La ilegalización de Bildu: muerto el perro, muerta la rabia

La inclusión de una cuarentena de exmiembros de ETA en las listas municipales de EH Bildu no solo acaparó el debate de la campaña electoral que remata hoy, sino que también desató la pretensión de ilegalizarlos por parte de cierta derecha mediática.

El hecho de que Bildu haya confeccionado las listas con esa gente denota que aún les falta un buen trecho para repudiar su pasado, arrepentirse públicamente y pedir perdón a las víctimas.

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Dicho lo cual conviene recordar que EH Bildu no es un partido político homogéneo, es una federación de partidos, una coalición electoral. Bildu –”reunirse” en euskera– fue constituida por Eusko Alkartasuna y Alternativa, dos partidos soberanistas que rechazaban la violencia. Más tarde se les unió Aralar, quienes rechazaban también la violencia, hasta el punto de recibir amenazas de la banda. Recordemos que esas amenazas no eran baladís; a Yoyes la mataron delante de su hijo de tres años por abandonar a la banda y Pertur, un poli-mili contrario a la violencia, despareció un 23 de julio de 1976. Tenia 25 años y jamás se le volvió a ver, ni vivo ni muerto.

Finalmente también Sortu se adhirió a Bildu. En puridad este último partido es el único heredero de Herri Batasuna, la rama política de ETA. Sucedió tras el cese de la violencia de ETA en 2011, entonces Sortu rechazó el uso de la violencia política y apostó por las instituciones presentándose por vez primera a las elecciones al Parlamento vasco de 2012.

De manera que solo uno entre cuatro partidos ha sido en el pasado rama política de los terroristas, aunque su presencia en la federación es el lastre de esa repugnante equidistancia entre víctimas de uno y otro lado y su vana condescendencia con el pasado violento.

Por consiguiente todos los partidos que componen Bildu cumplen con el artículo 9 de la LOPP que exige rechazar la violencia; todos renunciaron a la violencia haciendo buena la exigencia de Rubalcaba: o bombas o votos, eligiendo lo segundo.

De manera que la presencia de Bildu en las instituciones no es una victoria de ETA, sino signo de su fracaso: es una victoria del Estado de Derecho que les exigió abandonar las armas para entrar en las instituciones. Cuando un partido político cumple con los requisitos del artículo 9 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos entra en juego el artículo 23 de la Constitución Española, que consagra el derecho al sufragio activo (votar) y pasivo (ser votado). El Tribunal Constitucional ha consagrado el pluralismo político, atribuyéndole un “rango axiológico superior” al resto de los principios constitucionales y derechos fundamentales, y lo hizo precisamente en su sentencia de 5 de mayo de 2011 en la que declaró taxativamente que Bildu no era una franquicia de ETA.

Por consiguiente Bildu es legal aunque sea independentista. En España no están prohibidas las ideas, incluso las que son contrarias a la Constitución o pretenden modificarla. En Derecho Político se conoce como “Constitución no militante” aquel pacto soberano que no exige adherirse a sus principios para gozar de los derechos y libertades que proclama y defiende. La Constitución alemana es el ejemplo paradigmático de “Constitución combativa” o “democracia fortificada”: significa que dispone de amplios resortes políticos para combatir a aquellos que quieren abolirla, como hizo Hitler en 1933 tras ganar las elecciones al parlamento.

La Constitución española, a diferencia de la alemana, es una constitución no militante, y en consecuencia permite la existencia de partidos independentistas que persiguen derogar pacíficamente su artículo 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.

En consecuencia, Bildu es titular de todos los derechos constitucionales, de las libertades publicas de asociación, expresión, reunión y manifestación y, en especial, el derecho al sufragio político.

¿Entonces a qué viene todo el revuelo de la ilegalización de Bildu propugnada por algunos medios de la derecha mediática? A mi juicio, tiene que ver con una particularidad sobrevenida de la geometría parlamentaria española y con una arriesgada estrategia desplegada por algún director de gabinete en la sombra pero con ardiente apoyo mediático.

En el pasado tanto la derecha como la izquierda han gobernado sin mayoría absoluta pactando la investidura con el nacionalismo vasco y catalán. Sin embargo, desde el movimiento 15-M de 2011, el bipartidismo se rompió a favor de un mosaico más plural de partidos haciendo muy difíciles las mayorías absolutas. Y desde los graves acontecimientos en Cataluña del 1-O de 2017 la extrema derecha capitalizó en el resto de España el desafío soberanista catalán, superando los 50 diputados en las Cortes. Desde luego la fracasada ley de desconexión de Cataluña con España sí que desconectó la derecha española de la derecha catalana.

En este escenario el Partido Popular puede ganar las elecciones, pero tiene más difícil gobernar. El Partido Popular no puede cerrar un pacto de investidura con los nacionalistas catalanes y vascos porque precisa también de Vox. De manera que un pacto de investidura formado por el PP, Vox y los nacionalistas es anti natura e imposible. Ese hándicap no lo tiene el PSOE, quien puede gobernar en coalición con partidos a su izquierda y al tiempo recabar el apoyo parlamentario de los nacionalistas vascos y catalanes para poder legislar.

Y aquí es donde entran los gurús de la derecha mediática madrileña: si se ilegalizase a Bildu y a Esquerra, no le quedaría al PSOE con quien pactar: muerto el perro, muerta la rabia.

Además, esas ilegalizaciones incendiarían Cataluña y el País Vasco, escenario que favorecería un escoramiento hacia la derecha del electorado en el resto de España. Miel sobre hojuelas.

El país, eso sí, quedaría hecho un higo y la Constitución del 78 se iría a tomar el viento a la farola: a eso conduciría la ilegalización de Bildu.

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