El Supremo abre una quinta causa a Alvise Pérez: ahora por presuntas amenazas al alcalde de Algeciras

El Tribunal Supremo ha abierto la quinta causa penal al eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, por la querella que ha presentado el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas condicionales.

La querella se formuló por los delitos de coacciones y amenazas condicionales con carácter subsidiario, si bien el tribunal solo aprecia "indicios cualificados y suficientes" del segundo delito.

En su auto, la sala de lo Penal explica que de los mensajes reproducidos en la querella se desprende, indiciariamente, que Alvise habría anunciado de forma expresa y reiterada la difusión pública de audios, documentos y capturas de conversaciones en los que se atribuirían a Landaluce comportamientos presuntamente delictivos o gravemente deshonrosos, vinculando de manera explícita la no ejecución de esa difusión a la dimisión como alcalde.

Dice el Supremo que "la estructura condicional del anuncio, la referencia a la disponibilidad de los materiales y la fijación incluso de plazos temporales para su eventual publicación" permiten apreciar esos indicios de delito "en cuanto se exterioriza un mal futuro cuya ejecución aparece dependiente de la voluntad del autor".

Por el contrario, no aprecia indiciariamente el delito de coacciones, que exige una afectación directa e inmediata de la libertad de actuación mediante violencia o intimidación. Se trata de la quinta causa abierta a Alvise por el Supremo, que ya ha dirigido en dos de ellas el suplicatorio al Parlamento europeo para continuar con los procedimientos.

Respecto de las otras cuatro causas, en las cuales ya ha declarado, una es por presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa en 2021; y otra por difundir los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

La tercera causa, la más importante, es por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros para su campaña electoral.

Y la cuarta por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a los dos eurodiputados que concurrieron con él en el partido Se Acabó la Fiesta en las elecciones europeas de 2024 y que después rompieron con su formación.