Los seis jueces que investigan al entorno de Sánchez destacan su "confianza" en el trabajo de la UCO

Los magistrados del Tribunal Supremo Leopoldo Puente y Ángel Hurtado; de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y Santiago Pedraz; el juez de Madrid Juan Carlos Peinado y la jueza de Badajoz, Beatriz Biedma, que instruyen causas vinculadas al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (caso Begoña Gómez, caso David Sánchez) y a cargos o excargos del PSOE (caso Ábalos, caso Koldo, caso fiscal general y la pieza separada secreta sobre el contenido del teléfono de Víctor de Aldama en el caso hidrocarburos) han evidenciado en diferentes resoluciones, ante las críticas de los imputados, su "confianza" en el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Precisamente el nombre de esta unidad policial, la élite de la lucha contra la corrupción del instituto armado, ha saltado de forma reciente a la opinión pública después de conocerse la grabación, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en la que la excargo del PSOE en Correos Leire Díez reclamaba al empresario imputado en la Audiencia Nacional Alejandro Hamlyn, información comprometedora del teniente coronel jefe del Grupo de Delitos Económicos de la UCO, Antonio Balas.

Si se demuestra lo de Balas, lo demás viene dado

Este oficial de la Guardia Civil encabeza las diferentes pesquisas mencionadas, y por ello fue el que lideró la entrada en el despacho del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por orden del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que investiga la filtración de datos del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sin "reproche"

"En cuanto a la solicitud de dirigir mandato a la Policía Judicial y petición a este magistrado instructor para que imparta instrucciones a sus miembros a fin de que no incluyan en su informe mensajes privados ajenos al ámbito de los hechos, no ha lugar, por considerarse que no cabe formular reproche alguno al trabajo realizado por una unidad tan especializada y reconocida como es la UCO, sin perjuicio del derecho de la parte a su cuestionamiento". De esta forma zanjaba en sendas providencias el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado las quejas que habían presentado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, después de que los agentes incluyeran sus datos personales en un informe en el marco de la investigación de las filtraciones de datos privados del novio de Ayuso.

Esta defensa de Hurtado de la UCO también es palmaria en los diferentes autos de los otros cinco magistrados que investigan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a personas que fueron de su máxima confianza, como es el caso del exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos.

Así, el instructor del caso Ábalos en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, defendió sin ambages a la Guardia Civil cuando los agentes, al analizar el patrimonio del exministro, confundieron el signo del dólar con el del peso colombiano. Con este desliz, el valor de un terreno en Colombia pasaba de 2,1 millones a 751 euros. "Contiene, es verdad, un error. Actuando los agentes bajo mis órdenes y en el estricto cumplimiento de aquellas, me corresponde asumirlo en mi condición de responsable máximo de la investigación emprendida", escribió el instructor, que presentó sus "disculpas", aunque después restó relevancia al hecho: "Destaco igualmente que es un error que carece, afortunadamente, de consecuencia alguna en esta causa".

Pero este "error" sirvió al juez Leopoldo Puente, una vez más, para alabar la actuación del departamento liderado por Antonio Balas: "Este instructor considera que el informe policial, extendido como consecuencia de lo por mí ordenado, en nada se extralimita o desborda los límites de lo efectivamente dispuesto. Al contrario, es expresivo de una ágil y diligente investigación que en ningún aspecto sustantivo merece ser censurada", redactó.

Acuerdo con la Abogacía y la Fiscalía

En otro auto, al contestar los reproches de Ábalos por haber elegido a la UCO en vez de a la Guardia Civil como Policía Judicial, expresó, de forma literal: "Es claro que este instructor tiene en alta consideración tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, inspirándole ambos cuerpos y sus respectivas unidades especializadas, una confianza en lo sustancial equivalente. La designación en este caso, de la UCO [...], no obedece, sin embargo, al mero capricho ni es fruto tampoco de una selección aleatoria". Lo justificó porque si hubiera elegido a la Policía, hubiera provocado un parón en las pesquisas.

Santiago Pedraz

En la Audiencia Nacional, el instructor de los diferentes casos en los que se investigan los fraudes en el IVA de los hidrocarburos, Santiago Pedraz, ha rechazado anular las actuaciones, como le han reclamado algunos de los investigados, basándose en supuestas maniobras de la UCO. En concreto, el letrado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes en el caso Gaslow, ha acusado a los uniformados liderados por Antonio Balas de "ocultar información determinante" que evidenciaría la inocencia de su cliente. Pedraz lo ha rechazado, avalando las pesquisas de la UCO. Teijelo, que ha denunciado presuntas irregularidades del exguardia que ahora trabaja en la Comunidad de Madrid Juan Vicente Bonilla, fue uno de los protagonistas de la conversación grabada en la que participa Leire Díez.

En el caso de Ismael Moreno, que investiga todo lo relativo al caso Koldo que no está vinculado con el exministro Ábalos, que como diputado del grupo mixto está aforado ante el Tribunal Supremo, su apoyo a la actuación de la UCO se evidenció en el auto en el que elevó la exposición razonada para que el alto tribunal investigara al exministro de Transportes.

En un momento en el que la Fiscalía Anticorrupción y la UCO discrepaban sobre la conveniencia de mencionar en la exposición razonada el rescate de Air Europa, el juez Moreno se aferró al criterio del instituto armado y apuntó que el comisionista Víctor de Aldama también se valió de José Luis Ábalos para "influir en la concesión final del rescate de Air Europa". Y ese punto analizado por la UCO llegó al Tribunal Supremo, en contradicción con la Anticorrupción.

Peinado y Biedma

Por lo que respecta a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, toda su investigación, que ha concluido con la imputación al hermano del presidente del Gobierno, pivota sobre el análisis que los agentes de la UCO realizaron de los correos electrónicos incautados tanto a David Sánchez como a otros trabajadores de la Diputación provincial. Las defensas trataron desde el inicio de anular la intervención policial por "prospectiva", pero tanto la jueza como sus compañeros de la Audiencia Provincial rechazaron estas críticas y respaldaron todas las actuaciones de los agentes.

Uno de los últimos trabajos policiales, y que permitió la imputación y posterior procesamiento de un exasesor de Moncloa posteriormente fichado como ayudante del músico, Luis Carrero, fue precisamente el que señaló el camino a la titular del Juzgado Número 3 de Badajoz. Los investigadores de la Guardia Civil destacaban en uno de sus informes el hallazgo de un email de julio de 2022 en el que el entonces trabajador en Presidencia se dirigía a David Sánchez como "querido hermanito" y trataba con él varios asuntos profesionales. Un año después fue contratado por la Diputación de Badajoz. Un análisis posterior de los agentes de todas las comunicaciones encargado por la juez determinó que se le incluyera entre los que van a ser juzgados.

Algo parecido ocurre con la investigación del juez Peinado a Begoña Gómez. Precisamente, la parte en la que debe centrar las pesquisas, según el último aviso dado al juez por la Audiencia Provincial de Madrid, es la que apunta a las sociedades del empresario también investigado Juan Carlos Barrabés, en el sentido de que "resultaban una pieza clave" en el desarrollo e implementación de la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sobre la que se proyecta la sospecha delictiva, consistente en una clara "desviación de poder". Es en la actividad de Innova Next SLU en las que se centró precisamente la UCO al inicio del procedimiento, poniendo el foco en que las adjudicaciones públicas logradas en 2021 y 2022, en coincidencia con el curso universitario, sirvieron para salvar a esta empresa de Barrabés de las "pérdidas recurrentes" que venía arrastrando.

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