Montero espolea a Feijóo para que “ponga pie en pared” y obligue a Ayuso a cumplir la ley del aborto

El Gobierno recurre a Alberto Núñez Feijóo para que evite que Isabel Díaz Ayuso rechace la creación del registro de objetores al aborto, como marca la ley, y garantizar con ello la práctica de este derecho en la sanidad pública. “No puede haber comunidades insumisas en el cumplimiento de la ley”, ha arremetido la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, espoleando al presidente del PP para que “ponga pie en pared”. Una petición sin demasiada confianza, pues acto seguido Montero ha cuestionado el liderazgo de Feijóo a la hora de marcar posición entre suyos.

“A Feijóo se le ven las costuras, no tiene liderazgo, más cuando tiene a Ayuso con un criterio diferente”, criticó en declaraciones a los medios desde Cádiez tras una visita al Taller de Unidades Abiertas Planas (TUAP) del Astillero Navantia San Fernando. Como ya advirtió este jueves Pedro Sánchez, la también candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas avisó que “nadie va a estar por encima de la ley”, dando a entender que se llevará a la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional. Asimismo, apostó por blindar este derecho con una reforma de la Constitución, para lo que serían necesarios los votos del PP en el Congreso.

Los socialistas agitan las divisiones internas en el PP, al tiempo que tratan de minar el liderazgo de Feijóo. Lo hacen desde el argumento de que los populares están cediendo a la agenda de Vox en los territorios donde gobiernan. La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha referido a que se tomarán las medidas necesarias y calificó de “aberrantes” las declaraciones de Ayuso conminando a las mujeres a irse “a otro lado a abortar”.

La presidenta madrileña ha cerrado la puerta al requerimiento del Gobierno con el argumento de que "no voy a hacer la lista negra de médicos nunca”. Durante el Pleno de la Asamblea de Madrid celebrado este jueves, apoyó su rechazo en que la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Convenio Europeo de Derechos Humanos protegerían a los profesionales para no declarar sobre su ideología, religión o creencias.

“Sobre el aborto, mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes”, aseguraba al respecto el líder de la oposición a través de una misiva. Asimismo, criticaba a Sánchez porque “no defiende a las mujeres, las utiliza”.

Plazo de tres meses

En su contraofensiva para garantizar el derecho al aborto, el jefe del Ejecutivo envió un requerimiento a los presidentes autonómicos de Aragón, Asturias, Illes Balears y Madrid en los que les daba tres meses para crear y regular el Registro de Personas Objetoras, con el objetivo de evitar dificultades en la interrupción voluntaria del embarazo, como derivaciones a la privada y otros territorios. El objetivo pasa por "garantizar que todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y asegurar que este derecho se ejerza en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad". 

La Ley Orgánica 2/2010 reformada en 2023 obliga a todas las comunidades a crear un Registro de Objetores. Para ello, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en 2024 el protocolo por unanimidad. Según sostienen desde el Ejecutivo, la falta de este registro "limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley". El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales, sostienen, "nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres".

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