Reforma en Justicia
Los fiscales progresistas, decepcionados con Bolaños por olvidarles al crear 500 plazas de juez: "Traslada el riesgo de colapso"
El Gobierno ha anunciado un plan para reforzar los nuevos tribunales de instancia, pero olvida a la plantilla de fiscales

Jueces y fiscales con las togas en las manos. / David Zorrakino - Europa Press

La Unión Progresista de Fiscales, cuya postura suele ir habitualmente acorde con los postulados del Gobierno en materia de Justicia, considera, sin embargo, que el anuncio de creación este año de 500 plazas de jueces sin que se hable nada de nuevos puestos de fiscal es decepcionante para este colectivo. "Reformar la Justicia sin reforzar la Fiscalía no es modernizar el sistema: es trasladar el riesgo de colapso al eslabón que ya soporta una presión extrema", manifiestan en un comunicado que firma el Secretariado de esta organización.
El anuncio del Gobierno tiene como objetivo reforzar los nuevos tribunales de instancia, además de otros órganos como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, y desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se ha vendido como "la mayor creación de plazas judiciales en un solo año de la historia judicial española".
Por ello señalan que el anuncio les ha producido una "profunda tristeza, decepción y preocupación por el enfoque del anuncio y por lo que deliberadamente ha quedado fuera del mismo".

Teresa Peramato toma posesión de su cargo como fiscal general del Estado en el Supremo / EP
Pese a calificar la creación de nuevas plazas de juez de necesaria, inciden en que la reforma de la justicia "no puede presentarse ante la opinión pública como una cuestión que se resuelve exclusivamente mediante el incremento de plazas en la carrera judicial".
Así, agregan que la carrera fiscal "no es un actor accesorio del sistema, sino un elemento central en la tutela de los derechos fundamentales, en la persecución del delito, en la protección de las víctimas y en el funcionamiento ordinario de múltiples jurisdicciones". La actuación de Justicia genera, a juicio de esta asociación, "un desequilibrio estructural que compromete la eficacia real del servicio público".
Este desequilibrio resulta aún más preocupante, subrayan, teniendo en cuenta los planes para atribuir a los fiscales la dirección de la investigación penal mediante la reforma de la ley procesal. "No es razonable anunciar nuevas responsabilidades estructurales para la Fiscalía —que implican un incremento sustancial de carga de trabajo, especialización y dedicación— sin garantizar previamente que la carrera fiscal contará con los efectivos suficientes para asumirlas con plenas garantías".
Los fiscales progresistas abundan en que la situación actual de la plantilla fiscal evidencia un déficit estructural sostenido en el tiempo. Además de unos incrementos en plazas insuficientes, apuntan al Ministerio Fiscal "afronta un escenario demográfico complejo, con un porcentaje significativo de fiscales próximos a la jubilación y sin un plan de reposición y crecimiento neto que permita garantizar la continuidad, la experiencia y la especialización del servicio".
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