El juez Puente no se cree al directivo de Acciona imputado en el caso Koldo: "Resulta casi cómico" contratar a una persona que no puede trasladarse

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente no suele evitar mostrar la opinión que le merecen las palabras de imputados y testigos durante la toma de declaración. Este lunes con el director de la zona sur de Acciona Construcción España, Manuel José García Alconchel, suspendido de funciones desde que fue imputado en el caso Koldo, le ha llegado a decir que "resulta casi cómico" que se contrate a una persona para las obras y que no pueda trasladarse por sí mismo a ellas. De esta forma reaccionaba a la explicación de que el cuñado del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán fuera contratado para una obra en Sevilla y, como disponía de medios para llegar hasta ella, se ocupara de ello Acciona.

García Alconchel ha explicado ante el magistrado que la firma del memorándum por la que su empresa se comprometía a pagar un 2% a Servinabar por el Puente V Centenario, en Sevilla, era un modelo base para los trabajos de seguridad laboral, motivo por el que coincidía con el rubricado con una obra en Logroño. Según sus palabras, se trata de una declaración de intenciones, que firma porque la entidad navarra ya colaboraba con su compañía desde años atrás y su nombre le había sido proporcionado por su superior, el ex responsable de Acciona Construcción España Justo Vicente Pelegrini, puesto que él llegaba después de pasar cuatro años y medio en el extranjero como responsable de la la compañía en África.

El juez Puente ha acordado para él las mismas medidas (comparecencias quincenales y prohibición de salir del país) que acordó para su superior y el otro directivo de la compañía suspendido, Tomás Olarte. Son las solicitadas por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que había destacado el hecho de que se recurriera a una pequeña empresa navarra para una obra en Sevilla.

En el Supremo García Alconchel ha explicado que firmó el memorándum, porque Servinabar ya colaboraba con su empresa. Son una especie de declaración de intenciones, que no fijan obligaciones y como el contrato se retrasó tanto (dos años y siete meses) Acciona hizo la obra con recursos propios sin que la empresa navarra llegara a intervenir, por lo que el memorándum que él firmó no se llegó a materializar. Señaló que en lo que participó fue en el puerto Sevilla S40, en concreto, la obra de emergencia, que es donde se contrata a Antonio Muñoz Cano, cuñado de Cerdán, al que dijo no conocer, "ni saber quién era".

El imputado ha explicado que la contratación la realizó Servinabar, no Acciona, aunque quedó a su disposición entre diciembre de 2019 y 2022. Ha señalado que se le contrató como supervisor de seguridad, para lo que se le dio formación. Su labor consistió en hacer seguimiento en arquetas y en labores de prevención, porque al ser una obra lineal era necesario hacer cortes de tráfico.

El fiscal le hizo ver que el propietario de la empresa navarra, Antxon Alonso, le trasladó su agradecimiento, con un “gracias, Manuel, no lo olvido". Fue en ese momento cuando el juez le puso de ejemplo necesitar una reforma en casa y contratar a un trabajador que no puede llegar por sí mismo a la obra, por lo que García Alconchel impartió instrucciones para su traslado.

Pasar un filtro

Para entonces el magistrado ya había mostrado su extrañeza porque para asumir las obras de seguridad e higiene en el trabajo de unas obras en Sevilla, Acciona acudiera a una pequeña empresa navarra sin infraestructuras en Andalucía. García Alconchel ha insistido en su tesis de que Servinabar ya estaba introducida en la empresa y su tamaño no era importante, porque "hay empresas pequeñas que trabajan muy bien". En el turno de su defensa, ha señalado que entre sus competencias no estaba la de comprobar si una empresa que trabaja con Acciona cuenta con los medios suficientes, porque entiende que los proveedores como Servinabar pasan algún filtro, un control del que él no era responsable.

También ha insistido, en contraposición con lo señalado en los informes de la UCO, que los trabajos efectivamente se prestaron, y que Muñoz Cano estaba dentro de una cadena en una obra de emergencia, un tipo de trabajos que describió como "muy reactivo", porque consiste en reaccionar a todo lo que va saliendo.

Además, ha explicado que firmó otro memorándum con Servinabar, tras un viaje a Marruecos en enero 2019, para una infraestructura en ese país, porque su superior le dijo que la empresa navarra tenía relación con fondos de inversión necesarios para ello.

García Alconchel, imputado en el marco de la investigación por presunto amaño en la adjudicación de varios contratos de obra pública conseguidas en Unión Temporal de Empresas (UTE) con la compañía vinculada al ex secretario de Organización del PSOE, aseguró que no conocía a Santos Cerdán y que ignoraba que la persona contratada fuera su familia.

A diferencia de Vicente Pelegrini, García Alconchel continúa en la constructora aunque fue suspendido en sus funciones el pasado 18 de noviembre, tras salir a la luz un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se imputaba a ambos y a Olarte. Los tres han quedado en libertad con prohibición de salir del país y comparecencias periódicas. El instructor de la causa les atribuye confianza en la "influencia" que tenía Cerdán para conseguir obras.

Los investigadores calculan que los ingresos percibidos por Servinabar vinculados con Acciona ascienden "al menos" a 6.707.294 euros, lo que supone el 75% del total ingresado en el periodo investigado, que suma 8.903.903 euros. Los investigadores apuntan al 2% que Servinabar se llevaba de todas las obras que hacía con Acciona e identifican como beneficiarios a Cerdán y su familia, mediante el cobro de nóminas, el pago de alquileres -incluida la hasta hace poco vivienda familiar en Madrid-, y una tarjeta de crédito de la que gastaron más de 33.000 euros. Acciona Construcción, por su parte, ha negado el pago de comisiones.

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