En la primavera de 1981 las consultas de urgencias del Hospital Niño Jesús de Madrid se saturaron y empezaron a ingresar cientos de niños con cuadros de infección respiratoria que se manifestaba con fiebre, sarpullido, dolor de cabeza, dificultad respiratoria y tos. La escena se fue repitiendo en las semanas sucesivas en diferentes centros sanitarios del país con pacientes de diferentes edades. Eran los primeros enfermos del síndrome tóxico, una dolencia provocada por la ingesta de aceite de colza adulterado que se vendía en garrafas a granel. La intoxicación afectó a más de 20.000 personas en toda España, solo 55 de ellas en Galicia según los datos oficiales, provocando miles de muertes y dejando con graves secuelas incapacitantes a un gran volumen de afectados.
La incertidumbre ante el desconocimiento del origen de la enfermedad se adueñó de la población. “Se vivió con terror, las madres no querían tocar a sus hijos porque al principio no se sabía si era algo contagioso; lo comparo con algo parecido a lo que vivimos al principio de la actual pandemia”, recuerda Aurelio Blanco Trincado, presidente del Instituto de Estudios Valdeorreses. La comarca ourensana de Valdeorras fue la zona más afectada en Galicia, con cuarenta casos, fundamentalmente en los pueblos de Santigoso, Rubiá y Forcadela.
Los primeros casos se asociaron a la enfermedad del legionario, una especie de neumonía atípica contagiosa que obligaba a aislar a los pacientes. Más tarde se barajó la posibilidad de que pudiera ser algún tipo de clamidia y hasta se llegó a decir que podía estar presente en las lechugas y los tomates, aproximándose así a un origen alimentario.
“Es menos grave que la gripe. Lo causa un bichito del que conocemos el nombre y primer apellido"
Con el objetivo de calmar a la población y desoyendo el consejo de sus asesores, el ministro de Sanidad y Seguridad Social, Jesús Sancho Rof, comparece en un conferencia de prensa televisada reduciendo la importancia de la enfermedad y pronunciando una desafortunada frase por la que siempre iba a ser recordado: “Es menos grave que la gripe. Lo causa un bichito del que conocemos el nombre y primer apellido. Nos falta el segundo. Es tan pequeño que si se cae de la mesa se mata”.
El trabajo de los epidemiólogos de la época juega un papel clave cuando comienzan a abandonar sus despachos e ir a los domicilios de los afectados. El primero que habla con rotundidad de que el origen de la intoxicación se encuentra en aceite de colza desnaturalizado identificado en el laboratorio es el pediatra madrileño Juan María Tabuenca, quien presenta las conclusiones de su investigación epidemiológica en el Ministerio y evita “que se expanda el reguero de muerte y enfermedad”, según señala el pediatra gallego jubilado Federico Martinón.
Detectado el motivo de la intoxicación masiva, comienza la retirada de los bidones del aceite de colza adulterado de los domicilios y naves donde se almacenaba. “Recuerdo que en el bajo de la antigua casa consistorial se iban recogiendo las garrafas de cinco litros que se vendían en ferias y repartía un vendedor ambulante”, comenta Aurelio Blanco, quien rememora la labor realizada en Valdeorras por el médico de familia de O Barco y también forense, el ya fallecido doctor García Buela, a quien más tarde se le encargó realizar el seguimiento sanitario de los pacientes con síndrome tóxico a petición de la comisión de afectados de la zona.
El médico Miguel Santalices Vieira, actual presidente del Parlamento de Galicia, fue designado por la Xunta como coordinador de la atención a los afectados en la comunidad autónoma, en un momento en que las competencias de Sanidad aún no estaban transferidas a las autonomías y dependían del gobierno central, pero no así las de salud pública, área de la que él se ocupaba en el gobierno gallego. “Les ayudamos a lograr sus reivindicaciones, conseguimos que la prestación farmacéutica fuese gratuita, se les ayudó a tramitar las reclamaciones porque el Estado había anunciado indemnizaciones - aunque ese proceso tardó años en producirse -, centralizamos la atención sanitaria de todos los pacientes en el doctor García Buela, en O Barco de Valdeorras, y coordinamos charlas sobre diferentes temas de salud que nos demandaban”, explica Santalices.
El portavoz de los afectados, que hacía la labor de interlocutor con Santalices, era el ya fallecido Gonzalo Vega, empleado de banca que por aquel entonces detentaba el cargo de teniente alcalde de O Barco y además era presidente de Cáritas en la localidad. “Él no estaba afectado, pero sí tenía algún pariente; la labor que realizó merece un reconocimiento público”, comenta el presidente del Instituto de Estudios Valdeorreses.
