El agua potable, el agua caliente sanitaria, la calefacción, el saneamiento o la electricidad son aspectos clave en nuestro día a día y detrás de ellos hubo, en su momento, una empresa instaladora y posteriormente, una compañía mantenedora encargada del mantenimiento y la actualización de las instalaciones. “Las empresas instaladoras son claves en el desarrollo de un país ya que todos los servicios básicos que conforman el actual modelo de vida de una forma u otra están relacionados con ellas”, afirma José López Amoedo, presidente de Foncalor.
En toda esta tecnología aplicada y en los conceptos empresariales que mueven el sector hay un elemento común: la eficiencia energética, en cuyo impulso también es fundamental el papel de instaladoras y mantenedoras. “Como intermediarios operativos que son entre los grandes suministradores de energía, los legisladores y el público final, la empresa instaladora asume su papel de hacer realidad un modelo que la sociedad pretende llevar adelante con el objetivo de hacer un mundo donde el respeto hacia nuestro medio natural y el consumo responsable de la energía se implante en la sociedad y en su forma de vida. La empresa instaladora hace realidad y convierte en algo tangible y de uso diario las nuevas tendencias sociales de ecología y respeto a la naturaleza sin renunciar a las comodidades y calidad de vida que demandamos.
Por esta razón, Foncalor ha desarrollado una política clara de apoyo, potenciación y difusión de las tecnologías renovables y que impliquen conceptos de eficiencia energética.
A través de la Comisión de Gestión del Conocimiento formada por representantes de empresas del sector y técnicos de alta cualificación desarrollan diversas líneas de trabajo que pasan por la información y formación a los asociados sobre estos aspectos, el intercambio de información y nuevas tecnologías con fabricantes y grandes suministradores y la propuesta a los diversos organismos de la Administración Pública de mejoras en aquellas áreas en las que es posible legislar, o enmiendas cuando esa legislación ya es firme y presenta dificultades para su aplicación.
Técnicos formados
“La formación es un proceso continuo, máxime cuando se producen evoluciones tecnológicas de la importancia y calado como las actuales, que implican un esfuerzo importante de adaptación y conocimiento por parte de los instaladores”, apunta López Amoedo.
Por ello, Foncalor ofrece a sus asociados programas de formación y cuentan con un equipo multidisciplinar de técnicos asesores y con las infraestructuras necesarias para hacer fluir la información desde los técnicos asesores hasta las empresas instaladoras. Así mismo, han establecido acuerdos con fabricantes y suministradores, de forma que las nuevas tecnologías y conceptos profesionales lleguen de primera mano a las compañías asociadas, adelantándose a la demanda del mercado e incluso a la propia legislación.
“Podemos decir que actualmente la gran mayoría de las empresas instaladoras tienen la formación y experiencia necesaria para trabajar conforme los nuevos requerimientos de eficiencia energética. Al menos desde nuestra perspectiva de la Asociación, en la que se encuentran afiliadas las empresas más representativas del sector, las energías renovables y la eficiencia energética forman parte del día a día de su trabajo”, apostilla.
El intrusismo, uno de los principales problemas del sector
Existe un problema que afecta no solo a las empresas instaladoras y mantenedoras, sino también al usuario final y a la Administración Pública: el intrusismo. “Esta actividad ilícita representa entre un 20 y 25% de la economía sumergida en el sector”, señala López Amoedo, quien afirma que cada vez hay más casos de personas físicas o jurídicas que ejercen las actividades de instalación, reparación o mantenimiento “sin darse de alta, sin seguro de responsabilidad civil, sin tener las oportunas cualificaciones profesionales establecidas por la Administración Pública para cada caso, sin pagar impuestos, sin cumplir normas laborales, y en definitiva, sin poder garantizar la calidad y seguridad de las instalaciones en las que intervienen, lo que en definitiva redunda, no solo en perjuicio del sector, sino de los propios consumidores cuyos derechos y sobre todo su seguridad se ven seriamente comprometidos”.
A lo largo de estos años Foncalor ha mantenido diversas líneas de trabajo con la Administración Pública, entidades públicas y asociaciones de usuarios y de empresarios para luchar contra esta práctica. “La derogación por parte de la Consellería de Industria de la normativa autonómica que regulaba las instalaciones interiores de agua ha venido a complicar el problema, situación que ahora el organismo legislativo pretende enmendar políticamente con el apoyo a una marca de calidad a modo de marca comercial”, apunta el presidente de la entidad.
Además del instrusismo, las compañías instaladoras, como el resto de pymes, no escapan de los problemas que son comunes a las pequeñas empresas: “las dificultades de financiación, la defensa de sus derechos frente a los grandes grupos empresariales, la pertenencia a un convenio colectivo como es el del metal totalmente ajeno a la realidad de la empresa instaladora y ampliamente denunciado por Foncalor, así como las dificultades de interlocución con la Administración Pública, por lo que asociaciones como la nuestra tienen muy claro sus objetivos de unión y lucha por la defensa del sector”, apostilla López Amoedo.
