La presión migratoria se desplaza a los territorios gobernados por el PP

Los flujos migratorios no constituyen un fenómeno coyuntural. La historia ha demostrado que taponar una vía de entrada no soluciona la crisis, sino que desplaza los movimientos hacia otras rutas. La gestión del fenómeno recae hoy en una comunidad, pero mañana puede tocarle a otra. De ahí que el Ejecutivo canario haya defendido desde el inicio la necesidad de abordar la migración desde una perspectiva nacional y europea, reclamando que deje de tratarse como un problema territorial para convertirse en una cuestión de Estado. Bajo ese planteamiento impulsó medidas de carácter permanente para todas las comunidades autónomas, entre ellas la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, finalmente aprobada por el Congreso pese al rechazo del Partido Popular.

Canarias soportó durante años la mayor presión migratoria del país prácticamente en solitario. Sin embargo, el escenario comienza a modificarse. Mientras las llegadas al Archipiélago descienden, son ahora territorios gobernados por el PP, como Ceuta o Baleares, los que afrontan un incremento de la presión migratoria y reclaman al Estado una respuesta eficaz.

El episodio registrado en Ceuta, donde desde el pasado jueves han accedido de forma irregular 50.000 ciudadanos marroquíes, evidencia hasta qué punto España necesita una política migratoria con capacidad de respuesta inmediata allí donde se produzca un repunte de las llegadas. Al mismo tiempo, refuerza uno de los argumentos que Canarias ha sostenido durante los últimos años, que la solidaridad entre territorios no respondía a una reivindicación coyuntural del Archipiélago, sino a la necesidad de construir un sistema preparado para afrontar un fenómeno cambiante.

Los últimos datos del Ministerio del Interior reflejan esa evolución. Entre el 1 de enero y el 15 de julio, las llegadas por vía marítima a la Península y Baleares aumentaron un 8%, al pasar de 6.510 personas en el mismo periodo de 2025 a 7.032 este año. En sentido contrario, Canarias registró una reducción del 61,2%, con un descenso desde las 11.454 personas contabilizadas en esas mismas fechas del año pasado hasta las 4.440 actuales. Unas estadísticas que, además, no incorporan todavía el impacto del episodio vivido en Ceuta, por lo que el cambio de escenario resulta aún más acusado.

Flujo estructural

En Baleares la tendencia también se consolida. La ruta entre Argelia y el archipiélago balear ha dejado de ser un fenómeno puntual para convertirse en un flujo estructural. Desde enero de 2025 han llegado a las islas 11.055 personas a bordo de 606 pateras y la comunidad tutela ya a cerca de 880 menores migrantes no acompañados.

La reducción de las llegadas a Canarias ha permitido aliviar progresivamente la situación de saturación que durante los últimos años soportó la red de acogida del Ejecutivo autonómico. La menor presión sobre los recursos ha comenzado a traducirse en una atención más adecuada para los menores que permanecen bajo tutela de la comunidad autónoma, después de meses en los que el elevado volumen de llegadas obligó a gestionar una situación de emergencia prácticamente permanente.

Precisamente una de las principales consecuencias de aquella crisis permanece hoy vigente y será de utilidad para el resto de territorios. En abril de 2025 el Congreso de los Diputados convalidó el real decreto ley que modificó el artículo 35 de la Ley de Extranjería e hizo obligatorio el reparto de los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. La medida, impulsada tras más de año y medio de negociaciones por el Gobierno de Canarias, salió adelante con 179 votos a favor, 170 en contra –del PP y Vox– y una abstención. Aquella reforma nació con el objetivo de aliviar el colapso que sufría la red de acogida canaria, donde convivían cerca de 5.800 menores.

Punto de inflexión

La aprobación de ese mecanismo supuso un punto de inflexión para el Archipiélago, pero su alcance iba más allá de la situación concreta que atravesaban las islas. El nuevo sistema se diseñó para activarse siempre que cualquier territorio español afronte una presión migratoria que desborde su capacidad de acogida, una circunstancia que ahora puede beneficiar a Ceuta, Baleares y al resto de comunidades gobernadas por el PP.

Durante los momentos más intensos de la crisis migratoria en Canarias, las comunidades autónomas gobernadas por el PP mantuvieron una posición de rechazo al reparto obligatorio de menores. Esa postura se mantuvo incluso después de la aprobación de la reforma. En julio de 2025, las autonomías populares decidieron no asistir a la Conferencia Sectorial de Infancia convocada para abordar la reubicación de los menores migrantes no acompañados acogidos en Canarias.

El cambio de escenario ha llevado ahora al Partido Popular a centrar el debate en nuevas modificaciones legislativas. Entre sus propuestas figura la tramitación inmediata de una reforma de la Ley Orgánica de Extranjería para extender la figura del rechazo en frontera también a las entradas por vía marítima en Ceuta y Melilla.

La experiencia acumulada por Canarias durante los últimos años ha demostrado que la gestión de un fenómeno migratorio de gran magnitud exige coordinación entre administraciones, capacidad de respuesta y estabilidad normativa. El Archipiélago apostó por situar el debate fuera de la confrontación partidista para buscar acuerdos con el Estado que permitieran dotar al sistema de herramientas permanentes. Con la presión migratoria desplazándose ahora hacia otros territorios, serán esas comunidades las que deban afrontar un reto para el que Canarias llevaba tiempo reclamando una respuesta compartida.

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