Entrevista | Luciano Varela Exmagistrado del Tribunal Supremo, fundador de Jueces para la Democracia
«Es necesario reformar la Constitución»
«El número de causas sometidas al jurado es ridículo, mínimo. Ya no se trata sólo de corregir la ley sino de derogarla y redactar una nueva»

Luciano Varela, esta semana en su casa de A Caeira. / Gustavo Santos
Nos recibe Luciano Varela Castro (Pontevedra, 9 de mayo de 1947) en su vivienda de A Caeira (Poio) diseñada por su amigo, el arquitecto, también pontevedrés, César Portela. La tarde huele a frío, y el periodista llega avisado de que se va a encontrar con un hombre «difícil de entrevistar», aunque, la verdad sea dicha, la amabilidad y la cortesía han caracterizado este encuentro y la conversación mantenida con quien, jubilado hace casi seis años, todavía es considerado una de las principales puntas de lanza de la camada de jueces progresistas surgida durante la Transición. Y por ahí empezamos.
–Usted participó desde dentro en el tránsito de un poder judicial basado en una dictadura a otro, el actual, emanado de la democracia. ¿Qué me puede contar de cómo se vivió o cómo vivió usted esa transición?
–A mí esa etapa me pilló lógicamente en una edad juvenil, esa en la que todos tenemos las pilas cargadas de muchas ilusiones y ganas de cambio, y lógicamente aquel contexto político actuaba en nosotros como acicate.

El exjuez Luciano Varela / Gustavo Santos
–En todos los círculos de poder hubo que derribar muros en aquella época: ¿Cuáles fueron los muros que más costó derribar en el suyo?
–Tanto como derribar muros… Digamos que, ante todo, lo que queríamos era confirmar un compromiso con los valores democráticos, y no creo que pueda ofender a nadie si digo que, en aquella altura, esos no eran los valores hegemónicos entre los jueces de la época, lo cual nos condujo, en primera instancia, a una sensación de marginalidad, que no hay que confundir con una sensación de heroísmo.
–Lo dice por la fundación, ya en 1983, de la asociación Jueces para la Democracia, supongo. ¿Por qué esa alusión al heroísmo?
–Porque hay gente que aún reivindica su condición de héroe, pero yo no soy de esos. Yo soy de los que suscriben la frase de «los héroes no existen» (la que pronunciá el fiscal Strassera en la película sobre el proceso a los militares de la dictadura argentina), y ya le digo que la heroicidad no es lo mío. En mi trayectoria, no se puede decir que hubiese episodio alguno de heroísmo.
–¿Cuáles eran los objetivos prioritarios de Jueces para la Democracia?
–Nosotros considerábamos que había que trabajar a fondo sobre el sistema penal y, dentro de él, en dos cuestiones fundamentales: por una parte, en la de procurar que el control de los jueces no estuviese en manos del Gobierno de turno, y, por otra, en la de introducir en el proceso penal la realidad efectiva de la presunción de inocencia hasta las últimas consecuencias, es decir, sin discriminar la procedencia de quien se sentara en el banquillo de acusados ni de quien se erigiese acusación. Esa fue la línea de definición de nuestra manera de pensar.
–¿Y para eso hubo que echar abajo muchos muros?
–No tantos, como ya le sugerí, porque nos percatamos de que la legislación del proceso penal vigente en España databa de 1892 y que por lo tanto no sólo se podía decir que estuviese obsoleta, sino también que era incoherente, lo cual nos animó a aprovechar precisamente esas contradicciones para dar una respuesta a la España real desde una perspectiva más acomodada a los valores democráticos que defendíamos.
–También se toparían ustedes con los obstáculos de los viejos jueces que habían ejercido durante la dictadura.
–No necesariamente, si se refiere a la edad. Yo he compartido congresos y conferencias con compañeros bastante mayores que yo y, curiosamente, descubrí que los valores de la fase política que ya terminaba estaban más reforzados, y digo reforzados en el sentido autoritario, por personas de la generación más cercana a la mía que por las de algunos de los más veteranos. Y es que eso de asimilar generación con una toma de posición política no lo veo, no me encaja, ni antes ni ahora.

Luciano Varela, esta semana en su casa de A Caeira / Gustavo Santos
–Hoy se habla mucho de la independencia del poder judicial, pero ¿cómo se puede hablar de independencia si los miembros del Consejo General del Poder Judicial que designa muchos cargos son propuestos por los políticos que integran las Cortes?
