Canarias pagará 14,5 millones de fondos propios por cien días de escudo anticrisis

Ya están hechos los números, pero aún no hay un decreto aprobado. El paquete de medidas fiscales y económicas para afrontar los efectos de la guerra en el Golfo Pérsico que este lunes diseñó el Consejo de Gobierno tendrá 14,5 millones con cargo a fondos de la propia comunidad autónoma; el resto, hasta cubrir 29,8 millones, corren a cuenta del Estado. La aportación canaria, como recordó el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, tras la reunión, se debe en buena medida a la falta de adaptación del decreto estatal a las particularidades fiscales del Archipiélago.

El paquete aprobado que se incluirá en el decreto -que deberá ser convalidado en el Parlamento en la sesión prevista para el 14 y 15 de abril- incluye la reducción del IGIC sobre combustibles del 1% al 0%, una medida con la que se pretende contener parcialmente el precio final (3,9 millones en 100 días), el incremento de la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas, que pasa del 67% al 99% (5,3 millones), aplicar el tipo cero del IGIC a varios productos básicos de la cesta de la compra que aún tributaban al 3%, entre ellos la sal, la mantequilla y el café (900.000 euros para 100 días).

No obstante, el vicepresidente insistió en que es intención del Ejecutivo, incluso antes de que estallara el conflicto bélico iniciado por el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel, es "componer una lista de 45 productos básicos de la cesta de la compra para gravarlos con el IGIC al 0% y evitar así grandes perjuicios para todos los consumidores canarios".

El vicepresidente garantiza que a medio plazo un total de 45 componentes básicos de la compra no tendrán gravamen

Pymes y sector primario

Además de esas medidas, el Ejecutivo regional va a incluir en el futuro decreto, la ampliación del límite del régimen especial del pequeño empresario y profesional (Repep) hasta los 50.000 euros de facturación anual, una modificación dirigida a reducir cargas fiscales y administrativas sobre pequeños negocios y autónomos a partir de julio (12,5 millones de euros en este ejercicio) y la creación de una línea de ayudas directas por importe de 7,2 millones de euros para los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial, especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos y de los insumos.

Sobre la base de que el conflicto bélico se prolongue más allá de julio, y poniendo en la mesa los acuerdos alcanzados este lunes con el Estado, el paquete de medidas podrá ascender hasta los 60 millones anuales si es necesario mantener o ampliar las actuaciones.

Propuestas complementarias

Por ese motivo, el vicepresidente insistió en que el Ejecutivo canario trasladará a Moncloa una relación de propuestas complementarias. Entre ellas figuran la flexibilización de las reglas fiscales para permitir al Archipiélago que los remanentes sean usados para paliar la crisis y poder endeudarse más de lo permitido sin ser penalizado, una bonificación estatal al precio del combustible, una rebaja del IRPF para compensar la pérdida de poder adquisitivo, la actualización de partidas de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en áreas como transporte, agua y agricultura, así como nuevos mecanismos de liquidez y financiación para empresas y autónomos.

El Ejecutivo regional también reclama un fondo específico para los sectores productivos más expuestos, además de una adaptación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que tenga en cuenta las dificultades añadidas de Canarias, con posibles prórrogas en la ejecución de proyectos y revisión de objetivos afectados por el aumento de costes.

En el plano estructural, el Gobierno autonómico insiste en la necesidad de adoptar decisiones que refuercen la competitividad del Archipiélago. En ese bloque sitúa la rebaja de tasas aeroportuarias y portuarias, el impulso a proyectos estratégicos de energías renovables como la geotermia y la eólica marina, el aumento de la financiación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), la exclusión de Canarias de determinadas medidas europeas de emisiones que encarecen la conectividad y la ampliación del límite de las ayudas mínimas a empresas.

Cláusula canaria

Más allá del contenido económico, el episodio vuelve a situar en primer plano una reclamación recurrente del Archipiélago: la incorporación de una “cláusula canaria” en cualquier paquete estatal de respuesta ante crisis internacionales. La tesis del Ejecutivo regional es que, sin ese mecanismo de adaptación previa, las medidas aprobadas en Madrid vuelven a dejar fuera a las Islas o exigen después una corrección sobre la marcha con cargo a fondos autonómicos.

Esa es, precisamente, la lectura que hace el Gobierno de este nuevo paquete, pues Canarias se ve obligada una vez más a replicar con medios propios parte del escudo aprobado por el Estado para evitar que el diferencial fiscal y la condición insular se traduzcan en una nueva desventaja. No se trata solo de activar rebajas o ayudas, sino de corregir una respuesta que, tal y como está planteada, no llega de forma automática al Archipiélago.

"Solo pedimos lo que nos merecemos", concluyó Domínguez.

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