El Gobierno refuerza la confianza en Zapatero tras sus explicaciones y el rechazo del juez a retirarle el pasaporte: “Prueba salvada”

El Gobierno ha reforzado su confianza en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero tras las explicaciones dadas este miércoles por el expresidente ante el juez de la Audiencia Nacional que lo investiga en el marco del caso por el rescate a la aerolínea Plus Ultra. El principal temor en el Ejecutivo era que José Luis Calama decretase contra el expresidente socialista medidas cautelares, algo que finalmente rechazó pese a la petición de la Fiscalía de retirarle el pasaporte. “Que no haya cautelares es buena señal”, celebraban en el entorno de Zapatero, mientras que en el Gobierno concluían que este hecho, junto a sus explicaciones, supone una primera “prueba salvada” en el procedimiento judicial.

“Solo podemos reforzar la presunción de inocencia, la convicción de que creemos en su palabra y de que estamos convencidos de que, como él ha dicho, será capaz de ir despejando las dudas que pueda tener el juez”, trasladaban fuentes de Moncloa tras la citación. Cuando comenzaban a entreverse ciertas dudas o, cuanto menos, se condicionaba el apoyo al expresidente a que sus explicaciones fuesen convincentes, en el Gobierno y Ferraz han vuelto a enfatizar su convicción en que el expresidente no habría cometido ninguno de los delitos que se le imputan.

Un realineamiento que justifican además por el hecho de que haya dado acceso universal al juez para que busque en cualquier territorio del mundo cuentas o propiedades. El propio Zapatero aseguró en un comunicado a este respecto que "no tengo absolutamente nada fuera de España”. Asimismo, las mismas fuentes de Moncloa señalan la “transparencia” en sus explicaciones al juez. “Tranquilidad”, apuntaban por su parte en la cúpula de Ferraz.

Sobre el desmentido de Zapatero al juez de que tenga una sociedad en Dubai o cuentas en el extranjero, las mismas fuentes concluyen que “no tenemos ningún motivo para dudar”. El expresidente, sin embargo, evitó dar explicaciones sobre las joyas incautadas en su despacho que fueron tasadas en 1,3 millones de euros. Pese a ello, en Moncloa ven “razonable” las explicaciones oficiosas a este respecto trasladadas por fuentes del entorno del expresidente.

Según su relato, las joyas proceden de una visita a España en 2007 del rey Abdalá bin Abdulaziz de Arabia Saudí. Ni el expresidente ni su familia las habrían tasado nunca, según sostienen, por lo que desconocían hasta ahora su valor. Se defiende asimismo por parte de estas mismas fuentes que este supuesto regalo responde a un tiempo con unos usos sociales diferentes y una cultura concreta, en referencia a Arabia Saudí. Como regalos institucionales, añaden, habrían acabado en sus “cajas institucionales”.

Un ministro socialista cercano a Zapatero aseguraba que acabará dando estas explicaciones ante el juez. Tras ello valoraba que “es un tema muy escandaloso del que al final no saldrá nada relevante desde el punto de vista penal”.

Al margen del Código de Buen Gobierno

Se da la circunstancia de que el propio Gobierno de Zapatero aprobó en febrero de 2005 un Código de Buen Gobierno en el que ya se decía que los altos cargos debían rechazar regalos, favores o servicios ventajosos que excedieran los usos sociales o de cortesía, y que los obsequios institucionales de mayor significación se incorporasen al patrimonio del Estado. Posteriormente, algo más de un año después, se aprobó la primera ley específica de conflictos de intereses de miembros del Gobierno y altos cargos. No fue hasta la 2013 cuando la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, recogió principios de buen gobierno para no aceptar regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, y que los obsequios de relevancia institucional pasen al patrimonio público correspondiente.

Desde el Partido Popular pusieron el foco en que pese al hecho de rechazarse medidas cautelares, Zapatero "mantiene su pasaporte, pero también la imputación de sus delitos". Para ello hacen referencia a que el propio magistrado señala que "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba”. En su auto, el juez explica que la adopción de una medida cautelar exige siempre un juicio especialmente riguroso porque supone una restricción anticipada de derechos fundamentales que solo puede justificarse si concurren indicios de criminalidad y un riesgo procesal acreditado.

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