ya sería grave, se introduzcan delitos como mucho de malversación, pero de una forma muy forzada. Por otro lado, espero que no que no se cometa la verdadera barbaridad jurídica que se contiene la sentencia condenatoria del fiscal general porque en ella mi antigua sala viene a reconocer que no sabe quién fue el autor porque emplea una expresión en la que se dice que o bien el fiscal general del Estado o alguien de su entorno fue el que realizó la filtración. Mire usted, en derecho penal eso no se puede hacer, tiene que tener algo más de certeza que esa ambigüedad que demuestra esa frase que está en la sentencia.

– Siguiendo con el caso de García Ortiz, ¿qué anomalía se produjo en la deliberación de los magistrados del Supremo y qué futuro le augura en el Constitucional?

– La verdad es que ni yo ni nadie de las personas de mi entorno esperábamos esa sentencia, pero después conociendo los detalles vimos que se produjo una anormalidad. Normalmente nosotros una vez terminado el juicio nos retiramos, deliberamos, confrontamos ideas, llegamos a acuerdos, puede haber discrepancias, y al final, después de un debate más o menos intenso, según la naturaleza del caso, se redacta una sentencia. Y aquí sucedió al revés: primero se votó, ganaron 5 a 2 los favorables a la condena y después redactaron la sentencia. Respecto al futuro del caso, el fiscal general ha denunciado siete violaciones de derechos fundamentales en la sentencia, y la fiscalía, cinco. Bastaría con lo que acabo de decir respecto de la autoría para llegar a la conclusión de que se ha vulnerado flagrantemente la presunción de inocencia, y eso ya sería suficiente para anular la sentencia.

– ¿Considera que la acción popular se debe limitar?

– Hay que limitarla a las personas jurídicas, solamente se les debe permitir a aquellas que tienen en sus estatutos unos fines concretos y determinados, por ejemplo, me parece que abusan de ello los Abogados Cristianos, que consideran que hay ofensas a la religión católica, están legitimados para ello, pero para perseguir un delito de apoderarse de un software o haber adjudicado una plaza al hermano del presidente no estarían legitimados.

– ¿El problema es la politización de la justicia o la judicialización de la política?

– Creo que ambas. Por ejemplo, ha sido revelador y gravísimo que la Asociación Profesional de la Magistratura se haya manifestado contra leyes y reformas legales, cuando está prohibido sacarlas fuera de centros judiciales; eso retrata a esos miembros como absolutamente politizados. Por otro lado, a los partidos políticos no se les debería permitir el ejercicio de la acción popular porque se tienen que mover en su terreno, que es la moción de censura, la moción de confianza, la reprobación, el control del gobierno, las comisiones de investigación y las elecciones. Otro problema es que muchos jueces no se atreven a utilizar el artículo 313 de la Ley Enjuiciamiento, que les permite rechazar de plano sentencias que carezcan manifiestamente de contenido o de pruebas. Se ha dado lugar a que sean los políticos a través de sus terminales los que abusen, y aunque el porcentaje de archivos también es muy alto, el introducir en el debate público que un juez ha admitido a trámite una querella, hacerle al político pasar por el pasillo delante de las cámaras, etcétera, ya consigue sus efectos.

– ¿Cree que una parte de la judicatura ha adquirido un protagonismo que no corresponde en una democracia parlamentaria?

– Por supuesto, es una parte demasiado numerosa, porque hay que tener en cuenta que la Asociación Profesional de la Magistratura tiene 1.400 asociados y la cifra empieza a ser preocupante.

– A día de hoy, ¿le preocupa más la presión de los partidos o el sesgo interno de una parte de la judicatura?

– Yo creo que en este momento más el sesgo interno.

– Considera que hay una crisis de credibilidad de la justicia que pone en peligro el sistema democrático?

– Yo creo que sí, lo demuestran las encuestas, tanto las hechas por instituciones demoscópicas científicas como algunas que se hacen improvisadamente en la calle por muchas televisiones; se demuestra que nadie se cree que la justicia no sea igual para todos, sino que unas veces se interpreta de una manera y otras de otra. Esto, por supuesto, tiene consecuencias graves para el sistema democrático, es una tara grave.

– ¿Qué falla más: los mecanismos institucionales, los nombramientos o la cultura interna del poder judicial?

– Creo que se parte un problema que es el sistema de selección de jueces, que ahora se va a cambiar ligeramente, pero por ejemplo durante unos años no había temas de Derecho Constitucional, aunque a la gente le asombre, no hay exigencia de conocimientos de sociología, que es fundamental para el juez, dice el Código Civil que los jueces deben interpretar la ley con arreglo a la realidad social, no hay conocimientos de criminología, no hay test que denoten el grado de estabilidad mental, no hay exigencias culturales, como por ejemplo sucede en Francia, que hay una serie de preguntas y cuestiones puramente culturales. Todo esto crea unas graves carencias que después repercuten en la realidad. Para mí es una grave tara, que se puede superar: yo modestamente creo que lo he superado, y otros muchos que formamos Justicia Democrática en pleno franquismo. Es urgente cambiar el sistema, porque además no tiene parangón en toda la Unión Europea, en las reuniones que de vez en cuando teníamos con magistrados extranjeros literalmente se llevaban las manos a la cabeza con nuestro sistema.

– Si usted mañana pudiera impulsar tres reformas concretas para mejorar la salud democrática de la justicia, ¿cuáles serían?

– Una ya la he dicho, que es el sistema de acceso a la judicatura. Otra es una modificación radical del sistema de la organización del Consejo General del Poder Judicial, que no puede seguir como hasta ahora, es llamativo que tenga que tener tres quintos para salir un vocal, lo cual da lugar al bipartidismo, y en cambio el presidente del Gobierno de la Nación pueda salir en una segunda elección por mayoría simple. Y sobre todo, un tema que no tocamos con frecuencia es que la justicia preste un servicio público, porque hemos hablado hasta ahora de política pero no podemos olvidar que a las 9 de la mañana abren los juzgados y tribunales y entran miles de ciudadanos en toda España con problemas muy personales y muy concretos, como son herencias, interdictos, divorcios o reclamaciones de cantidad. El ciudadano tiene que tener una respuesta - y eso lo dicen todos los convenios internacionales firmados por España- en un plazo razonable y aquí hay un retraso endémico preocupante derivado en gran parte de que nuestro presupuesto de justicia es ridículo, el número de jueces por 100.000 habitantes es bajísimo en relación con Europa y de que ningún gobierno, ni del PP ni del PSOE, ha querido invertir en justicia lo necesario para ponernos al día, doblando o triplicando el presupuesto y las inversiones en medios materiales y humanos.

– Y después de escribir este libro, ¿se siente más decepcionado con la justicia o más obligado a defenderla?

– Yo nunca me he sentido decepcionado, para mí es una pasión, por decirlo de alguna manera, que me nació de mi época de fiscal, antes de ser magistrado. Siempre comprendí eso que decían los romanos que suena un poco como utópico de dar a cada uno lo suyo, es algo que merece la pena intentarlo. No siempre se consigue. Uno de los monstruos del Derecho, Hans Kelsen, en su discurso de jubilación en Berkeley, se preguntaba qué era la justicia y decía: «La justicia se acerca a la justicia cuando protege a los desvalidos, cuando iguala en derechos, cuando protege a la democracia”, es decir, cuando es un factor coadyuvante a la mejora y a la salubridad del sistema democrático.

Suscríbete para seguir leyendo