Las asociaciones aseguran que tres de cada cuatro jueces y fiscales han secundado la huelga contra Bolaños

El primero de los tres días de huelga convocados por cinco asociaciones de jueces y fiscales -- todas menos las dos de sensibilidad más progresista-- en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno para reformar el acceso a ambas carreras ha tenido un seguimiento cercano al 75%, según lo cifran las organizaciones convocantes. Califican de "éxito" que tres de cada cuatro de estos funcionarios hayan decidido secundar los paros en defensa de la independencia judicial, que consideran está en peligro.

A pesar de que tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, recordaron la semana pasada que la huelga carece de respaldo normativo, los convocantes defienden su derecho a parar y asumen que su sueldo se verá mermado como ocurre con cualquier trabajador que ejerce este derecho.

El Ministerio de Justicia advirtió de que había solicitado tanto al CPGJ como a la Fiscalía General que cada día le informen, antes de las 14:00 horas, de los jueces y fiscales que no acudan a su puesto de trabajo "con el fin de conocer el seguimiento de la convocatoria y detraer el salario de quienes la secunden". Para el departamento comandado por Félix Bolaños, "esta comunicación es necesaria para asegurar el buen uso de los fondos públicos, ya que el ministerio es el organismo pagador de jueces, fiscales y magistrados."

Sin embargo, y según ha anunciado, el Consejo no ha recabado dato alguno de participación en la huelga , que tiene por no anunciada, lo que dificultará restar los salarios a los participantes en la protesta. Varios de los portavoces de las asociaciones convocantes han coincidido en que en otros paros se les ha detraído el sueldo.

Guerra de cifras

Según fuentes de Justicia, sin embargo, en el primer día de huelga ha habido normalidad casi absoluta en los tribunales y fiscalías de nuestro país y la única cifra oficial del seguimiento de una huelga es la cifra de huelguistas que comunican su participación en el paro y a los que el pagador de su nómina tiene que detraer el sueldo. 

A este respecto, desde el Gobierno avisan de que a las 18:00 horas del martes, primer día de los paros, ni el Consejo del Poder Judicial ni, la Fiscalía General ni tampoco desde las asociaciones de jueces y fiscales habían comunicado al Ministerio ningún dato de una sola persona que hubiera secundado el paro. 

Valoración de la huelga

La huelga ha sido convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Para calcular el seguimiento han tenido en cuenta los correos electrónicos remitidos a una dirección habilitada para ello por los efectivos en huelga sin contar a los que en julio están de vacaciones, en servicios especiales o de baja. No obstante, no disponen de un cómputo de juicios suspendidos ni de datos por comunidades autónomas, en las que reconocen un seguimiento dispar (en Murcia, por ejemplo, habría parado el 80%).

Las enmiendas presentadas por el PSOE para modificar el texto y concretar el proceso por el que se convertirá en fijos a más de 1.000 jueces y fiscales sustitutos, que es el principal motivo de propuesta de los jueces, no se conocieron hasta bien avanzado el primer día de huelga.

María Jesús del Barco, de la APM, considera un "éxito" la convocatoria más aún teniendo en cuenta que a los jueces les cuesta mucho sumarse a este tipo de movilizaciones; mientras que Sergio Oliva, de la Francisco de Vitoria, ha lamentado el escenario, así como el perjuicio causado a la ciudadanía y a los operadores jurídicos. Asegura que desde Justicia, en las últimas horas, no se han puesto en contacto con ellos ni han hecho ningún movimiento para tratar de evitar el conflicto, mientras que el seguimiento alcanzado, a su juicio, "habla a las claras del compromiso ético de los jueces y fiscales para no perder la independencia judicial".

También por parte de los jueces se ha pronunciado Fernando Portillo, de Foro Judicial Independiente, que ha destacado la participación de los jueces más jóvenes y ha explicado que los jueces y fiscales "no se están lanzando contra otro poder", sino que están intentando salvaguardar la independencia del poder judicial.