Lois Pereiro, una víctima mortal del dolor
“Mi hermano fue víctima de las dos pandemias de los años 80 y los 90: la de la colza y la del sida, enfermedad que contrajo por su adicción a la heroína que se administraba para calmar los dolores tremendos que sufrió durante los quince años que vivió afectado por el síndrome tóxico”. Así lo explica Xosé Manuel, hermano mayor del escritor y poeta de Monforte Lois Pereiro. El autor contrajo el síndrome tóxico en 1981, con 23 años, por consumir aceite que le suministraba el repartidor de butano en el piso de Madrid donde vivía. Regresó a Galicia ya enfermo y fue diagnosticado en Monforte. Murió en A Coruña el 24 de mayo de 1996, el mismo día que la Audiencia Nacional dictaba sentencia del juicio por la colza. Su familia y su médico lograron en la Audiencia Provincial de Lugo que se dictaminase que la causa de su muerte había sido el síndrome tóxico y así el Estado pagó los gastos de su sepelio. “No buscábamos la indemnización, sino que se le reconociese como afectado”, dice su hermano. Con motivo del 25 aniversario de su fallecimiento, la editorial Chan da Pólvora ha publicado “Cadernos persoais”, que recoge las notas que el autor tomó en los viajes que hizo por Europa entre 1989 y 1993 y anotaciones realizadas en la agenda que le regaló su cuñada, Isabel Romero, entre los meses de enero y abril de 1996, los últimos de su vida.
Un artículo publicado en FARO DE VIGO el 5 de junio de 1987 recoge la celebración en el Hotel Colón de Tui de las I Jornadas de Atención Sanitaria para afectados por la colza en Galicia, un encuentro organizado por la Consellería de Sanidade que dirigía Hernández Cochón al que asistieron 44 afectados por el síndrome tóxico. El coordinador del grupo gallego de víctimas, Gonzalo Vega, transmitía entonces a la prensa su preocupación por la “reinserción social” de los pacientes: “El futuro para estas personas es incierto. Ahora la gente parece haber olvidado el tema Colza porque creían que todo estaba solucionado o simplemente porque los medios de comunicación no han vuelto a tratar el tema del juicio. Pero el hecho es que los afectados no encuentran soluciones a varias de sus necesidades. Llegando a percibir unos sueldos mínimos en algunas ocasiones”, declaraba. Y es que las víctimas gallegas se encontraban aisladas del resto de afectados (la mitad de los 20.000 enfermos eran de Madrid, y en León, de donde procedía el aceite que les intoxicó, había 1.200 casos. De este modo, la coordinadora creada por Vega se convirtió en el canal a través del que dirigirse a los organismos públicos.
De otros profesionales gallegos que tuvieron mérito en el caso de la colza -según indica Santalices- se encuentra el doctor Tasende, epidemiólogo de la Jefatura Provincial de Sanidad de Ourense, quien fue punteando en un mapa con banderillas rojas los lugares donde se detectaban casos, detectando así el recorrido que realizó el vehículo que repartió el aceite adulterado en la provincia de Ourense.
La venta del aceite de colza natural para uso alimentario estaba prohibida en España y ese producto se empleaba para la industria siderúrgica tras pasar un proceso de desnaturalización en el cual se le añadía un colorante para que no fuera desviado al consumo humano. La intoxicación de más de 20.000 personas se produjo por una trama criminal que importaba aceite de colza de Francia y lo sometía a un proceso de adulteración y mezcla con otros aceites para venderlo como si fuera de oliva o girasol a un precio más económico. Por eso, entre los afectados destacaba un importante volumen de población humilde, tal y como se recogía en los medios de comunicación.
El proceso para que las víctimas fueran indemnizadas fue largo y plagado de juicios, sentencias y apelaciones ante varias instancias judiciales. A nivel institucional, el gobierno central se desentendía de cualquier responsabilidad pasándole la pelota a los ayuntamientos, encargados de la venta ambulante. El primer juicio se celebró en la Audiencia Nacional desde marzo de 1988 a mayo de 1989. Los 38 aceiteros acusados fueron condenados a penas comprendidas entre seis meses de arresto y 20 años de prisión, así como a indemnizar a la víctimas, pero se declararon insolventes. La sentencia no satisface a los denunciantes, que pedían también que fueran condenados por homicidio en un momento en que los datos oficiales cifraban en más de 300 los muertos por el síndrome tóxico. En 1992 el caso llega al Tribunal Supremo, que eleva las condenas hasta los 80 años de prisión.
