La Comisión Europea envió ayer a España un dictamen motivado, el último paso antes de presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE, en el que le pide que obligue a la Iglesia católica a pagar IVA. Las autoridades españolas tienen ahora un plazo de dos meses para responder. España sostiene que su acuerdo con la Santa Sede sobre asuntos económicos, que data del 3 de enero de 1979, le obliga a aplicar una exención del IVA a determinadas entregas de bienes con destino a la Iglesia católica.

Pero el Ejecutivo comunitario asegura que esta exención no está autorizada con arreglo al régimen del IVA de la UE establecido en la legislación comunitaria. No obstante, Bruselas ha dejado claro que España podría pagar cierta compensación financiera a la Iglesia católica a cambio de los impuestos que ésta pague.

"Permitir a un Estado miembro apartarse de las normas en un caso sería injusto para otros Estados miembros que desean hacer lo mismo en otros casos. Ahora bien, la Comisión ha dejado claro a las autoridades españolas que ello no impedirá a España mantener el resultado financiero final compensando a la Iglesia católica por una parte o la totalidad del impuesto que pueda tener que pagar a las autoridades fiscales españolas. "Será exclusivamente España quien deberá decidir esta cuestión", señaló la Comisión.

En España, las entregas de bienes muebles e inmuebles vinculados a la actividad religiosa efectuadas por comerciantes con destino a la Iglesia católica están exentas del IVA. Ninguna disposición de la directiva del IVA permite dicha exención, y las autoridades españolas así lo han reconocido a la Comisión Europea.

El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, dijo que están dispuestos a negociar la cuestión de la exención del IVA en los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Iglesia católica, como reclama la UE. "Si hubiera que modificar dicha cuestión, estaríamos abiertos a ello y al diálogo".

Por su parte, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega indicó que la prórroga del sistema de financiación actual reflejada en los Presupuestos para 2006 cuenta con el compromiso de la Conferencia Episcopal y el Gobierno de "renegociar el sistema de financiación el próximo año". El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó que el Gobierno y la Iglesia deberán "encontrar una fórmula" de pago.