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Jueces de paz, la cara más cercana de la ley

Median en conflictos entre vecinos de pueblos sin juzgados de primera instancia, se encargan del registro civil y ofician bodas. Su figura proviene del siglo XIX y tiene los días contados. Hablamos con cinco que ejercen en Galicia

Los últimos jueces y juezas de paz. FDV

“Somos la figura de la justicia más cercana al ciudadano pero quizás la menos valorada, y más ahora que cuando entre en vigor la nueva ley se intenta que desaparezca”, comenta Pepa Celar, jueza de paz de Bueu. Los jueces de paz no pertenecen a la carrera judicial ni tienen la obligación de estar formados en Derecho. Desde el siglo XIX vienen resolviendo cuestiones de interés y enfrentamientos entre particulares, un ámbito que desde la Constitución de 1812 y hasta 1855 llevaban los alcaldes, a los que descargaron de trabajo en ese momento contribuyendo a llevar la tranquilidad a las poblaciones en las que ejercen su cargo.

En España hay 7.700, una cifra que supera a los 5.500 jueces de carrera, en aquellas poblaciones que carecen de juzgado de instrucción y de primera instancia. Los nombra el Tribunal Superior de Justicia de cada autonomía tras ser elegidos por mayoría absoluta en el Pleno del consistorio y su mandato se renueva cada cuatro años. Entre sus competencias figura ser los encargados del Registro Civil, en materia civil resuelven y ejecutan asuntos de cuantía no superior a 90 euros y en materia criminal pueden actuar en cuestiones leves de salud pública, protección de la flora y la fauna y maltrato animal.

Con el paso del tiempo han ido perdiendo relevancia y funciones. Hasta 2015 podían intervenir en juicios de faltas, pero esas infracciones, consideradas desde entonces como delitos leves, han sido trasladadas a los juzgados de primera instancia. La aparente decadencia de su figura ha llevado a cuestionar su desaparición y su sustitución por oficinas de justicia si prospera el actual anteproyecto de ley sobre servicios judiciales. “Últimamente me sentía una firmadora, desde que nos sacaron la potestad de juzgar asuntos de faltas, que era lo que más me tensaba al tener que tratar con personas cercanas y conocidas, con lo cual nos quedó solo el registro civil, las bodas y las conciliaciones”, expresa Rosa Gómez Limia, que ejerció de jueza de paz en Teo desde 2011 a 2021. “Lo dejé por problemas de salud y porque ya no estaba satisfecha, soy activista, me gusta el contacto con la gente y me limitaba a rubricar permisos para cosas poco importantes, entre comillas, porque sí lo son para el ciudadano”, comenta.

Rosa Gómez Limia, fue jueza de paz de Teo de 2011 a 2021. Cedida

Perfil conciliador

El perfil de los jueces de paz se corresponde con el de una persona conciliadora, cercana y afín a los vecinos. “Y discreta”, añade Pepa Celar. “Creo que me eligieron porque soy muy asequible, llevo siempre una sonrisa por bandera y me relaciono con todo tipo de personas, sin importar su rango social ni su color político”, comenta la jueza de paz de Bueu, una maestra que durante los tres años que fue concejala del PP “me llevaba bien con todos los grupos políticos, desde los más afines a los más alejados”, explica. Tal vez por eso fue escogida por unanimidad en el pleno. “Bueno, por unanimidad, no, como siempre me dice de broma Fidel Castro, exconcejal del BNG, él no estaba ese día”, apostilla. Se postuló para el cargo a propuesta de su hermano. “Creo que lo vio como otro puesto más para ayudar a la gente de Bueu, porque yo siempre estuve relacionada con labores sociales sin ánimo de lucro”, dice.

En el caso de José Castro, juez de paz de Ribadumia desde hace nueve años, fueron las “fuerzas vivas” del pueblo las que le pidieron que se hiciera cargo del puesto vacante tras jubilarse como funcionario del ayuntamiento y estar nueve años de juez de paz suplente. “No hace falta más requisito que tener unas cualidades para mediar entre los vecinos, además de ser mayor de edad y lo que marca la ley”, comenta.

También estaba jubilado Antonio Martínez Vicente, juez de paz de A Guarda, cuando accedió al cargo en 2002. Este expropietario de una imprenta y profesor de esa materia en la Mancomunidad del Baixo Miño explica que “estuve un par de meses enterándome de cómo era la historia, vi que era sencilla y me animé a postularme”. Ahora, con 82 años y cuatro por delante en el que considera que será su último mandato, dice que le gusta esa ocupación. “Me hace salir de casa unas horas por la mañana. Las tardes las paso ocupado en el archivo fotográfico que tengo y comparto con la asociación Páxinas de A Guarda, cuya web tiene 1,4 millones de entradas”, asegura.

