El juez Peinado archiva la causa contra la secretaria general de Presidencia tras interrogarla sobre la asesora de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha decretado el sobreseimiento libre de las actuaciones que había abierto en relación con la actual secretaria general de Presidencia, Judit González Pedraz, para poder tomarle declaración como imputada sobre la labor desarrollada por Cristina Álvarez como asesora de la mujer de Pedro Sánchez, informaron fuentes jurídicas.

Con esa diligencia, el magistrado -que mantiene como investigado a su antecesor en el cargo, el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre- trataba de apuntalar sus sospechas de que la contratación de Álvarez es constitutiva de un delito de malversación. Tras una comparecencia de media hora, el magistrado ha dictado el sobreseimiento libre para González, lo que significa que sus palabras le han convencido, porque al ser libre, y no provisional, no podrá ser reabierto aunque aparecieran nuevos indicios.

La secretaria general de Presidencia ha contestado a las preguntas que le han formulado tanto el juez como su abogado, el exfiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos, durante la breve comparecencia que ha realizado, en la que ha negado que Cristina Álvarez dependa de alguna forma de ella. Aseguró que ni siquiera comparten edificio en el complejo de La Moncloa, porque Álvarez trabaja en el que reside el presidente del Gobierno y su familia, informaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

Testigos

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que ha cambiado la guardia con el titular del juzgado 14 para poder realizar este domingo las declaraciones, también ha interrogado, aunque en su caso como testigos, al ex vicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio; al director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google España y Portugal, Miguel Escassi, y el presidente del Instituto de Empresa (IE), Diego del Alcázar.

Su nueva citación obedecía a los correos que Doadrio se cruzó con la asesora Cristina Álvarez en relación a la cátedra de Transformación Social Corporativa, codirigida por Begoña Gómez. De ahí que la comparecencia de Del Alcázar fuera aún más breve que la de González, porque negó haberse cruzado correo alguno con Álvarez mientras Gómez dirigía el África Center. Cuando las acusaciones le intentaron preguntar sobre por qué había sido contratada, el juez cortó de raíz esa vía y señaló que ese extremo ya se conocía. Se trata del punto que le llevó a imputar al presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE Business School y exconsejero madrileño, Juan José Güemes, con el argumento de que se había contradicho con una testigo anterior, decisión que luego revocó la Audiencia Provincial de Madrid.

En su informe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirmaba que Álvarez envió a Doadrio 121 mensajes en tres años, de los que se desprende que la colaboradora de Gómez mantuvo informado puntualmente al centro docente de cualquier avance de las conversaciones mantenidas con distintas empresas para que colaboraran con el proyecto.

El exvicerrector se ratificó en sus anteriores declaraciones, en las que como testigo explicó que las primeras comunicaciones relacionadas con la cátedra las mantuvo con la propia Begoña Gómez, que le "introdujo" a Álvarez "como una persona que la acompañaba de confianza". Cuatro o seis meses más tarde, le llamó la asesora y le explicó que le costaba "mucho entrar en el correo de Begoña y estar viéndolo", así que si no le importaba empezaría a escribirle ella. El correo que ella utiliza para las comunicaciones, según consta en el informe, era su Gmail.

Entre los correos que Álvarez envió a Doadrio hay uno del 7 de julio de 2022 en el que le informa de que Google pedía que se designara una persona de contacto por parte de la universidad y se opta por que esté encuadrada en la Escuela de Gobierno. Cuatro días después, Álvarez le dijo que debía dirigirse a Miguel Escassi, como director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google, para que comenzara a colaborar con la cátedra con 40.000 euros al año.

Por su parte, Escassi, que también se ratificó en sus declaraciones anteriores, señaló ante el juez que su interlocutora era la propia Begoña Gómez, aunque ha admitido haber participado en reuniones a las que acudió Cristina Álvarez, quien se habría presentado como una persona de apoyo en el proyecto tecnológico. Creyeron, en este sentido, que se trataba de alguien de la universidad y de la cátedra, según explican las fuentes consultadas.

El juez Peinado acordó la citación de los testigos y de la alto cargo de Moncloa en un auto en el que impulsaba la causa que sigue contra Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos. 

Intento frustrado

En su resolución el magistrado descartaba citar en el procedimiento tanto a Pedro Sánchez, por su "nula voluntad de colaborar", decía, como al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que también fue secretario general de Presidencia y contra el que también intentó actuar, al elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que le imputara que fue finalmente rechazada por la Sala Segunda.

Se trata de las primeras diligencias acordadas por el juez Peinado después de que la Audiencia Provincial de Madrid le ordenara unificar la causa en un único procedimiento y no escindir el delito de malversación en una pieza independiente en la que ya estaban imputados la propia Begoña Gómez, su asistente y el delegado del Gobierno en Madrid.

En la resolución en la que daba la condición de investigada a Judit González, Peinado defendía la imputación de la esposa del presidente del Gobierno y de la asesora por el delito de malversación de caudales públicos señalando que "el uso privado que constituye el capital humano, que percibe sus retribuciones por una administración pública, y, por tanto, es de pertenencia a un patrimonio público, es la conducta que el legislador penal ha considerado que merece ser objeto de reproche penal".

Agregaba que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y, en concreto, la sentencia del 'procés', señala que "la deslealtad en la administración de fondos públicos constituye el eje sobre el que pivota el delito de malversación de fondos públicos, con independencia de que se cause detrimento o perjuicio económico definido". Sostenía que ello ocurre al "destinar fondos públicos para el pago de una persona a la que se le asignan funciones públicas, pero que, además de realizar esas funciones públicas, realiza en su jornada laboral, otras de carácter claramente privado".

En ese punto, el juez Peinado critica el "carácter pasivo" del comportamiento del actual delegado del Gobierno en Madrid, como secretario general de la Presidencia del Gobierno desde julio de 2021 hasta marzo de 2023, al no "evitar que una persona bajo su dependencia, realice funciones ajenas a aquellas para las que ha sido nombrada, y no ha ordenado que deje de hacerlo".

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