Para lograr las indemnizaciones, los abogados de las víctimas exigen responsabilidades a la Administración, en un proceso que se celebra en la Audiencia Nacional entre 1995 y 1996, implica a altos funcionarios y acaba con una sentencia que obliga al Estado a hacerse cargo de las indemnizaciones, limitándolas al 50% y deduciendo las cantidades que habían cobrado anteriormente en concepto de ayudas. La última sentencia del caso de la Colza se produce en octubre de 1997 y el Tribunal Supremo declara al Estado responsable civil subsidiario, obligándole a pagar el 100% de las indemnizaciones a todos los afectados, independientemente de que hubieran tenido representación legal en el juicio o no. Las remuneraciones se fijaron en 540.000 millones de pesetas y las cantidades a percibir para cada afectado oscilaban entre las 150.000 pesetas y los 90 millones, dependiendo del grado de afectación y destinándose esta última cantidad a grandes incapacitados.
Las víctimas gallegas, al ser menos de medio centenar, no pudieron personarse en el juicio que se seguía a instancias de los 1.200 afectados de León. El periódico local “O Sil” publicaba el 21 marzo de 1998 la reacción de los valdeorreses en un reportaje titulado “Nin perdono nin olvido”, una frase pronunciada por una de las víctimas, que decía: “A miña vida cambiáronma por completo”. Otra afectada comentaba: “Imos morrer e non imos ver nada”, refiriéndose a las indemnizaciones. Efectivamente, algunos fallecieron y las reparaciones económicas las cobraron sus herederos.
“A miña vida cambiáronma por completo”
Casi cuarenta años después de esta intoxicación masiva que cambió la política en seguridad alimentaria en España y en plena pandemia por coronavirus, la Comunidad de Madrid ordenaba en marzo de 2020 destruir los 200.000 litros de aceite adulterado que se guardaban desde 1981 en una nave en Alcorcón. Mientras la plataforma de afectados “Seguimos viviendo” sigue reivindicando la reparación moral y denuncia el olvido al que ha sometido la Administración a las víctimas.
“El Estado nos ha olvidado, es como si no hubiésemos existido”
Contrajo el síndrome tóxico por consumo de aceite de colza adulterado cuando tenía 15 años. Ahora, con 55 - “pero como si tuviera 70 porque nuestro organismo no está igual al de otra persona de nuestra edad y un estudio de la Universidad Carlos III ratifica que nuestra calidad de vida es la mitad que la del resto de la población”-, Carmen Cortés es la voz de las víctimas de esta enfermedad como coordinadora de la plataforma Seguimos Viviendo, con sede en Madrid. Tras veinte años “yendo a trabajar con analgesia”, primero como auxiliar de enfermería y ,luego en el 112 de Madrid, varias hernias y una hipertensión pulmonar que logro revertir, ha conseguido la incapacidad absoluta tras pelearla dos años en los tribunales. “Sufrimos dolores intensos, una fibromialgia con calambres, retracciones, contracturas, fatiga precoz, sequedad en la piel y mucosas que nos provoca caries, retracción de encías y perdida dental, problemas en la pisada al tener los pies en garra. Todos nuestros órganos fueron envenenados, tuvimos que someternos a tratamientos agresivos para evitarla muerte y eso dañó más nuestro organismo”, enumera como síntomas de la enfermedad. Y se siente afortunada por haber tenido acceso a rehabilitación.
“Queremos que se nos trate como víctimas, no como enfermos, y también a nuestros familiares”. La reparación moral y de la dignidad mediante un acto de Estado es una de sus demandas, además de establecer un comisionado que se encargue de saber sus necesidades sanitarias, sociales y de investigación. “El Estado nos ha olvidado, en el Congreso de los Diputados se comprometieron unánimemente a cuidarnos, han pagado las indemnizaciones y se supone que con eso nos hemos curado; los que nunca pudieron trabajar subsisten con una ayuda equivalente al ingreso mínimo vital, aún no sabemos qué veneno circuló por nuestro cuerpo. Es como si no hubiésemos existido. Llevamos desde 2016 pidiendo una unidad de referencia asistencial integral”, expone. La plataforma pretende iniciar un proceso judicial internacional.
