La asociación Liberum, que cuestiona las víctimas oficiales de la dana, abandona la investigación

Retirada en la causa de la dana. La asociación Liberum, que ha sostenido tesis conspiranoicas sobre la catástrofe al cuestionar el número real de víctimas mortales, ha formalizado su salida de la instrucción en la que estaba personada como acusación popular. En un escrito remitido al juzgado, la entidad justifica su decisión en motivos de “economía procesal” y en la existencia de una “excesiva dispersión de partes”, circunstancia que ya concurría desde casi el principio de la investigación pero no ha sido hasta ahora, más de un año después del inicio de las indagaciones, cuando la asociación ha tomado la decisión

Según expone el escrito, al que ha tenido acceso este diario, “una vez personados, y con posterioridad a la misma, en dicho procedimiento concurren múltiples acusaciones populares ya personadas”, lo que, a su juicio, “genera una excesiva dispersión de partes con intereses coincidentes y una evidente duplicidad de escritos y actuaciones”, argumenta en el escrito.

En este sentido, la entidad sostiene que su salida contribuiría a simplificar la tramitación de la causa, al entender que “por razones de economía procesal y de saneamiento del proceso, consideramos que resulta más adecuado que nuestra representación se aparte de la causa, evitando reiteraciones innecesarias y contribuyendo a la simplificación y agilización del procedimiento”, señala.

En la instrucción, Liberum ha batallado para que se investigara a los representantes del Gobierno central, entre ellos a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. Sin éxito, porque tanto la jueza de la dana como la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia han rechazado estas pretensiones en varias ocasiones.

La presidenta de la entidad, Concepción Cuevas, compareció en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes invitadas por el PP y Vox y agitó la teoría de la conspiración de que el número oficial de víctimas, 230 según los últimos registros, no es el real. "Muchos asociados de la zona nos dicen que las víctimas reales no se corresponden con las identificadas", indicó Cuevas, aunque matizó que "no se sabe si es o no cierto" pero pidió investigarlo.

El escrito recuerda que la entidad depositó “la fianza de 6.000 euros exigida conforme el artículo 280 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” y solicita su reintegro al considerar que “el mantenimiento de esta solo tendría sentido en caso de continuar activamente en el ejercicio de la acción popular, lo que consideramos no resulta efectivo en base a todo lo manifestado”, añade.

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