El Supremo propone juzgar ya a Ábalos, Koldo y Aldama por los contratos de mascarillas

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto juzgar ya al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama por los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia del covid que se realizaron a través de organismos dependientes de ese ministerio. En el auto en el que se da por terminada la instrucción, el magistrado considera los hechos constitutivos de cohecho, pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos y cuatro delitos de tráfico de influencias.

En la resolución, el instructor ha dado traslado de las actuaciones al ministerio fiscal y a la representación de las acusaciones populares para que, en el plazo de 10 días, soliciten la apertura del juicio oral a través de la formulación del correspondiente escrito de acusación o, en el caso de las defensas, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

El juez Puente ya anunció la inminencia de la conclusión de esta parte de la investigación al abrir una pieza separada relativa a las presuntas adjudicaciones irregulares de obra, denunciadas por Aldama, causa en la que ya sí está imputado el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán y cinco empresarios que presuntamente habrían resultado beneficiados, entre ellos, Joseba Antxon Alonso Segurola, alias Guipuchi.

"Indebida compensación"

El auto del magistrado del Supremo señala que Ábalos, en connivencia con Koldo García y Víctor de Aldama, "podría haber determinado la adquisición, a través de entidades dependientes del Ministerio de Transportes (Puertos del Estado y ADIF), y en el contexto de la pandemia del covid-19, de sendas partidas de mascarillas, a cambio de recibir una indebida compensación económica procedente de Aldama, quien, a su vez, se beneficiaba también en términos económicos de las comisiones que le reportaba la realización del mencionado ilícito negocio".

En concreto, la resolución judicial apunta que el comisionista "pudo haber obtenido información previa y privilegiada sobre las necesidades derivadas de la urgencia, lo que le habría permitido articular una oferta [...] para asegurar la perfección del contrato de suministro en favor de la empresa cuyos intereses promovía, Soluciones de Gestión y Ayuda a las Empresas, S.L.".

Al final Puertos del Estado adquirió 8 millones de mascarillas y ADIF 5 millones a empresas vinculadas con Aldama, que obtuvo unos ingresos que superarían los 5,5 millones de euros "como consecuencia de la comisión obtenida de Soluciones de Gestión". Los contratos de las Administraciones gobernadas por los socialistas superaron los 53 millones de euros.

Un viaje a México

En su relato de hechos, el magistrado explica que después de tomar posesión en 2017 como ministro de Fomento, Ábalos conoció al denominado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como "nexo corruptor", Víctor de Aldama, a través de su asesor Koldo García, quien había conocido al hermano del comisionista, Rubén de Aldama. Y fue entonces cuando Ábalos comenzó a encomendar gestiones a Aldama, entre otras en febrero de 2019 acompañar al entonces ministro "a un viaje a México, en el curso del cual, y por intermediación" del comisionista, se organizó una visita "al Senado de aquel país".

Y en ese momento, los investigados vieron "la oportunidad de obtener un beneficio económico" de sus relaciones con Aldama: "De esta manera, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba el señor Ábalos en el Gobierno de España, podrían favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública, en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Aldama, así como facilitar a éste el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas".

Y Ábalos, en connivencia con Koldo García y el propio Aldama, "podría haber determinado la adquisición, a través de sendas entidades dependientes del Ministerio de Transportes (Puertos del Estado y ADIF), y en el contexto de la pandemia del Covid-19, de sendas partidas de mascarillas, a cambio de recibir Ábalos y Koldo García una indebida compensación económica procedente del señor Aldama, quien, a su vez, se beneficiaba también en términos económicos de las comisiones que le reportaba la realización del mencionado ilícito negocio".

10.000 euros al mes

En el marco de esa "concertación", prosigue el magistrado Puente en su resolución, Aldama, desde octubre de 2019, entregaba a Koldo García "en metálico la cantidad mensual de 10.000 euros, pagos que se habrían prolongado, al menos, hasta el año 2021".

Estos fondos se los repartían Ábalos y Koldo García, aunque en algunas ocasiones las entregas fueron efectuadas a Joseba García, hermano de Koldo, en la República Dominicana, "país en el que sí disponía Aldama de dinero metálico bastante para afrontarlos". En concreto, el 31 de octubre y 13 de diciembre de 2021 Joseba García habría recibido del entorno de Aldama "10.000 dólares norteamericanos que llevaría después" a su hermano en España.

