El mundo laboral, tal y como lo entendemos hoy, va a cambiar de forma radical en esta década. La digitalización y automatización del sistema productivo destruirá muchos de los trabajos rutinarios que requieren habilidades de nivel bajo-medio, aunque muchos expertos pronostican que se crearán millones de puestos de trabajo novedosos, como especialistas en Big Data o Inteligencia Artificial, y que el saldo final será positivo.
Siento discrepar, pero eso difícilmente va a suceder, ya que nuestro sistema educativo no será capaz de adaptarse rápidamente a lo que la Industria 4.0 demanda, no se podrá generar a tiempo el volumen necesario de nuevos perfiles, y mucho menos podremos reciclar a los menos preparados. La reciente pandemia provocada por el Covid-19 ha acelerado la digitalización de las empresas, pero nuestro sistema educativo continua a la deriva. Por lo tanto, habrá una pérdida neta de empleo en cómputo global, y nos encaminaremos hacia un mundo saturado de gente desempleada, y una creciente desigualdad. Es un pronóstico duro y distópico, pero cuanto antes lo aceptemos, antes podremos empezar a buscar soluciones para evitarlo, porque no hay peor crisis que una crisis de ideas, y seguir con las mismas recetas de siempre porque no se nos ocurre nada mejor.
Durante el siglo XX el aumento de la productividad y el incremento de puestos de trabajo han avanzado más o menos en paralelo. Cada vez que aumentaba la automatización, los salarios y las oportunidades laborales también aumentaban progresivamente. Sirva de ejemplo el caso de las segadoras automáticas, innovación tecnológica que surge en Londres en 1850, y que supuso la pérdida de miles de empleos manuales, pero también la creación de otros nuevos, siendo el saldo final positivo. Ahora bien, en el siglo XXI, los robots han acelerado el paso de repente. El cambio empezó en el año 2000, fenómeno que economistas de MIT (el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts) han llamado “la gran desconexión”: La productividad está en niveles de récord, la innovación nunca ha avanzado tan deprisa, y sin embargo, al mismo tiempo, tenemos menos empleo industrial (en Europa ha caído del 19% en el año 2000 al 15% en la actualidad).
Y la tendencia continuará en los próximos años. Un estudio de McKinsey Global Institute (MGI), con la participación de expertos del departamento de Economía de Oxford y el Banco Mundial, ha pronosticado que unos 800 millones de personas serán desplazadas de sus puestos de trabajo hasta el 2030 debido a la automatización. ¿La sociedad resistirá que un porcentaje tan alto de la población en edad de trabajar sea desplazada por robots? Sin su dinero y sin su consumo, la demanda interna se hundirá, y con ella la economía. ¿Debemos entonces frenar la automatización y robotización de nuestras empresas? De ninguna manera, es una cuestión de supervivencia en un mercado de enorme competencia global.
La solución pasa por que los Gobiernos se anticipen a los cambios disruptivos que nos trae la 4ª Revolución Industrial. En Utopía para realistas, el historiador Rutger Bregman clama por la renta básica universal y el reparto del tiempo de trabajo, como medidas de choque. La renta básica no condicionada, según Rutger, ha sido un éxito allí donde se ha experimentado (Canadá, Finlandia, Kenia), mejorando la salud, el rendimiento escolar y disminuyendo la delincuencia. Parece una solución justa y racional, pero el hecho de ser no condicionada, es decir, a cambio de nada, podría tener consecuencias psicológicas negativas a largo plazo, porque trabajar no es necesario solo para sobrevivir, sino también para realizarnos como persona; y existen muchas tareas útiles y beneficiosas para la comunidad en la que vivimos o para la sociedad en general, que podrían ser realizadas. Uno de los psicólogos más relevantes del siglo pasado, Carl Rogers, decía que el buen trabajo consigue cubrir dos grandes necesidades del ser humano: el autodesarrollo y sentirnos parte de un grupo o un proyecto, algo más grande e importante que el “yo”.
La segunda propuesta de Rutger Bregman, el reparto del tiempo de trabajo para conseguir el pleno empleo, parece una opción ciertamente coherente que deberíamos explorar. El 3 de abril del 2019 se cumplieron 100 años desde el establecimiento de la jornada de 8 horas en España, quizás es ya el momento de reflexionar qué futuro queremos para nuestra sociedad. Pero ¿cómo lo hacemos viable a nivel económico? Las empresas, especialmente las pymes, no pueden de ninguna forma asumir ese coste; la crisis por el Covid-19 y el aumento de la competencia las ha dejado en una frágil situación. La clave está en la gestión económica que puede hacer el Estado. Imaginemos por ejemplo que una empresa de cobro de peaje convierte los contratos de sus empleados de 8 a 6 horas diarias, inmediatamente necesitará un 33% más de trabajadores. Si estos nuevos trabajadores (que estaban en situación de desempleo) causan alta en la Seguridad Social, supondrá que dejan de percibir subsidios y pasan a ser nuevos contribuyentes.
La Administración aumentará la recaudación y podrá dedicar este superávit a bonificar a esa empresa los contratos de 6 horas (reduciendo el actual 30% con el que la Seguridad Social grava los contratos) para que las empresas puedan transferir parte de esa bonificación hacia un incremento salarial del trabajador. Es decir, como Estado tenemos a más ciudadanos trabajando y pagando impuestos, y menos ciudadanos cobrando subsidios, y aceleramos el círculo virtuoso: menos paro y más conciliación, más tiempo para disfrutar y consumir, y por lo tanto mayor reactivación de la economía. Ahora bien, cualquier medida de este tipo debe responder al mercado de trabajo y ser regulado por éste, y no impuesto por la Administración Pública. De otra manera no funcionará, y desestabilizará a las empresas y a la economía.
Lo que resulta evidente es que los cambios en el entorno laboral se están produciendo a una velocidad de vértigo, y debemos reaccionar cuanto antes porque adaptar la industria requieren un largo periodo de transición. ¿Cuándo se va a producir esta explosión de desempleo? No lo podemos predecir con exactitud… pero ya se empieza a oír un claro e inquietante tictac.
El paro costó al Estado español 19.000 millones de euros en 2019, ¿no sería más lógico orientar este coste hacia políticas de pleno empleo? ¿es más coherente incentivar la actividad, o la inactividad?
