El Supremo pide al Parlamento Europeo levantar la inmunidad al eurodiputado Alvise Pérez

El juez del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha acordado solicitar al Parlamento Europeo el suplicatorio de suspensión de la inmunidad para poder investigar al eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, por delito electoral y supuesta financiación irregular de su campaña a las elecciones europeas con el partido Se Acabó La Fiesta (SALF).

Este es el segundo suplicatorio elevado a la Eurocámara para que se le levante la inmunidad a Alvise de las cuatro causas que tiene abiertas en el Supremo, ya que el pasado mes de julio ya se acordó remitir la que investiga presuntos delitos, como acoso, de los que habría sido víctima la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.

Este mismo domingo Alvise Pérez presentó en un acto en Vista Alegre, en Madrid, su partido SALF a nivel nacional y con el que pretende concurrir a las próximas elecciones generales con un programa que plantea la deportación masiva de inmigrantes irregulares, la creación de una cárcel como las de El Salvador o un referéndum para decidir si España sigue en la UE.

En relación a este nuevo suplicatorio, Sánchez Melgar indica que los hechos investigados, basados en una denuncia del empresario Álvaro Romillo, conocido como "CriptoSpain", se refieren a una reunión entre ambos antes de las últimas elecciones europeas, en la que Alvise le habría solicitado dinero para financiar su partid, pero de forma oculta, sin constar en documentación alguna, ni reflejarse en su contabilidad.

A cambio de entregarle ese dinero, 100.000 euros, Romillo le pidió influencias y contactos derivados de su actuación como parlamentario europeo.

Ambos -prosigue el auto- habrían acordado que la entrega se haría por un tercero, comisionado de Romillo, que entregaría a Pérez una mochila con dicha cantidad.

Los detalles se habrían fraguado mediante mensajería instantánea, como ha sido comprobado por la instrucción a través del teléfono móvil de Romillo, que está siendo investigado en la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal a través de su plataforma Madeira Investment.

El citado comisionado llevó una mochila de color oscuro, que entregó a Alvise, quien dijo tomarla y llevarla a su casa, sin ingresar tal cantidad de dinero, que iba en billetes de diversas clases, conforme aseguró al serle tomada declaración, y que dejó guardada en su casa, gastándose hasta el día de la declaración, aproximadamente el 50 por 100 de su importe, en gastos y necesidades del partido político, como viajes o almuerzos.

El auto recuerda que Alvise, en la declaración que prestó en julio ante el instructor de forma voluntaria, aseguró que recibió ese dinero en pago por una conferencia en el hipódromo de Madrid, ante una colectividad de posibles seguidores o interesados en su posición política, intervención de escasa duración, y por la que iba a cobrar la expresada suma de 100.000 euros, “hecho a todas luces, poco verosímil”, indica el auto.

Alvise negó que utilizara el dinero para la financiación de su partido porque, según aseguró, la campaña le costó poco más de 30.000 euros.

Indica el instructor que la prueba pericial del teléfono intervenido a Romillo en esta causa, y que ha sido practicada por la policía judicial, acredita sin embargo "todos los aludidos extremos", fundamentalmente las conversaciones entre ambas personas y los pormenores de una presunta financiación irregular.

Ello, añade, "supone una forma de proceder que desequilibra el buen funcionamiento electoral, tratándose de aprovechar de influencias futuras (...) que ayude al Sr. Pérez a obtener escaño en el Parlamento europeo y se transgreda, en consecuencia, el bien jurídico protegido que lo es la limpieza y transparencia electoral”, reza el auto.

El magistrado considera que los hechos objeto de investigación han de ser calificados, como sendos delitos de financiación ilegal de partidos políticos y delito electoral.

Dado que no puede seguir con la investigación sin obtener el placet del Parlamento Europeo para continuar instruyendo la presunta comisión delictiva, el juez acuerda además suspender, mientras tanto, las actuaciones, salvo aquellas actuaciones urgentes que no comprometan los derechos esenciales del eurodiputado.

El instructor argumenta también que este procedimiento judicial no guarda relación alguna con las actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias, y que los hechos imputados y los delitos que se consideran de aplicación se centran en su actuación anterior en el tiempo a la adquisición de su condición de diputado del Parlamento Europeo. 

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