–No hablaríamos de independencia judicial si el CGPJ fuese tributario de un único partido, pero si, como ahora sucede, es tributario del acuerdo entre diversas sensibilidades políticas, siguiendo el criterio del Tribunal Constitucional que denostó la adulteración del llamado sistema de cuotas en aquella designación pues… ¡miel sobre hojuelas!
–Entonces, ¿no detecta usted que se haya deteriorado la independencia judicial en los últimos tiempos?
–Al contrario, yo creo que ha mejorado bastante.
«Los jueces no debemos llorar tanto en demanda de independencia, lo que hay que hacer es ser independiente»
–Pues unos cuantos jueces en activo no opinan lo mismo… y numerosos ciudadanos, tampoco.
–Yo creo que los jueces no debemos llorar tanto en demanda de independencia, lo que hay que hacer es ser independiente, porque si nosotros somos independientes no hay manera de que se nos tuerza la voluntad. Yo ya me he recorrido todos los trayectos posibles en la carrera judicial como para poder saber que tanto desde el Tribunal Supremo como de magistrado provincial, jamás he tenido ninguna influencia, de manera que he sido independiente tanto cuando gobernaba la derecha como cuando lo hacía la izquierda. Y cuando alguien, seguramente con muy buen criterio, intentó influirme, desdeñé inequívocamente su “aportación”.
–O sea que, según usted, en cuanto a la independencia judicial «cualquier tiempo pasado fue peor».
–A mí las frases lapidarias me preocupan mucho porque hay muchos matices a considerar. De todas formas, a esta pregunta le responderé que no lo sé porque no tengo la autoridad histórica para poder hacer un juicio de valor de ese calibre.

Varela, en un momento de la entrevista / Gustavo Santos
–En su época también se hablaba de judicialización de la política y, viceversa, de la politización de la judicatura. ¿Estamos demasiado alarmados ante lo que está ocurriendo ahora o lo que está ocurriendo es, efectivamente, alarmante?
–Lo que está ocurriendo es que un espectador con escasa formación sociológica puede entender que estamos ante un problema alarmante, pero no, no lo creo. Para empezar, el de la independencia judicial es un tema que parece que solo preocupa ese tipo de prensa a la que le fastidia que la realidad les desmienta una noticia.
–Deduzco un ataque a los medios de comunicación.
–No, no. Yo defiendo a la prensa, por eso pienso que se le está haciendo un flaco favor a la prensa seria y responsable. Y eso es algo que con las irrupción de las redes sociales se está saliendo de madre.
–Se refiere a los bulos, a las fake news…
–Exactamente. Yo pienso que, en este momento, la preocupación tiene que ver con los contenidos de las decisiones judiciales, y no es que yo apueste porque todas las decisiones de los jueces sean respetables. Por el contrario, pienso que todas las sentencias pueden ser criticables y, si la crítica lleva a una conclusión desfavorable sobre una sentencia, pues no hay por qué respetarla. Quiero decir que yo no quiero una carta blanca para los jueces sino que estimo que son los jueces los que deben ganarse el respeto, pero no se puede exigir el respeto en blanco, porque eso sí que es ya de otros tiempos. Puede y debe haber críticas, y puede y debe haber consecuencias sobre cualquier sentencia. Eso sí: hay que leer, y leer bien, las sentencias, cosa que me temo que algunos periodistas no hacen.
–¿Usted cree que es presentable que la figura del Fiscal General del Estado viva en una especie de ojo del huracán, como ocurre en España.
–Eso me lleva a preguntar qué es lo presentable y qué no lo es, y no voy a decirlo. De todas formas, le diré que tengo la absoluta confianza de que, en muy poco tiempo, no haga falta que nadie salga en su defensa.
–¿Por qué?
–Porque no va a ser necesario.
–¿Y es presentable que haya tenido que ser la Unión Europea la que presionase para que los principales partidos españoles se pusiesen de acuerdo en la constitución del Consejo General del Poder Judicial. ¿Esto no debería producir sonrojo?
–No estoy tan seguro como usted de que la Unión Europea nos presionase, nos llamase la atención o tuviese algo que ver con el acuerdo final; otra cosa es que, desde España, se haya utilizado a la UE para ataques políticos.
–El caso es que si por fin se llegó a un acuerdo fue debido a esa presión.. o eso se ha dicho y escrito.
–Lo que ha ocurrido que es que se adulteró el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional resolvió en su día que los miembros del Consejo estuviesen designados mediante acuerdo parlamentario y, en la práctica, lo que exige la mayoría parlamentaria es que todos los nombrados sean aceptados al menos por los tres quintos del Parlamento. Pero, en vista de la situación política, es evidente que ese criterio no fue acertado y que ha sido un error de la ley no haber previsto una situación como la que ha provocó la paralización del CGPJ.
