La, todavía, primera ministra británica, Liz Truss, que presentó su dimisión el pasado jueves, apenas llevaba 6 semanas en el número 10 de Downing Street y su continuidad ya estaba en el alambre. Había ganado las primarias en una votación entre las bases del partido conservador prometiendo una bajada de impuestos simultánea a un plan de incremento del gasto público para relanzar el crecimiento económico en el Reino Unido. Su rival y contrincante político, el ministro de hacienda con Boris Johnson, Rishi Sunak, calificó el plan e Liz Truss de “cuento de hadas” y proponía una subida de impuestos para financiar la lucha contra la inflación. Perdió.
El plan de Liz Truss era bajar el tramo más alto del impuesto sobre la renta del 45% al 40%, lo que provocó las críticas del Fondo Monetario Internacional y desencadenó la fuerte caída de la libra. Entonces llegó el pánico de los parlamentarios conservadores.
Ingresar menos y gastar más significa emitir más deuda. La consecuencia fue que los bonos británicos de deuda pública se desplomaron y el Banco de Inglaterra tuvo que salir al rescate de la libra esterlina, que llegó a cotizar en paridad con el dólar.
Esto es, fueron los mercados financieros quienes no creyeron en semejante reforma fiscal y sus colegas conservadores amenazaron con una moción de censura a la, en aquel momento, recién elegida primera ministra. Las encuestas de opinión política colocaron a los laboristas a 36 puntos de intención de voto por delante de los conservadores y Liz Truss tuvo que despedir a su ministro de Hacienda para salvar su puesto.
El nuevo secretario del tesoro, Jeremy Hunt, dio marcha atrás a su plan para bajar los impuestos a los ricos, y anunció una subida del impuesto sobre sociedades del 19% al 25%, en un discurso ante el Parlamento al que Truss asistió callada y con la mirada errática. En la convención del Partido Conservador pidió perdón por sus errores y se lamentó diciendo que, aunque renunciaba a su plan, “bajar impuestos es lo correcto moral y económicamente”.
Todo ello mientras el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la Comisión Europea alertan de que las bajadas de impuestos son contraproducentes en los escenarios inflacionistas.
Pero más allá de los reparos generalizados de estas instituciones a combatir la inflación rebajando tributos, yo quisiera un debate distinto, el debate que abrió Liz Truss afirmando que “bajar impuestos es lo correcto moral y económicamente”.
La Comisión Europea ha estudiado el problema de la desigualdad causada por la crisis económica del 2008 al 2012. La Comisión afirma que se han revertido años de convergencia en el nivel de vida y la desigualdad ha provocado una “presión considerable” sobre los sistemas de protección social. Afirma la Comisión que la desigualdad ha aumentado en la mayoría de los estados miembros, lo que ha suscitado inquietud tanto por la sostenibilidad del crecimiento como por la cohesión social, porque la desigualdad hace peligrar el progreso y la paz social. Asimismo, la Comisión también se preocupa por la inclusividad del crecimiento, esto es, por la participación de toda la sociedad en sus frutos. La Comisión advierte de que los ingresos generados en un país en términos del producto interior bruto, aumentan más rápidamente que las rentas percibidas por los hogares de dicho país, y ello indica que el crecimiento económico no es inclusivo y que sus beneficios no alcanzan a todos los hogares.
A la misma conclusión llega el economista francés Tomas Piketty. En su libro El Capital en el Siglo XXI defiende la tesis de que cuando la tasa de retorno de la inversión en capital es mayor que la tasa de crecimiento económico el resultado es la concentración de la riqueza, y esta desigual distribución de la riqueza causa inestabilidad social y económica. En las series históricas que analiza demuestra que esa tendencia es sistémica: la desigualdad económica es creciente.
Pero lo más sorprendente ya no es el fenómeno de que en el siglo veintiuno se esté incrementando la desigualdad económica y social. Lo más sorprendente es la afirmación de la OCDE según la cual, entre los factores responsables del crecimiento de la desigualdad, están la reformas fiscales producidas desde los años 80 del siglo pasado. En otras palabras, las reformas de los sistemas impositivos, cuya primordial función es corregir la desigualdad del sistema económico, son los causantes del crecimiento de esa desigualdad que debieran combatir. La OCDE atribuye ese resultado a la pérdida de progresividad de los impuestos directos y al crecimiento diferencial de la recaudación sobre el consumo (más impuestos indirectos y con creciente poder recaudatorio).
Hasta aquí las tesis de economistas e instituciones internacionales, las cuales, por cierto, no son sospechosas de sesgo ideológico izquierdista alguno.
Vayamos ahora a los datos empíricos; vayamos a la evolución de la pobreza y desigualdad en España en los últimos años.
El pasado lunes, 17 de octubre, se conmemoró a nivel mundial el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En el telediario del mediodía un responsable de una ONG advertía que con la pandemia otros 200.000 españoles hicieron uso de los comedores sociales. Y con el fin de la pandemia esa cifra ya no se redujo: se cronificó.
Los 54 bancos de alimentos que agrupa Fesbal atendieron a medio millón de personas más que el año anterior. En total, asistieron a 1.560.000 personas, de las cuales 360.847 fueron niños menores de 14 años. Con el objetivo de hacer frente a esta realidad, la Fundación La Caixa y CaixaBank, han impulsado la segunda edición de la campaña solidaria “Ningún Hogar Sin Alimentos” para lograr que más de un millón y medio de personas pueda tener acceso a los alimentos más básicos.
Los datos de recientes informes son, con franqueza, escalofriantes. Más de 12 millones de personas sobreviven en la cuerda floja de la pobreza y la exclusión social en nuestro país. La “tasa AROPE” (At Risk of Poverty and/or Exclusion), afirma que hasta un 27,8% de los españoles está en riesgo de pobreza o exclusión social.
Ante esta situación, y con el objetivo de ofrecer una radiografía actualizada del impacto de la desigualdad en España, se presentó “El Estado de la Pobreza. España 2021 XI Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión” realizado por EAPN España. La pobreza aumentó en unas 319.000 personas tras la pandemia, cifra muy inferior a las estimaciones iniciales, que vaticinaban que la pobreza severa podría aumentar en casi 800.000. El informe atribuye este “pequeño” crecimiento de la pobreza a las medidas de contención enmarcadas en el llamado escudo social, que contribuyeron positivamente a paliar buena parte de las consecuencias previstas de la crisis. Obviamente, el escudo social fue financiado con impuestos.
De manera que ese es el estado de la cuestión en España, en la economía número 14 en el ranking mundial y en el siglo veintiuno. Los mercados financieros han hablado: si se bajan los impuestos, ha de bajar el escudo social y el gasto público. La afirmación de Liz Truss, conforme a la cual “bajar impuestos es lo correcto moral y económicamente” es insólita, pues redundará en una disminución de los programas públicos para reducir la desigualdad y la exclusión social, a los que la Comisión Europea ya considera como una lacra para nuestra economía. Esa mujer es (era) como una cometa sin hilo.
