La inclusión del lobo ibérico dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial de España (LESRPE) por parte del Ministerio para la Transición Ecológica ha suscitado diferentes reacciones en Galicia, comunidad lobera que junto a Cantabria, Asturias y Castilla León es el hábitat del 95% de los ejemplares de esta especie en España. Los conservacionistas y ecologistas aplauden una medida que califican de hito histórico para la conservación de una especie “históricamente amenazada”, mientras que los ganaderos temen que aumenten los ataques a sus reses y que suponga el fin de las indemnizaciones que la Administración autonómica viene concediendo a los propietarios de ganado muerto por ataques de cánidos salvajes.
La Xunta, por su parte, ha presentado un recurso a la Audiencia Nacional, sumándose a otras comunidades autónomas loberas, frente a una orden ministerial “repleta de incoherencias”. Consideran que esta decisión se ha tomado con “falta de motivación científica”, “en base a opiniones subjetivas” y alegan que esta especie ya está suficientemente protegida desde 2009, año en que entró en vigor el Plan de Gestión del Lobo Ibérico en Galicia, el cual -según la Xunta- decaerá con la nueva normativa estatal, al igual que el sistema de ayudas a ganaderos contemplados en él.
Ante estas diferentes versiones, cabe hacerse varias preguntas: ¿Es necesario elevar el grado de protección de lobo en Galicia? ¿Cómo cambiará el escenario para los ganaderos afectados por ataques de cánidos salvajes? ¿Estaba funcionando el sistema de gestión de la Xunta para conservar esta especie, prevenir daños y resarcir a quienes los sufren? La respuesta es diferente según a quien se le formule.
El último censo oficial de la especie en Galicia -2013 a 2015- estima la existencia de 90 manadas reproductoras de lobos (14 de ellas compartidas con otras comunidades y con Portugal). Desde la Consellería de Medio Ambiente señalan que harán un nuevo censo y consideran que esa población ha aumentado -al contrario de lo que sostienen los grupos ecologistas y conversacionistas- y comparan esos datos con otras países vecinos como Francia (19 manadas en 2012 compartidas con Italia, cinco veces menos que en Galicia), Portugal (63, un tercio menos) y 297 en el total de España.
La asociación Grupo Lobo en Galicia asegura que esos datos oficiales que estimaban la presencia de unos 700 ejemplares en la comunidad, no se corresponden con la realidad. Alegan que ese recuento se realizó en época reproductora dando una media de 8 individuos por grupo, en lugar de los 3 a 5 que ellos consideran una manada de tamaño medio . “Para cuantificar el estado de conservación de una especie no se deben olvidar las amenazas a las que se enfrenta. La viabilidad futura del lobo vendrá condicionada por el cuello de botella genético (una endogamia que determinará su estado de salud y morbilidad), provocada por su persecución directa tras la ley de caza del 70 y vía furtiva posteriormente”, comenta Aurora Puentes, bióloga de la asociación Grupo Lobo. Esta especialista señala como otras amenazas al lobo ibérico a tener en cuenta la ausencia de corredores ecológicos que permitan el encuentro genético con el lobo italiano, la plantación de eucaliptos que aumentan el riesgo de incendios y con ellos la desaparición de especies de que se alimenta este depredador y las grandes hidroeléctricas y parques eólicos que degradan su hábitat natural, además de facilitar el acceso de los cazadores furtivos al hábitat del lobo.
Los argumentos que ofrecen los conservacionistas y ecologistas a favor de elevar el grado de protección del lobo - medida que, aseguran, se hace siguiendo las directrices europeas- son varios. Aparte de beneficiar, equilibrar y dar sostenibilidad al ecosistema, favoreciendo la biodiversidad y actuando como depredador de otras especies que amenazan a la ganadería y la agricultura, como el corzo o el jabalí, el lobo “ejerce un control y regula las poblaciones de ungulados terrestres, y de esta forma contiene las enfermedades que pueden transmitir al ganado. Un estudio reciente de investigadores españoles y británicos determinó que el lobo contribuye a controlar la población de jabalí, produciendo una acusada reducción de la tuberculosis en las vacas”, apunta Miguel Mosquera, integrante de la asociación conservacionista Acopo Fauna.
¿Y qué opinan los ganaderos? Jacobo Feijóo, responsable del área forestal de Unións Agrarias lo manifiesta así: “Nos parece muy mal el relato de que en España hay unas personas muy malas- los ganaderos-, que son unos garrulos y amenazan a una especie. Eso es falso. Aquí nadie pide que se extinga el lobo ni mucho menos. Consideramos que es una especie que goza de salud, siempre ha convivido con la actividad ganadera y no se ha extinguido porque siempre ha habido tolerancia con ella. Pensamos que su inserción en el LESRPE no tiene que ver con la UE, que distingue perfectamente entre las poblaciones de este animal al norte y al sur del Duero. A medio plazo nos preocupa que prohíban la caza como herramienta de gestión; y a corto, nos parece impresentable la actitud de la Xunta de decir que no puede seguir dando ayudas a las afectados. Pensamos que no es verdad, que hablen con el Ministerio y lo arreglen, que ya han estado dos años de negociaciones sin prever qué hacer con su gestión. Que cambien el preámbulo del texto de las indemnizaciones y lo adapten a la nueva situación. Es un problema que se generó en el ámbito político y ahí lo tiene que arreglar. No es justo que los ganaderos nos quedemos sin ayudas. Y si no, las ganaremos por vía judicial”.
