El Congreso da el visto bueno a la ley contra la multirreincidencia con el 'sí' del PSOE y los partidos de la derecha

En una extraña aritmética parlamentaria que apenas se ha visto en los últimos años, el PSOE se ha aliado este jueves con todas las formaciones de la derecha -PP, Vox, Junts, PNV y UPN- para aprobar en el Congreso la ley contra la multirreincidencia en una cesión a los de Carles Puigdemont. La norma, que endurece el Código Penal en aquellos casos en los que hay hurtos leves reiterados, ha recibido la abstención de ERC y un rechazo muy crítico de Sumar, EH Bildu y Podemos, que han reprochado a los socialistas que validen así una norma con la que Junts solo busca frenar el crecimiento de Aliança Catalana.

Cuatro meses después de que los posconvergentes dieran por rotas las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, los socialistas han cumplido con una de las principales exigencias de Junts, la aprobación de la ley de multirreincidencias. La norma, que registró Junts en el Congreso en marzo de 2024 y que permaneció en un cajón hasta el pasado noviembre, llega "tarde, muy tarde" para la diputada posconvergente Marta Madrenas.

"Les pido el apoyo a esta ley que no improvisa. [...] Una ley que ofrece herramientas efectivas a jueces, ayuntamientos y policía, protege la seguridad en nuestros barrios, del mundo agrícola, de los comercios y a las personas vulnerables. Una ley en la que la convivencia gana y la impunidad retrocede. Hoy damos un paso adelante para que la gente pueda vivir más tranquila y más segura", ha sentenciado Madrenas en una defensa férrea de la norma que, entre otras cosas, establece penas de cárcel de 1 a 3 años por el robo de un móvil.

"Xenofobia" y "racismo"

Los socialistas, en este cambio de aliados, han defendido la necesidad de la norma. El diputado Francisco Aranda ha apelado a los alcaldes del PSC que han asistido al debate en el Congreso para reivindicar la "importancia de regular" la multirreincidencia desde una "óptica de un Gobierno de izquierdas". Así, ha sostenido que han trabajado en la reforma del Código Penal "sin fiarlo todo al punitivismo ni entrar a los discursos xenófobos y racistas de la ultraderecha". "Es nuestra obligación trabajar en este asunto sin caer en la alarma social", ha sentenciado.

No obstante, el enfoque de otras formaciones que han respaldado la norma sí han incluido ese enfoque racista. La diputada del PP Cuca Gamarra ha criticado que el PSOE haya llegado "a rastras" a este consenso y, acto seguido, les ha reprochado que a la vez que aprueban esta norma quieran dar "papeles para todos los delincuentes que están en situación irregular en España". "¿A cuántos multirreincidentes se les va a dar papeles con su regulación masiva? Están convirtiendo esa regularización en un voladero para delincuentes. [...] La residencia en España se gana, no se regala", ha cuestionado.

La única abstención ha sido la de ERC, y a duras penas. La diputada republicana Pilar Vallugera ha admitido que existe cierta preocupación ciudadana por la multirreincidencia, pero que se ha impuesto, también, el "relato de gran parte de la derecha". Así, ha dejado claro que no se opondrían al texto para que no les puedan hacer reproche alguno, pero ha advertido de que no funcionará por el colapso que se vive en el sistema de Justicia. En este sentido, ha anunciado un pacto con el Gobierno para la creación de 90 nuevas plazas de jueces en Catalunya en 2027.

Respaldo municipal

La reforma legal ha sido especialmente bien recibida por los alcaldes de la región metropolitana de Barcelona, que han ido al Congreso a reivindicarla en múltiples ocasiones. De hecho, una decena de alcaldes de la asociación Arc Metropolità, que integra importantes municipios catalanes como Sabadell, Terrassa o Mataró, se desplazaron este mismo miércoles hasta Madrid para expresar su apoyo a la norma.

"Valoramos la ley muy positivamente porque nos da instrumentos contra la multirreincidencia", explica la alcaldesa de Sabadell y anterior presidenta del Arc Metropolità, Marta Farrés, quien subraya la importancia de que se incrementen las penas y de que los ayuntamientos se personen como acusación particular en las causas contra los presuntos delincuentes. La actual presidenta de la entidad, Ana Maria Martínez, alcaldesa de Rubí, celebra la norma como un “paso adelante necesario” y concluye que “refuerza la capacidad de actuación de los municipios y de las Policías Locales”.

Rechazo tajante

Sin embargo, la mayoría de socios habituales del Ejecutivo se ha opuesto de manera tajante a la proposición de ley. Entre los más duros ha estado el diputado de Sumar, Enrique Santiago, que ha calificado la votación de un "experimento de gran coalición" entre PSOE, PP y Junts para imponer una norma que es "un reflejo de lo mal que está el mundo, mano dura con los débiles e impunidad con los fuertes". "Los demócratas no deberían dejarse arrastrar por la ola reaccionaria y populista que exagera los problemas que no son los grandes problemas del país", ha dicho, en un claro reproche a sus socios en el Gobierno.

No ha sido el único. El diputado de EH Bildu Jon Iñárritu ha recalcado que "el endurecimiento de penas no sirve para prevenir los delitos". Hablando en catalán y dirigiéndose a la bancada de Junts, ha avisado de que "esta ley no funcionará, ni para detener los hurtos ni para detener a Aliança Catalana" y ha afeado a los socialistas que se presten a esto solo "por compensar a un partido que le hace falta". Y la parlamentaria de Podemos Martina Velarde ha recalcado que esa disputa entre Junts y los de Sílvia Orriols solo sirve para "alimentar relatos racistas y xenófobos de la ultraderecha".

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