Por parte de los fiscales, ha intervenido Cristina Dexeus, de la mayoritaria Asociación de Fiscales, que considera un rotundo éxito la convocatoria --que calcula en un millar de los casi 2.700 que integran este colectivo--, pese al temor que transmitió el Consejo y el propio fiscal general al cuestionar la legitimidad de la huelga. Ha recordado que en tiempos de María José Segarra al frente de la Fiscalía se asumieron los servicios mínimos por la propia Fiscalía General y se pidió que los que pararan remitieran un correo electrónico para comunicarlo. "Ahora nadie nos ha dicho nada", ha lamentado.

Grito "de auxilio" entre la corrupción

Salvador Viada, de la APIF, ha resaltado que ni jueces y fiscales están acostumbrados a hacer huelga y aun así el paro ha tenido un gran seguimiento por la "amenaza real que significa para el Estado de derecho" por la admisión de un millar de jueces sustitutos. Este fiscal, recientemente jubilado, ha realizado el discurso más político al recordar los procedimientos abiertos contra la familia del presidente del Gobierno y el ingreso en prisión del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

"Esto se hace en un contexto de corrupción del entorno del presidente del Gobierno" y por ello, en su opinión, la huelga "es un grito de auxilio que estamos lanzando", ha afirmado. Tanto Viada como Dexeux se han mostrado muy críticos con la nueva ley, porque consideran que la gestión del fiscal general se prevé sin contrapesos, cuando lo que se pretende es que los fiscales asuman la instrucción.

Consecuencias según la Abogacía

En cuanto a la repercusión en el día a día de los juzgados, el Consejo General de la Abogacía Española asegura que este primer día de huelga de jueces y fiscales ha provocado ya "daños incuestionables", precisando que las "decenas de miles de asuntos afectados ya no se resolverán durante 2025", por lo que ha instado a cumplir servicios mínimos, así como al diálogo entre las asociaciones convocantes y el Gobierno para "poner fin al conflicto".

La huelga llega después de la concentración convocada el sábado pasado por las mismas asociaciones frente a la sede del Tribunal Supremo, que congregó a miles de personas, entre ellas cientos de jueces y fiscales, para exigir la retirada de ambos proyectos. Consideran que los cambios, que incluyen un examen escrito en los procesos de oposición y la regularización de los jueces y fiscales sustitutos, además de un impulso al denominado cuarto turno no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.

Desde el Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, viene reiterando en las últimas semanas que el Gobierno respeta los paros, si bien defiende la necesidad de las reformas. Argumenta que moderniza las carreras judicial y fiscal por primera vez en 40 años y especialmente las pruebas de acceso, puesto que las actuales fueron diseñadas en el siglo XIX.

"Se trata de blindar las becas para opositores, incluir un examen escrito para medir más habilidades además de las memorísticas, garantizar que los exámenes escritos son anónimos y los orales son grabados, que los jueces que preparen a opositores se inscriban en un registro público y establecer un proceso de estabilización para juezas y fiscales sustitutas para cumplir con la UE y evitar una sanción millonaria a España por la Comisión Europea", insisten desde Justicia.

La asociación mayoritaria de fiscales llama a la huelga y acusa a García Ortiz de intentar sabotearla

Respecto a posibles sanciones a los magistrados que secunden el paro, fuentes jurídicas se remiten a los antecedentes de las huelgas convocadas desde 2009, en las que no se han producido este tipo de castigos. También la Fiscalía comunicó que carece de competencias para fijar servicios mínimos y pidió garantizar aquellas actuaciones en las que la ausencia del fiscal "pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos", algo que ha sido respondido duramente desde la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, por entender que dicha pretensión pretende "desnaturalizar" la protesta.

Pese al seguimiento señalado, los paros no parecen haber afectado gravemente a los órganos que llevan los casos más mediáticos. Así, los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional están funcionando de forma habitual con algunas excepciones. De hecho, este mismo martes se han practicado declaraciones en la causa en la que se investiga la presunta financiación ilegal de Convergència a través la empresa Ambulancias Egara y en la que se investiga a un comisario destinado en la India por presunto acoso sexual. La normalidad también ha sido la tónica habitual en el Tribunal Supremo y los juzgados ordinarios de la capital.