La jueza abre juicio oral a González Amador por cuatro delitos, entre ellos el de pertenecer a un grupo criminal

La jueza Carmen Rodríguez-Medel, que ha asumido provisionalmente la causa abierta por fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha abierto juicio oral contra el empresario por cuatro delitos. A los dos fraudes contra Hacienda y la falsedad contable incorpora ahora el de organización criminal.

Este lunes se conoció que la jueza había rechazado dejar en suspenso este definitivo paso procesal contra el empresario mientras se resuelven los recursos de apelación que la defensa presentó ante la Audiencia Provincial para evitar llegar a ser sentado en el banquillo. "No ha lugar a la suspensión interesada al no apreciarse causa para ello siendo los recursos no suspensivos con carácter general en el procedimiento abreviado", rezaba la resolución del Juzgado de Instrucción número 19 del pasado jueves.

Y, consecuentemente con lo avisado, la jueza ha dictado un auto de 16 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que abre juicio oral contra González Amador y sus socios por los dos concretos delitos contra la Hacienda Pública en relación al impuesto sobre sociedades del ejercicio 2020 en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular; a lo que se suma un delito continuado contable y otro de pertenencia a grupo criminal.

Se trata de los delitos que incluyó en su escrito de calificación provisional la acusación popular ejercida por el PSOE y Más Madrid, solicitando por esta última conducta concreta año y medio de prisión e inhabilitación para poder administrar empresas.

La inclusión de este último delito, no considerado hasta este momento, responde a que la juez incluye las consideraciones de la acusación popular en el sentido de que la pareja de Ayuso junto a su supuesto testaferro, el mexicano Maximiliano Niederer, y los empresarios apuntados por las facturas supuestamente falsas -- David Herrera, y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo--, podrían haberse concertado para engañar a Hacienda mediante un operativo de acreditación de actividades económicas inexistentes con el fin de evadir impuestos. De condenarse por este nuevo delito, González Amador podría enfrentarse a una condena muy superior a la de 3 años y 9 meses de cárcel que pidió inicialmente para él la Fiscalía.

La jueza señala el auto de apertura de juicio oral es "una resolución que sirve para que el procedimiento avance", todo ello con base en los hechos recogidos en los tres escritos de acusación presentados --de Fiscalía, Abogacía del Estado y la acusación popular-- que va en consonancia con lo dictado por la ya jubilada jueza que realizó la instrucción, Inmaculada Iglesias, al concluir sus pesquisas.

A todo ello se suma que el empresario tiene aún otra pieza abierta en el mismo Juzgado por presunta corrupción en los negocios y administración desleal cuya instrucción apenas ha comenzado, que es la que trata de esclarecer si utilizó una sociedad interpuesta para ocultar comisiones irregulares e ingresos procedentes de Quirón.

Recursos pendientes

El primer día de septiembre, la defensa del empresario había presentado recurso contra su procesamiento por delitos de fraude fiscal y falsificación de documento. Solicitaba que se tuviera en cuenta numerosa documentación que no fue aceptada por la instructora de la causa, Inmaculada Iglesias, y que justificaría negocios en México y Costa de Marfil que servirían para rebatir las acusaciones de facturación falsa y el fraude fiscal derivado de este operativo.

Con esta maniobra, González Amador buscaba anular el auto por el que la titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid --cuyo juzgado asumirá ahora el juez Antonio Viejo, pendiente aún de que su nombramiento se publique en el BOE- rechazó su recurso inicial de reforma al apreciar "claros indicios" de que se sirvió de este operativo de facturación ficticia para defraudar, presuntamente, 350.951 euros a Hacienda.

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