Asimismo, según el auto, el comisionista "concertó un contrato de arrendamiento con opción de compra" de un piso de su propiedad, situado en el madrileño Paseo de la Castellana, en de Ábalos, "fijándose una renta anual de 30.000 euros, que nunca llegó a abonar el exministro, "quien tampoco ocupó en ningún momento el mencionado inmueble, estableciéndose como precio de adquisición 750.000 euros, --descontando de esa cantidad, conforme se convino, los importes que se hubieran entregado en concepto de renta--, para el caso de ejercitarse la opción de compra, precio de compra convenido muy inferior al real de mercado".

Vivienda y empleos públicos para Rodríguez

Otra de las presuntas mordidas sería el alquiler de una vivienda de lujo en la madrileña Plaza de España que ocupó la entonces novia de Ábalos, Jésica Rodríguez. El pago de 2.700 euros al mes se habría realizado, al igual que en los casos anteriores, para "obtener del ministro un trato preferente para sí mismo y para las empresas cuyos intereses promovía". Las rentas fueron abonadas en un primer momento por un socio de Aldama, hasta un total de 82.248,40 euros, para después sufragarlos el propio Koldo García, "a través de cuentas bancarias pertenecientes a personas de su círculo familiar".

Además, Jésica Rodríguez García fue contratada primero por la empresa pública Ineco (cobró 18.100 euros brutos anuales) y después por Tragsatec, con un salario mensual de 1.173,67 euros. Las nóminas las percibió "sin haber acudido un solo día" al trabajo, tal y como reconoció en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo.

Rescate de Air Europa

También fruto de esta presunta concertación, el auto del magistrado Leopoldo Puente incluye "las gestiones para la financiación pública (rescate de Air Europa)". En este apartado el instructor sostiene que para promover los intereses de la compañía aérea, compañía a la que asesoraba en los momentos de la pandemia, "pudo promover [...] la publicación de una nota de prensa" por parte del Ministerio de Transportes "para que dicha mercantil obtuviera la correspondiente financiación pública".

Y a cambio de la difusión por los medios de comunicación de dicha nota de prensa elaborada por el Ministerio de Transportes, "que beneficiaba a Air Europa tranquilizando a sus acreedores al transmitir a éstos que aquélla iba a obtener determinado respaldo financiero público", Ábalos podría haber obtenido "el gratuito disfrute de un chalet vacacional en Marbella para sí mismo y para su familia durante varios días --concretamente, del día 12 al 23 de agosto de 2020-- cuya renta era, para ese breve período, de 8.900 euros, arrendamiento que habría formalizado la expareja de Koldo García", en alusión a Patricia Úriz.

"El dinero empleado para hacer estos pagos procedería del propio Aldama o de la empresa cuyos intereses éste representaba y habría sido entregado como gratificación a cambio de la publicación de dicha nota de prensa", concluye el instructor.

Ministerio de Industria

Otras de las actuaciones imputadas a Ábalos fueron, prosigue el auto, las gestiones realizadas en su nombre por Koldo García "en favor de la empresa Villafuel", vinculada a Aldama, y que habrían tenido como consecuencia que el exministro se beneficiara del alquiler del chalet de La Alcaidesa (Cádiz). En concreto, el asesor del Ministerio de Transportes "pudo haber influido también para que se concertara una entrevista entre Claudio Rivas y María del Carmen Pano Sánchez, interesados en obtener una licencia de operador de hidrocarburos para la mercantil Villafuel, con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe en ese momento del gabinete de la ministra de Industria, que era entonces María Reyes Maroto".

Fue la empresa Have Got Time la que "a cambio de las mencionadas gestiones y por indicación de Aldama, adquirió el inmueble, después arrendado a Ábalos con opción de compra en la costa de Cádiz" y que había sido "escogido por José Luis Ábalos por ser el que mejor se acomodaba a sus intereses". Después, el exministro abonó en julio de 2021 un total de 7.500 euros a la firma Have Got Time, cuyo propietario real era el empresario Claudio Rivas Ruiz-Capillas, socio del "nexo corruptor". Pero al no fructificar las gestiones para obtener la licencia de hidrocarburos que pretendía Villafuel, la firma Have Got Time reclamó a Ábalos "las rentas debidas y el contrato de arrendamiento se resolvió por acuerdo posterior de las partes".

Aldama también habría logrado que Koldo García desplegara su influencia para lograr una reunión "con Carlos Moreno, quien era en ese momento jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero - y sigue en como jefe de Gabinete de la vicepresidenta primera- ; reunión que efectivamente se llevó a término y que, en ese caso, tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de Aldama, aplazamiento de la deuda tributaria que, en efecto, se llevó finalmente a término".

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