¿Cómo ha funcionado el sistema de control cinegético del lobo y gestión de ayudas hasta el momento y qué cambiará? La ley de protección vigente en Galicia hasta ahora contemplaba líneas de ayudas para la adquisición de medidas preventivas en explotaciones ganaderas -mallas electrificadas, mastines, pastores eléctricos, etc.- e indemnizaciones a propietarios de ganado muerto por lobo. En los últimos seis años se destinó un presupuesto de 4,6 millones de euros, de los cuales 2,1 millones fueron a prevención de daños y 2,5 millones a indemnizaciones.
Las ayudas se conceden con unos requisitos determinados y según unos baremos que cuantifican la cantidad según la edad del ganado muerto y su especie. Los ganaderos se quejan de que esas indemnizaciones llegan tarde y son escasas, pues no les compensa ni la mitad de la pérdida.
Otra medida contemplada en el plan autonómico es la caza controlada, en ocasiones puntuales en que haya que abatir a un lobo peligroso. Las tablas de batidas controladas, encargadas a sociedades de cazadores, efectuadas en Galicia desde 2006 a 2020 y facilitadas por grupos conservacionistas, indican que en esos 14 años ha habido 96 “cazas legales” -la deportiva está prohibida- y 17 lobos abatidos, ninguno de ellos desde el 2013, por lo tanto, “la Xunta no tiene ningún argumento para oponerse al cambio de estatus legal de la especie”, afirma Miguel Mosquera.
“La política basada en batidas ha resultado ser un fracaso”, añade la bióloga Aurora Puentes, quien aboga por “esperar a que se apruebe la estrategia de conservación del lobo ibérico para ver de qué manera se definen las autorizaciones de control por daños, aunque suponemos que siempre será la última opción”.
A esa última opción se refiere también el representante de los ganaderos Jacobo Feijóo, que defiende el modelo asturiano. “Galicia apostó más por las ayudas que por la caza autorizada, al contrario que Asturias, donde los guardas forestales del Principado matan a unos 40 o 50 lobos al año”. Casos excepcionales, para él, que deberían responderse con batidas controladas, son los que se están produciendo en la Mariña lucense, donde “la actividad equina está en peligro de extinción por el exceso de depravación del lobo, así como las ovejas y la ganadería extensiva”. También aboga por intervenir en situaciones puntuales, como cuando los cánidos salvajes se acercan a poblaciones habitadas. “Un día va a haber una desgracia. En el siglo XX hay documentadas al menos cinco muertes de niños por ataques de lobo”, comenta.
El nuevo estatus de protección del lobo ibérico deja abierta la puerta a este tipo de intervenciones, si bien ha de tomarse con criterios científicos y técnicos, algo que a los ganaderos les genera desconfianza. “Entendemos que va a haber una interpretación integrista de la norma y cada vez que un jefe de servicio quiera firmar una autorización de caza, los ecologistas irán a fiscalía y será difícil que se ejecute”, explica Jacobo Feijóo, quien apuesta por la alimentación disuasoria para gestionar la conservación de lobo, es decir, dejar carroña en su hábitat para que no ataquen al ganado.
Desde los colectivos conservacionistas intentan lanzar un mensaje de tranquilidad “en el debate con ciertas dosis de populismo, manipulación y alarmismo”, según indica Aurora Puentes, quien afirma que “la protección del lobo en Galicia traerá cambios positivos para su gestión y esperamos que se vea como una oportunidad, y no como un problema, poder acudir a fondos europeos para cubrir los gastos de conservación de una especie emblemática”. Respecto a que el nuevo estatus entrañe un incremento de la población del lobo al prohibir y penalizar su caza, Miguel Mosquera sostiene que “los grandes carnívoros nunca viven en densidades altas ni en Galicia, ni en África ni en Alaska. Están siempre condicionados por la disponibilidad de los recursos alimenticios de su entorno, y el hecho de que no se maten, no implica que el número de ejemplares vaya a multiplicarse”.
Dando por hecho que el principal conflicto que genera en la sociedad gallega la convivencia con el lobo es el relacionado con los daños al ganado -los conservacionistas recuerdan que los estudios publicados reflejan que la incidencia de ataques es menor al 1% en Galicia-, “la Administración debe poner el foco en que las explotaciones ganaderas se modernicen y tengan suficientes medidas para evitar los daños. Cualquier negocio tiene una inversión mínima en seguridad”, manifiesta Miguel Mosquera.
¿Cómo afecta este especie depredadora a la actividad ganadera? ¿Son eficaces los sistemas de seguridad? ¿Las ayudas por daños les compensan las pérdidas económicas? Hablamos con varios ganaderos damnificados para que nos cuenten su visión sobre el conflicto entre el sector y el cánido salvaje.
