El presunto testaferro de Zapatero cambia de abogado y ficha a la exfiscal que defendió a la mujer de Bárcenas

La histórica ex fiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Márquez de Prado, que en su actual etapa como letrada ejerce la defensa, entre otros, de la esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, será la nueva abogada del Julio 'Julito'Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y señalado por los investigadores de esta causa como presunto testaferro del expresidente socialista. Hasta ahora, representaba a Martínez el prestigioso catedrático Bernardo del Rosal, que ha renunciado a esta labor por "diferencias irreconciliables" con su cliente.

En una resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, con fecha de este jueves, se solicita al juez del caso, José Luis Calama, que tenga "por efectuada" la sustitución en aplicación del Estatuto General de la Abogacía Española, "es decir, previo encargo de defensa" realizado por el empresario a Márquez de Prado.

Una 'indomable'

Se trata de una exfiscal de la Audiencia Nacional, esposa del exjuez Javier Gómez de Liaño, que en la década de los 90 integró lo que era conocido como el grupo de los "indomables", unos fiscales y jueces que se mostraron reacios a acatar las órdenes de diferentes titulares en la Fiscalía General, y muy beligerantes con los escándalos que por aquel entonces afectaban al último Gobierno de Felipe González.

Por lo que respecta a Bernardo del Rosal, en un escrito de renuncia, al que también ha tenido acceso este diario, anuncia que no seguirá representando Martínez ante las "diferencias irreconciliables" con su estrategia de defensa. El empresario aparece en la causa como "lugarteniente" de la presunta trama y su "figura visible" y es denominado por directivos de Plus Ultra como el "lacayo" de Zapatero.

El "lugarteniente"

Se trata de uno de los principales investigados en la causa judicial en la que está citado el exlíder socialista los próximos días 17 y 18 de junio. En el sumario destacan las libretas que le incautó la Policía, que están repletas de anotaciones con "referencias a altos cargos del estado venezolano" o "de empresas estatales (como CVM, PDVSA, CVG) "directamente vinculadas a actividades de extracción de recursos naturales del país como carbón, gas, petróleo, oro o níquel".

El caso Plus Ultra gira en torno a una presunta trama de tráfico de influencias ante autoridades nacionales e internacionales para conseguir decisiones en favor de terceros, especialmente la aerolínea en relación con la ayuda pública de 53 millones de euros otorgada en 2021, en cuyo "vértice" el juez ubica a Zapatero. Una supuesta trama que, según el juez Calama, utiliza sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

La red estaría "sustentada en los contactos" de Zapatero y Martínez sería el "interlocutor habitual de los clientes de la red", "receptor y ejecutor de instrucciones directas" del expresidente y "responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes" hacia Zapatero y su entorno.

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