Antonio Martínez Vicente, juez de paz de A Guarda. Alba Villar

Las motivaciones de Ana Seco, jueza de paz de Silleda desde 2019 tras haber sido la sustituta de 2017 a ese año, fueron diferentes. “Había estudiado Derecho y estaba pensando en opositar, así que quería tener contacto con las administraciones y vi en el juzgado de paz una oportunidad”, explica.

A Rosa Gómez Limia le extrañó la propuesta que le hicieron en 2011. “En esos momentos estaba presidiendo la asociación feminista que fundé hace 20 años Teenses por la Igualdad, pionera en Galicia en tener hombres asociados. Tal vez me cogieron por luchadora, porque mi vida fue una carrera de saltos de obstáculos”, sostiene la que fue la primera mujer diputada en el Parlamento de Galicia, en 1984, y tres veces candidata a la alcaldía de Muxía por el PSOE, la primera en 1979.

El puesto de juez de paz exige estar localizable y disponible los días laborables durante las mañanas para atender las peticiones de los ciudadanos que les surjan, así como los fines de semana y festivos para certificar cualquier defunción que se produzca. Disponen de instalaciones propias, ya sea en el propio edificio consistorial o en un local independiente – Pepa Celar se queja de las lamentables condiciones de su despacho y la sala donde ofician bodas – y cuentan con el apoyo de uno o varios funcionarios, cuyo número depende de la cantidad de habitantes de cada localidad. Su remuneración también se establece en función de la población a la que atienden, lo que indica la mayor o menor carga de trabajo que tienen que asumir. A modo de ejemplo, en Ribadumia el juez de paz cobra 500 euros cada tres meses porque la localidad supera los 5.000 habitantes y la de Silleda, con una población de 8.600 residentes, percibe algo más de 800 euros trimestralmente.

Registro Civil

El mayor volumen de trabajo que atienden los juzgados de paz se corresponde con las funciones de Registro Civil, donde constan los nacimientos, matrimonios, tutelas, representaciones, filiación, nacionalidad, sexo y nombre de los nacidos en el municipio. “También solicitan muchas fes de vida para gente que está percibiendo pensiones”, añade José Castro. “Es gratificante y supone una alegría inscribir los nacimientos, y también los matrimonios”, expresa Ana Seco. “Lo más duro es cuando vienen a buscar un certificado de defunción y tú desconoces que esa persona a la que has tratado ha muerto. Eso ocurrió mucho durante la pandemia con gente que falleció en los hospitales y me enteraba de su muerte a posteriori. Ves que los familiares llegan con ese dolor aún cercano y te acercas a ellos; al final sientes gratificación porque en ese rato que están conmigo me cuentan cómo ha sido”, comenta Pepa Celar.

Pepa Celar, jueza de paz de Bueu. Gonzalo Núñez

Los jueces de paz constatan la evolución social en ciertos aspectos como los nombres que más se escogen para los recién nacidos, la tendencia a registrase con un nuevo nombre para “galleguizarlo” – “cambiando Javier por Xabier, Jorge por Xurxo y así”, explica Rosa Gómez –, la modificación de los apellidos y los matrimonios entre personas del mismo sexo. “Ya casé a dos hombres y a dos mujeres, es mi obligación legal y no le veo ningún problema”, comenta a sus 82 años Antonio Martínez, quien añade que no ha habido más porque “normalmente, si son de A Guarda procuran casarse fuera porque si la gente se entera les va a ver. Cosas de pueblos pequeños”, indica. En los veinte años que lleva al frente del juzgado de paz de A Guarda, Martínez Vicente ha observado cómo se invertía la tendencia en bodas civiles y religiosas. “Al principio, la mayoría de la gente se casaba por la Iglesia, ahora por lo civil. Este mes ya llevamos diez o doce”.

Las bodas

La celebración de bodas es la ocupación que más satisfactoria le resulta a Pepa Celar como jueza de paz. “Vienen algunos que fueron mis niños, como digo yo, porque les vi crecer les di clases; se llevan una sorpresa al encontrarme a mí porque muchos no saben que soy la jueza de paz”, explica. Aunque la ley solo establece que se le lean a los contrayentes unos artículos legales y firmen el documento correspondiente, a Pepa Celar le gusta convertir el acto en algo especial. “Depende de lo que me transmitan los contrayentes o si vienen o no con prisas. Las palabras me salen solas en el momento y también recurro a escritos que he ido recopilando a lo largo de los años, uno de ellos el del pasaje de la rosa de El Principito, uno de los textos más hermosos que se ha escrito sobre el amor y que conozco desde chiquitita”.