Carlos Daparte, propietario de una explotación de vacuno en Rodeira, sufrió los últimos ataques hace tres años. “En tres meses me mataron tres novillas y un burro que había comprado dos días antes para proteger al ganado”, relata. Percibió indemnizaciones de poco más de 300 euros por cada ejemplar de ganado vacuno, una cantidad que “no cubre su valor real”. “Las tenía aseguradas y conseguí entre 1.000 y 1.300 euros por cada una. En ninguno de los ataques se hizo ninguna batida autorizada para matar al lobo, así que la nueva ley no cambiará nada respecto a la caza, pero el problema es que los lobos se están acercando a las viviendas”, comenta. Esos ataques se produjeron en fincas . “Tengo un muro de piedra de unos 50 centímetros y algún pastor eléctrico, pero no puedo poner tejidos eléctricos en 22 fincas para que me duren cinco días”, expresa. Ahora alimenta a 30 novillas en un recinto cerrado, con pienso, lo que le genera un gasto extra respecto a cuando las llevaba a pastar.
Un ganadero de A Lama que prefiere permanecer en el anonimato comenta que las denuncias registradas no reflejan la realidad de los ataques. “Muchos compañeros ya no llaman a la Xunta porque pierdes tiempo y el resultado va ser que no te conceden la ayuda”, afirma. Relata que el año pasado a una novilla de tres años próxima a parir “le desgarraron desde el ano hasta la ubre”. Aunque los agentes forestales dictaminaron en ese momento que había sido un ataque de lobo, la ternera herida escapó al monte y fue hallada muerta por su propietario a los cuatro o cinco días. “Estaba aún más devorada y rodeada de heces de lobo, pero dijeron que su muerte no había sido por ataque de lobo, así que no hubo indemnización”, relata este ganadero. En otra ocasión el ataque mortal fue a una yegua preñada - “la monta cuesta 400 euros y la inmdeminización fue de poco más de 200 euros”, explica-. “Tengo al ganado en el monte y varios mastines, pero poco pueden hacer los perros contra grupos de ocho lobos. No es lógico sobreproteger al lobo;_el caballo de monte está en peligro de extinción y los ganaderos desprotegidos; quieren ayudar al rural pero lo están hundiendo del todo”, comenta.
Juan Carlos Quintela sufrió en 2018 ocho ataques que supusieron la muerte de otros tantos terneros en su explotación de Lalín y una pérdida económica que él calcula en ocho mil euros. Solo me indemnizaron cuatro becerros -218 euros por cada uno- porque los otros eran recién nacidos y cuando llegué recogí los huesos, ya que habían sido completamente devorados”. Los hechos ocurrieron en fincas cerradas, “algunas con vallas y otras con pastor eléctrico, en el núcleo urbano de A Goleta, a 500 metros de viviendas”. “Los lobos tendrían que estar en un hábitat cerrado y que les lleven de comer, como yo alimento a mi ganado”, sostiene.
Roberto Monroy, un vigués de 38 años que tiene la ganadería como segunda actividad, pero aspira a vivir exclusivamente de ella, tiene desde hace un año una explotación de ovejas y cabras en Cerdedo-Cotobade. “Hace tres meses me mataron 28 ovejas y eso que tengo valla eléctrica y mastines. El ataque fue a 20 metros de un parque infantil a las 9 d e la mañana. Me indemnizaron con 15 euros por oveja, pero solo por las trece cuyos cuerpos aparecieron. Perdí todo el día en registrar el ataque y esperar a que hicieran las necropsias, por eso mucha gente no denuncia. Por no mencionar lo que tardan en llegar las ayudas”, dice.
Alejandro López, ganadero de Viladecruces, perdió siete becerros por ataques de loco en cinco años, el último en febrero de 2020. Recibió algo más de 200 euros de indemnización por cada uno, cuando dice que los vende a 500 o 700 euros. “No tienen en cuenta el lucro cesante ni los gastos que me genera, por ejemplo, tener tres mastines para proteger al ganado -por cierto, uno me lo mataron lo lobos-”. Considera que “el hábitat del lobo no puede ser a 200 metros de casas, hay zonas en Galicia para proteger la especie, como Fonsagrada o Xistral. Que a los vecinos de allí les paguen realmente los daños o se beneficien de fondos de la política agraria común por vivir en una zona lobera”.
Varios ganaderos consultados temen que el nuevo estatus de protección del lobo conlleve que “la gente se tome la justicia por su mano” y utilice veneno para acabar con los lobos y de paso matar acuíferos y otra fauna. El furtivismo es una de las principales preocupaciones de los conservacionistas, que piden a la administración una persecución más efectiva. “Es la primera causa de mortalidad del lobo en Galicia. Como ejemplo contrastado de esa falta de control en el monte, en Portugal, que sufre una situación similar, se hizo un estudio con lobos marcados con transmisores GPS y se constató que el 50% murieron en acciones furtivas”, indica Miguel Mosquera.
