Mi hija (11 años) preparaba hace unos días un examen en el que entraba la Revolución Francesa, y me preguntó qué era la izquierda y la derecha. Glups. Mi explicación coincidió más o menos con la que le dio su profesor: la derecha pone el énfasis en la libertad, mientras que la izquierda defiende, fundamentalmente, la igualdad (la fraternidad no pasó del lema). Espero que no me pregunte sobre el pacto entre el PSOE y Junts.
El llamado pacto de la vergüenza (ajena, los firmantes demuestran no tenerla) es el perfecto contraejemplo de lo que significaron las ideas de la ilustración, la división de poderes, el imperio de la ley y la igualdad de todos los ciudadanos ante ella, incluidos quienes ostentan el poder. Se atribuye a Alfonso Guerra la frase “Montesquieu ha muerto”, supuestamente pronunciada en 1985 por el vicepresidente del Gobierno socialista cuando el PSOE aprovechó su mayoría absoluta para reformar la Ley del Poder Judicial. Él siempre lo ha negado. Pero quien de verdad ha asesinado a Montesquieu y a la división de poderes ha sido este Gobierno.
Pedro Sánchez ha obrado el milagro de poner de acuerdo a todas las asociaciones de jueces, hasta la considerada más afín al PSOE, Jueces y Juezas por la Democracia. Este y otros colectivos profesionales del ámbito jurídico se oponen frontalmente a un documento que proclama la existencia de una guerra judicial (lawfare) con fines políticos, lo que equivale a acusar a los jueces de prevaricación, y sugieren que el Parlamento podrá revisar ciertas sentencias. La independencia del poder judicial, siempre amenazada, ha sido aniquilada por el partido gobernante por exigencia de un prófugo de la justicia, a cambio de 7 votos. Si nos hubieran mostrado los cuatro folios del pacto de la vergüenza antes de las elecciones del 23 de julio hubiéramos pensado que era una burda falsificación.
Se equivocan quienes centran sus críticas en la injusticia y el perjuicio económico que acarrea para el resto de comunidades autónomas el pacto entre PSOE y Junts. El agravio comparativo para favorecer a Cataluña y País Vasco no es nuevo y ha sido perpetrado tanto por gobiernos del PSOE como del PP, por no hablar de las políticas proteccionistas que favorecieron a estas regiones en siglos pasados. Este pacto va mucho más allá, a la misma línea de flotación del Estado de Derecho y de la democracia; es un cambio de régimen que dinamita la Constitución de 1978 y merece una reacción sosegada pero firme de toda la clase política y de la sociedad civil. No podemos confiar en que Europa nos salve.
Todas las democracias occidentales son hijas de la Revolución Francesa, como dice Eslava Galán. Esperemos que en los libros de texto del futuro no se estudie lo ocurrido en España en 2023 como un ejemplo de involución. La enésima involución española.
