Los fiscales progresistas amenazan con unirse a la huelga contra Bolaños, que concita un 70 por ciento de seguimiento en su segunda jornada

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), hasta este momento ajena a la huelga convocada contra la reforma auspiciada por el ministro Félix Bolaños para "modernizar" el acceso a las carreras judicial y fiscal, amenaza con unirse a las protestas si el PSOE no retira una enmienda presentada al proyecto y que concreta el proceso para hacer fijos a los funcionarios que ahora cumplen estas labores como sustitutos.

"La UPF solicita la retirada inmediata de esta enmienda, reservándose para el caso de que no ser así, proceder a replantearnos nuestra postura y asumir un rechazo total a este proyecto legislativo, así como adoptar otras medidas de conflicto que puedan surgir", señalan en un comunicado distribuido este miércoles. Rechazan especialmente la preferencia de elección de destino que la norma otorga a quienes opten al concurso-oposición, algo a lo que los opositores o fiscales ya ejercientes no pueden aspirar.

También se ha pronunciado la asociación de jueces más cercana al PSOE --Juezas y Jueces para la Democracia-- que rechaza igualmente la enmienda pero descarta medidas de protesta. Por el momento plantean una reunión con el grupo parlamentario proponente para que sea retirada, según han señalado a este diario fuentes de esta organización.

"Las prisas nunca son buenas consejeras y, además, llevan a asumir apariencias y cometer errores", señalan desde Jueces para la Democracia, para agregar que el proceso de regularización de sustitutos debería desgajarse de la ley de reforma. "Sólo con la tramitación sosegada y trasparente que permita abordar con la adecuada planificación y valorando todas las opciones disponibles podrá alcanzarse una solución a un problema complejo en beneficio de la ciudadanía y de la carrera judicial", agrega su comunicado.

Seguimiento masivo, según los convocantes

Por su parte, las cinco asociaciones de jueces y fiscales convocantes de los tres días de huelga que comenzó este martes han cifrado en un 70 por ciento el seguimiento de la segunda jornada de paros, lo que supone una cifra algo inferior a la que dieron el primer día de convocatoria, que afectó a tres de cada cuatro funcionarios y fue calificada de "éxito" por estas organizaciones.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rebajado esta cifra a un 28, 75 por ciento en la primera jornada de huelga --frente al 75 por ciento que calcularon los convocantes-- y a un 30,84 por ciento la de este miércoles. "Cualquier parecido de la cifra de seguimiento que dieron es pura coincidencia", ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser. Los huelguistas responden que esas cifras pueden responder a vistas suspendidas, pero "los jueces hacen muchas más cosas".

Según el Comité de Huelga, la cifra dada es una "estimación" que se fundamenta en los correos electrónicos voluntarios y confidenciales recibidos de compañeros y compañeras que han comunicado su decisión de parar contra las reformas del Gobierno. Pese al alto porcentaje que comunican, las asociaciones aseguran que gracias a la planificación de los servicios mínimos esenciales establecidos por el propio comité confían en que el impacto directa to sobre la ciudadanía "haya sido limitado, garantizando en todo momento la atención urgente e inaplazable"-

De momento, sigue estando en el aire si los jueces y fiscales que apoyan la protesta contra las leyes dirigidas a modificar el acceso a ambas carreras verán mermados sus salarios o este paro les saldrá gratis. El ministro asegura que "el derecho a huelga conlleva un derecho (parar) y un deber (no cobrar)", pero nadie ha comunicado a su departamento quiénes son las personas que han secundado el paro. "A esta hora son cero personas", afirma.

Y no parece que esta situación vaya a cambiar a lo largo de este miércoles. Desde las asociaciones aseguran que ellos no van a facilitar estos datos porque no les corresponde, ya que la ley establece que quien debe controlar ese asunto es el empleador, en este caso el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Por el momento, ambas instituciones se ponen de perfil y no tienen previsto asumir esta responsabilidad, alegando que la protesta carece de sustento normativo. Y ello pese a que, en anteriores mandatos, desde el órgano de gobierno de los jueces sí se remitieron las comunicaciones recibidas en el Consejo de los miembros de la Carrera Judicial que habían secundado otras huelgas anteriores, pese ha hacerlo con semanas de retraso.

Las asociaciones aseguran que tres de cada cuatro jueces y fiscales han secundado la huelga contra Bolaños

"El problema es que todos se hacen los tontos con la huelga, que si no tiene base legal, que si no se reconoce -señala a El PERIÓDICO Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente-. Si la hubieran asumido y nos hubieran fijado servicios mínimos, ya estaría, pues informaríamos al Consejo y este al Ministerio para detraer. El cómputo que nosotros hacemos es sólo con fines de seguimiento y no es obligatorio, así que no podemos dar esos datos". Lo mismo trasladan desde la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Desde Justicia, con independencia de esta situación, se defienden sus reformas frente a las protestas. "¿Cómo es posible que tengamos una oposición que se estableció en el siglo XIX?", ha cuestionado Bolaños durante la entrevista.. "Estamos garantizando que haya unos centros públicos de oposiciones, estamos dando becas para que todo el mundo pueda acceder a la carrera judicial -ha añadido-. Gracias a esta reforma vamos a incorporar casi 1.500 jueces y fiscales en tres años. Las movilizaciones se basan en motivos totalmente infundados".

Suspensión de juicios

La institución que sí da cifras, pero de incidencia para los ciudadanos, es el Colegio de la Abogacía de Madrid, que ha informado que durante la primera jornada de paros del total de 945 juicios señalados para la jornada de hoy, 461 fueron suspendidos, lo que representa 48,8 % de suspensión total. 

La huelga llega después de la concentración convocada el sábado pasado por las mismas asociaciones frente a la sede del Tribunal Supremo, que congregó a miles de personas, entre ellas cientos de jueces y fiscales, para exigir la retirada de ambos proyectos. Consideran que los cambios, que incluyen un examen escrito en los procesos de oposición y la regularización de los jueces y fiscales sustitutos, además de un impulso al denominado cuarto turno no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.

Los fiscales progresistas, contra la enmienda

Por otra parte, desde la Unión Progresista de Fiscales, que no secunda la huelga, se rechaza la enmienda presentada por el propio PSOE al proyecto del Ejecutivo para concretar el proceso de hacer fijos a los jueces sustitutos. Se propone que los cinco años de ejercicio profesional que se exige para optar al concurso -oposición los sean de "ejercicio en profesiones jurídicas que exijan para su desempeño estar en disposición de esa titulación y que legal, reglamentaria o estatutariamente tengan encomendadas funciones jurisdiccionales o de actuación ante juzgados o tribunales".

Según los fiscales progresistas, el cambio supondrá un perjuicio y una absoluta injusticia para el resto de compañeros y compañeros que acceden a la carrera fiscal por el turno libre de oposición, así como aquellos que ya forman parte de ella, pues incluye que quienes se presenten a esta regularización "tendrán un derecho de elección entre el lugar de su último nombramiento o en su caso de su domicilio, derecho que jamás se ha reconocido en ningún proceso de acceso a la función pública, ni por supuesto a la carrera fiscal".

Reclaman a Justicia que con anterioridad de convocar el proceso de estabilización a ampliar la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal en esas 331 plazas, que las mismas sean ofrecidas en concurso a toda la plantilla, y las que quedasen vacantes se ofreciesen en su caso a las personas que accediesen a la carrera fiscal por el procedimiento extraordinario de estabilización.