–O sea, que es preciso reformar el sistema de elección de los miembros del CGPJ.
–Evidentemente, no tengo ninguna una duda. Y reformar el sistema consistiría precisamente en este caso corregir ese fallo en el modelo de elección. Es decir: acabar con el sistema de “cuotas” deshijando cada organización política a “sus vocales” sin injerencia de las demás en ese cupo.

Varela, en un momento de la entrevista. / Gustavo Santos
–Usted fue el autor del borrador de la ley del Tribunal del Jurado Popular, pero ahora resulta que defiende la reforma de esa ley.
–La reforma no, la derogación y la redacción de otra ley del jurado.
–¿En qué se ha fallado en este caso y qué razones le impulsan a usted a llegar a esta conclusión?
–Mi idea es la de que hay que renovar una figura jurídica, la del jurado, que prácticamente no ha estado vigente, o si lo prefiere, ha estado y está vigente sólo de manera simbólica. ¿Cómo es posible que, después de treinta años de vigencia de la ley del jurado, no haya surgido ni una sola una reforma?
–Pero si la redactó usted.
–Es que yo no soy perfecto. Yo me he hecho esa pregunta y al cabo descubrí que lo que ha pasado es que, en lo esencial, la ley del jurado nunca ha sido aplicada, al punto de que no ha habido ningún estudio sobre cómo ha funcionado el jurado a lo largo de estos años. Yo me harté de solicitar que se realizasen estudios al respecto y nunca me hicieron caso: ni el Gobierno, ni el Tribunal Constitucional, ni la Universidad española han efectuado estudios serios sobre cómo ha funcionado el jurado en España.
–¿Qué ha fallado?
–Varias cosas, aunque, para no complicarle con tecnicismos, le contaré una de las más evidentes: el número de causas sometidas al jurado es ridículo, mínimo. ¡Pues vaya! Para ese viaje no hacían falta estas alforjas. Y es que hay que cambiar la instrucción, hay que cambiar los criterios de los delitos que van a ser juzgados por un jurado , hay que cuestionar si el juez debe controlar tanto la decisión del jurado, y hay que pensar y volcarse en darle mayor poder al jurado.
«Garzón y yo no fuimos amigos, sólo teníamos amistades comunes»
– ¿Cuál fue su relación con la Operación Nécora?
–Prácticamente ninguna. Cuando se me comunicó lo que se me comunicó tuve muy claro que eso era competencia de la Audiencia Nacional.
–Pero ¿no fue a usted a quien el arrepentido Ricardo Portabales se dirigió en primera instancia para delatar a sus antiguos compinches?
–Portabales vino a mi despacho y me formuló su relato, relato que yo remití a la Audiencia Nacional. Ese ha sido mi única función en el caso Nécora.
–En algunos sectores todavía hay quien dice que el de la Nécora fue un proceso mal instruído desde el principio. ¿Coincide usted con esta valoración?
–De eso no puedo ni quiero opinar.
–¿No tiene opinión al respecto?
–La tengo, por supuesto, y es muy clara, como muy bien saben quienes me conocen.
– En 2009 fue usted instructor en el caso Garzón, en el que el juez de la Audiencia Nacional se vio imputado por un presunto delito de prevaricación en la causa sobre los crímenes del franquismo ¿Ha vuelto usted a hablar con Baltasar Garzón después de aquello?
–No.
–Pero antes de eso mantenían una relación fluida. Incluso fue usted quien lo presentó, entre otros, en un acto del Club FARO
–Digamos que teníamos amigos comunes.
–¿Se podrían definir como intromisión judicial la decisión del Gobierno de conceder la amnistía a los sentenciados en el Procés, por cierto su último caso?
–Tengo por norma no responder a cuestiones referentes a procesos de los que yo formé parte, lo cual no quiere decir que no tenga opinión. Pero no tengo nada que decirle, institucionalmente no puedo entrar en este asunto.
– Desde la ciudadanía se percibe un gran distanciamiento entre los jueces y la sociedad. ¿Esto esto bueno o malo?
–Niego la mayor: yo no creo que los jueces estén distanciados de la sociedad. Están en ella, viven en ella, opinan en ella. ¿O acaso deberían estar encerrados en cápsulas?
–No, pero el caso es que la sociedad, en general, los aprecia distantes e incluso, en ocasiones, fuera de la realidad.