"Lo más gratificante es casar a "mis niños", a vecinos que he visto crecer y de dado clases"

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También se muestran partidarias de romper la frialdad asociada al mero trámite burocrático en las bodas civiles Ana Seco, que escoge algo especial atendiendo al perfil de los contrayentes, y Rosa Martínez, que mientras fue jueza de paz intentó resarcirse del frío recuerdo que mantiene de su matrimonio civil en la época del franquismo, cuando todas las bodas debían celebrarse también por la Iglesia. “Las hacía largas, les hacía preguntas a los contrayentes y en alguna hasta acabaron cantando”, relata. En el lado opuesto se sitúa José Castro: “Los que vienen a casarse en el juzgado de paz vienen solo a firmar, si quieren más parafernalia van a un pazo o al salón de plenos a que los case el alcalde o el concejal en el que delegue”, afirma. “Los discursos son para los políticos; yo los caso según la ley y se acabó”, coincide Martínez Vicente.

Ana Seco, jueza de paz de Silleda. Bernabé / Javier Lalín

Antes de celebrar el matrimonio, el juez de paz debe comprobar que los dos miembros de la pareja reúnen los requisitos legales para casarse. Y eso no sucede siempre, tal y como explica Rosa Gómez: “Cuando llegaba un señor de avanzada edad con una joven extranjera los entrevistaba por separado, a veces era evidente que solo querían conseguir la nacionalidad española para ella porque no sabían nada el uno del otro, así que rechazaba la solicitud. Pero en un caso sí la acepté porque el hombre me dijo que ya había firmado ante notario que ella lo cuidaría hasta su muerte; ambos tenían interés en casarse”, relata.

Las conciliaciones

Los desacuerdos por las lindes de las propiedades se llevan la palma en los actos de conciliación que atienden los jueces de paz en Galicia, si bien Pepa Celar observa que en Bueu cada vez hay menos asuntos de este tipo – “eran cosas más de nuestros mayores” – y Castro explica que la concentración parcelaria acabó con esos problemas en Ribabumia. Otros motivos que suscitan discrepancias son herencias, problemas entre vecinos por antiguos caminos de paso, filtraciones de agua en paredes compartidas, reclamación de cantidades que no superen los noventa euros y hasta diferencias por divorcio en las que una de las partes pedía que se le devolviera media docena de platos, según cuenta Gómez Limia.

José Castro, juez de paz de Ribadumia, en su bodega. Iñaki Abella

Los jueces consultados coinciden en señalar que la mayor parte de estos actos de conciliación se resuelven sin avenencia, con lo cual el proceso judicial se deriva al juzgado de primera instancia correspondiente. “Cundo las partes vienen representadas por abogados sé que no va a haber acuerdo; si son vecinos de toda la vida que conoces intentas mediar”, explica Pepa Celar. “Actuamos como fedatarios, dando explicación de los hechos sin tomar parte en ellos”, dice Ana Seco. “Intento explicarles que si no llegan a acuerdo les va costar dinero ir al juzgado”, destaca Castro. “Últimamente no se cierra ninguna conciliación con avenencia”, señala Martínez Vicente, que recuerda cuando él mismo se trasladaba a las fincas con un aparejador que hacía un plano y los litigantes llegaban a un cuerdo.

Juicios de faltas

Hasta el año 2015 los jueces de paz podían celebrar juicios de faltas y dictar sentencia. “Eran de lo más pintoresco, recuerda Rosa Gómez. “Había enfrentamientos por asuntos que a lo mejor a ti no te parecen importantes pero para los afectados sí la tenía. Si un vecino le echó leña en la finca del otro, si un matrimonio separado discutía porque ella no le dejaba ver al hijo en el recreo, o si un vecino no le dejaba pasar al otro por su finca porque eso ya venía de la época de sus abuelos. Yo les decaí: “¿de verdad queréis dejarle este problema a vuestros hijos o lo resolvemos ya?". En un ocasión llegaron dos amigos de toda la vida enfrentados, les dije si les merecía la pena acabar con esa relación, terminaron abrazándose y se suspendió el juicios”, narra Gómez Limia.

La supresión, ¿evolución lógica o varapalo para los pueblos pequeños

El anteproyecto de ley de servicios jurídicos plantea la transformación de estos juzgados en oficinas 

La probable desaparición de los juzgados de paz con el desarrollo de la nueva ley de servicios jurídicos, actualmente en fase de anteproyecto, es vista de diferentes maneras por los jueces de paz consultados. Podría suponer la transformación de los juzgados de paz en oficinas de justicia con la pretensión de lograr una mayor digitalización de los propios juzgados o registros civiles, si bien los jueces de paz consultados indican que ya tienen digitalizados la mayor parte de sus archivos.

“La ley está sin desarrollar, desconozco el mecanismo que van a usar esas oficinas para trasladar de una manera más directa al interesado la información manteniendo a la vez la cercanía y la atención directa, así que no tengo un postura clara al respecto”, comenta Ana Seco. “Es la evolución lógica, dado que cada vez esa figura tiene menos competencias”, opina Rosa Gómez.

“La supresión supondría un varapalo para los vecinos más viejiños, sería la desaparición para poblaciones pequeñas de un servicio público gratuito tal y como está en la actualidad”, afirma José Castro. Un argumento con el que coinciden el resto.

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