Hacienda ultima la senda fiscal y se propone "correr" para votar los Presupuestos antes de final de año

El ministerio de Hacienda no quiere perder más tiempo y prevé llevar “en los próximos días” al Consejo de Ministros la senda fiscal y el techo de gasto. Antes, se deberá convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para trasladar los objetivos de déficit a las comunidades autónomas. Transcurrido un mes desde que se abrieron los primeros contactos con los grupos parlamentarios para negociar los Presupuestos y fuera ya del plazo marcado por la Constitución para remitirlos al Congreso (el artículo 134.3 establece que el Gobierno deberá presentarlos "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior"), el objetivo prioritario sigue siendo someterlos a votación de totalidad antes de final de año. Para ello, en Moncloa asumen que deberán pisar el acelerar y “correr” a partir de ahora. Tanto es así que, una vez aprobado la senda fiscal en el Consejo de Ministros, el primer paso para la elaboración de las cuentas públicas, se pretende introducirla de urgencia en el orden del día del pleno de esa misma semana para evitar más dilaciones.

En el Ejecutivo miran a los tiempos de las tramitaciones de otros años para asegurar que todavía están a tiempo de evitar otra prórroga obligada, en el caso de que arranque 2026 sin entrar en vigor las nuevas cuentas públicas. La fecha límite para ello se calcula a mediados de octubre, cuando deberían estar presentados los Presupuestos. La dificultad añadida es el Senado, con mayoría absoluta del PP, que podría ralentizar la tramitación. Sin embargo, en el Ejecutivo barruntan que si se tumba el proyecto de Presupuestos a la primera en la Cámara alta también se devolverán con menor demora al Congreso.

“Estamos ajustando los últimos números”, avanzaba este lunes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero para añadir que se va a "presentar cuanto antes el techo de gasto y, por tanto, la senda de estabilidad, que es lo previo al proyecto de Presupuestos". A pesar de los retrasos, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, le echaba un capote para remarcar que “seguimos con lo previsto y presentaremos los Presupuestos Generales del Estado”. Antes de todo ello, deberá materializarse un acuerdo en el seno de la coalición de Gobierno, entre PSOE y Sumar. Aunque Hacienda está cerrando las partidas con los ministerios de Sumar, falta por consensuar el proyecto.

Más allá de los plazos, el Gobierno sigue lejos de acercar apoyos de los socios de la mayoría de investidura. Ni siquiera en los objetivos de déficit, para los que dicen estar dispuestos a dar más capacidad de déficit a las comunidades autónomas. La decisión pasa por presentarlos con o sin la garantía de que salgan adelante para así poner ya en marcha la maquinaria para la tramitación parlamentaria. Someterlos a votación, algo que se ha evitado en lo que va de legislatura por la falta de apoyos, es una “decisión política”.

En el caso de que el Congreso tumbase la propuesta del Gobierno para la senda fiscal, el proyecto se elaboraría sobre la base de la actual. Un mecanismo de presión añadida a los socios para acelerar las negociaciones y cuyo efecto limitan en Hacienda al considerar positivos para la Administración General del Estado los actuales objetivos de déficit.

A los avisos del Congreso, principalmente por el desmarque de Junts y Podemos que han visibilizado en votaciones clave la falta de una mayoría favorable al Gobierno, se suma la falta de avances en carpetas que los socios consideran imprescindibles para sentarse a negociar los Presupuestos. Este es el caso de la financiación singular en el caso ERC.

Choques con Junts y ERC

El distanciamiento por la financiación singular entre el Gobierno y ERC, tras calificar Hacienda el planteamiento de los republicanos para la gestión del IRPF como “inasumible”, llevó a Oriol Junqueras a elevar el órdago avisando que sin acuerdo no habrá Presupuestos. La condición de María Jesús Montero como ministra de Hacienda y candidata a las próximas elecciones a la Junta de Andalucía la obliga a hacer equilibrios frente al discurso del agravio con Catalunya que agita el presidente andaluz, Juanma Moreno. 

La decisión de llevar al Consejo de Ministros este martes un real decreto para aprobar de forma urgente el control horario tras tumbarse en el Congreso la reducción de la jornada laboral tampoco sirve para acercar posturas con Junts. Frente al choque entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y los posconvergentes por esta medida, en la parte socialista tratan de acercar posturas y evitar una ruptura de puentes.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ni siquiera dio por hecho que se aprobaría esta medida y trató de contemporizar con los de Carles Puigdemont abogando por medidas de acompañamiento a las pymes y ayudas a los sectores donde repercuta más la reducción de jornada. En la misma línea, se buscan fórmulas para tratar de salvar algunas de las medidas del acuerdo sobre la delegación de competencias en inmigración a Catalunya, que rechazó el Congreso con los votos de PP, Vox y Podemos. Con los morados tampoco ha habido avances y sus exigencias, relacionadas con la intervención del mercado del alquileres y la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, son calificadas de inasumibles por el Ejecutivo.

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