Calor y Ahorro Energético

Los profesionales de la fontanería, ´clave´ en las instalaciones térmicas

Desde Foncalor subrayan la importancia de la profesión y reclaman una regulación para el sector compatible con la europea y estatal

08-11-2019Meneame
Uno de los cursos impartidos en las aulas de Foncalor.  // Cedida
Uno de los cursos impartidos en las aulas de Foncalor. // Cedida

REDACCIÓN [VIGO] En toda instalación de calefacción o agua caliente sanitaria (ACS) intervienen dos profesionales clave: el fontanero y el calefactor. Las empresas instaladoras y mantenedoras de instalaciones térmicas están perfectamente reguladas y controladas por la Administración Pública, teniendo que disponer de una serie de acreditaciones y registros legales. No ocurre lo mismo con el sector de la fontanería que se ha visto claramente afectado desde que se puso fin al carnet de instalador.
Así lo explican desde la Asociación Foncalor:"Una parte muy importante de nuestro día a día se produce gracias a la fontanería y a los sistemas de saneamiento, desde ducharnos hasta beber un vaso de agua del grifo o, simplemente, utilizar el inodoro. Estas acciones son posibles gracias a la labor de los fontaneros profesionales y los avances tecnológicos. Por ello, se debería recordar la importancia de esta profesión para la correcta instalación y mantenimiento de las instalaciones sanitarias que garantizan nuestra salud y nuestro bienestar", apuntan para pasar a señalar que "a pesar de la gran importancia de la labor profesional de los fontaneros, en el año 2011 se abolió el Decreto 42/2008, de 28 de febrero, de creación del Registro de Instalaciones Interiores de Suministro de agua de Galicia". Una eliminación que "supuso una total falta de control sobre las empresas instaladoras, fomentando la competencia desleal, el intrusismo profesional y la economía sumergida y provocando la destrucción del empleo e incluso el cierre de empresas del sector".
Además, desde Foncalor creen que "para la adopción de este criterio la Xunta de Galicia se basó en una interpretación sesgada de las directivas europeas" y ejemplifican con el caso de otras comunidades autónomas en las que esto no ocurre y que conservan por tanto la normativa anterior o han aprobado otras normas reguladoras con posterioridad.
Todo ello estaría provocando, además de las consecuencias del intrusismo y el desamparo del consumidor final, que se impongan trabas a la movilidad interprovincial de fontaneros y empresas de fontanería gallegas. Por ello, Foncalor, conjuntamente con la confederación nacional de asociaciones Conaif y otras asociaciones, ha emprendido acciones para retrotraer esta situación.
En la misma línea, la asociación explica cómo, "de forma clara y recurrente", ha puesto de manifiesto ante la Administración Pública gallega sus razonamientos, buscando una solución satisfactoria para ambas partes, en base a argumentos razonados y documentados como los que detalla a continuación: No se valora el impacto social de la derogación de la normativa; la administración autonómica renuncia a sus competencias, dejando desregularizado a los fontaneros y empresas de fontanería; fomentan la destrucción del empleo y el cierre de empresas, tan solo en Galicia se han perdido más de 1.000 empresas y 3.500 empleos; se produce un incremento de la competencia desleal y de la proliferación de la economía sumergida; los usuarios y el medio ambiente quedan desamparados, además la supresión completa del marco jurídico es insolidaria con empresas que han contribuido al desarrollo social.
En base a lo expuesto, Foncalor, conjuntamente con CONAIF y otras asociaciones, reclama que se apruebe una regulación para el sector compatible con la normativa europea y estatal. "Esta regulación debe exigir al menos unos requisitos de cualificación o habilitación profesional, seguro de responsabilidad civil y un registro de instaladores e instalaciones", piden para pasar a insistir en que esto ya ocurre en varias Comunidades como Aragón, Canarias, Castilla y León o País Vasco, donde no se ha registrado ningún problema entre la normativa estatal y comunitaria.
La respuesta de la Administración Pública gallega es la creación de un registro voluntario de empresas e instalaciones, así como la creación de una sello comercial a modo de marca de calidad, describen desde la asociación lo que valoran como "un planteamiento sin sentido ya que pretender regular un sector crítico como es el de la fontanería con registro voluntario": "Aparte de ser una temeridad, pone de manifiesto un desconocimiento muy preocupante de la realidad en la que se desenvuelve la fontanería y la importancia de los servicios básicos y de primera necesidad que presta a la sociedad".