–Lo que la sociedad aprecia distante es la liturgia jurídica, no a los jueces. Yo mismo reconozco que los jueces a veces utilizamos unas jergas difíciles de entender fuera de nuestro ámbito, y en este sentido pienso que deberíamos estar más formados para poder comunicar mejor, para que no tuviésemos que recurrir tanto a una semiótica reservada para ser entendida por cuatro iniciados. Es muy difícil redactar una sentencia inteligible para cualquiera. Yo lo he intentado toda mi vida y creo que no lo he conseguido nunca. Claro que si la gente piensa que los jueces tienen unos valores que son distintos de los mayoritarios…ese es otro discurso, y ahí ya volvemos al tema del jurado y a mi radical posicionamiento al respecto, que es, como dije antes, el de permitir que la sociedad se exprese mayoritariamente a través de los jurados.
–¿Tiene o puede expresar alguna opinión acerca de la ley del «Solo sí es sí» y de cómo ha quedado, tras los retoques, esa ley? Preguntado de otra manera: ¿Qué le falta y qué le sobra a la legislación española sobre violencia de género?
–No es que sea un experto en esta temática, pero a mí, como frase, no me parece mal el principio del «Solo só es sí», porque es evidente. Ahora bien: no olvide que yo soy de esa clase de jueces que sostenemos que a nosotros nos pagan por no creer acríticamente, sobre todo por no creer a quienes acusan, porque hay una Constitución que defiende de manera muy precisa el derecho a la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Yo, de entrada, tengo la obligación profesional de pensar que la acusación siempre puede mentir, y esa es la piedra angular de nuestro sistema jurídico, aunque que el acusador sea el Arcángel San Gabriel, el Papa o una mujer vulnerable.
– Dado el clima de polarización, y crispación, ¿son malos tiempos para siquiera sugerir que hay que introducir cambios en la Constitución, aunque objetivamente sea lo mejor que se podría hacer para mejorarla y ponerla al día?
–Pues si ni siquiera hay consenso suficiente para aplicar la Constitucion vigente…¡imagínese si lo va a haber para redactar una nueva! Y conste que esto es gravísimo, entre otras razones porque nos descubre que en la sociedad española no se ha sabido generar la capacidad de una voluntad de cambio consensuado mayoritariamente. Porque no se trata solo de querer el cambio, sino de saber por qué, para qué y que tipo de cambio se quiere.
–¿Es necesario reformar la Constitución?
–Radicalmente, sí, es necesario, no tengo ninguna duda.
–¿Y en qué apartado prioritariamente?
–Sobre todo en el modelo de ad- ministración territorial, porque el que se aprobó́ en su día, el del «café́ para todos», es una tontería propia de un niño. Yo respeto a quien es tenido por autor de aquella frase, y admiro a Adolfo Suárez por su papel en la Transición y lo que hizo por este país, pero la necesidad imperiosa de salir del atolladero le condujo a una solución absurda. ¿Era acaso una manera de solucionar el problema estructurar el país en tantas comunidades autónomas? No, ese no era el problema. El problema era de nacionalidades, no de provincias, por no decir de provincianos. Y se cometió́ un disparate, al extremo de que es tal la confusión que no me extraña que ya no se sepa a qué ́ institución hay que acudir para solucionar un problema: si a la local, a la autonómica o a la central.
«Carezco de la capacidad de caer bien»
–¿Cómo prefiere que lo definan, como juez progresista o como juez independiente?
–Lo importante no es cómo me definan, sino cómo me siento yo; y yo me siento independiente, me he sentido siempre independiente, y la independencia más difícil y complicada para un juez es la independencia de sí mismo. Dicho esto, que conste también que yo no entiendo la independencia como un valor en sí mismo del juez, sino como una herramienta para no caer en el error de ser parcial, que es una cosa distinta. Se puede ser independiente y, sin embargo, ser parcial, y yo lo que quiero por encima de todo es que los jueces sean imparciales.
–¿En alguna ocasión sintió la tentación de incorporarse a la política, como algunos de sus colegas?
–Me han tentado, y varias veces, pero yo nunca he tenido la tentación. Le confieso que una de esas propuestas que me hicieron estuve a punto de aceptarla, pero desistí por el consejo que me dio un amigo, algo así como «No te veo a ti aceptando que alguien te diga lo que tienes que hacer» .Y conste que a la política, en abstracto, le tengo el máximo respeto, pero a mí eso de ejercer de político no me va, y además estoy convencido de que no sería un buen político porque, he de reconocerlo, carezco de la capacidad de caer bien.
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