Conferencia de Presidentes
Sánchez propone a las comunidades un pacto para triplicar la inversión en vivienda
El acuerdo de financiación se vincula a un compromiso de los presidentes autonómicos para "blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección oficial"
El denominado nuevo Acuerdo Estatal para la vivienda 2026-2030 supondría pasar de una financiación de 2.300 millones a 7.000

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de la foto de familia previa a la última Conferencia de Presidentes que se celebró el pasado mes de diciembre en Santander. / EP
Después de salvar la Conferencia de Presidentes, tras aceptar los asuntos a debatir propuestos por las comunidades del PP, Pedro Sánchez mueve ficha y lanza sus propias propuestas para intentar acercar posiciones en la lucha contra el problema del acceso a la vivienda. A través de una carta enviada a los presidentes autonómicos este jueves, a la que ha tenido acceso este diario, el jefe del Ejecutivo plantea llegar a un acuerdo en la reunión de este viernes en Barcelona con los presidentes autonómicos para triplicar la inversión en vivienda, vinculándolo a "blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección oficial".
El denominado nuevo Acuerdo Estatal para la vivienda 2026-2030 supondría pasar de una financiación de 2.300 millones a 7.000. De esta cantidad, el Ejecutivo se comprometería a aportar el 60% del total (4.000 millones) siempre que las comunidades recojan el guante y aporten por su parte al menos 2.700 millones. Un aumento de los recursos que se enfocarían a la construcción y rehabilitación de vivienda pública "en régimen de propiedad y alquiler".
El jefe del Ejecutivo remarca en su misiva que la política de vivienda es una competencia compartida y que las comunidades autónomas “nunca han recibido tantos recursos del Estado como ahora” (un 47% más entre 2019 y 2025 que entre 2012 y 2018). El Gobierno plantea además a los presidentes autonómicos que se comprometan a que todas “las viviendas que se financien con dinero público mantengan de forma permanente su calificación de vivienda protegida y, por tanto, ofrezcan siempre una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía”.
El otro compromiso de "corresponsabilidad" a las comunidades en materia de vivienda, para incrementar la financiación, tiene que ver con los portales sobre vivienda. En la misiva, el presidente ataca con dureza a portales inmobiliarios como Idealista y Fotocasa a los que acusa de tener “el monopolio de la información” y ser “de dudosa fiabilidad”.
Portales inmobiliarios
“No existe una base de datos pública y fiable que permita a las Administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compraventa y alquiler de viviendas en su ciudad. […] Esta falta de información impide los gobiernos diseñar mejores políticas públicas e impide a las personas negociar de forma adecuada el precio de su casa”, asegura Sánchez. Para luchar contra esto, propone a las comunidades volcar todos sus datos para crear una “base de datos agregada” estatal, con el fin de que esté a disposición de la ciudadanía, las universidades y el sector a través de un “portal web”. “No podemos seguir a ciegas en este asunto”, sentencia.
El presidente del Gobierno concluye su carta animando a los presidentes autonómicos a estudiar sus propuestas de “más financiación pública, menos especulación y más transparencia” para poder debatirlas “de forma serena y constructiva este viernes” y lograr “llegar a un acuerdo antes de verano”. Según subraya, “los españoles y españolas no nos eligen para que nos tiremos los trastos a la cabeza o llevemos el ruido partidista a las instituciones. Nos eligen para que dialoguemos, acordemos y resolvamos sus problemas. El de la vivienda es crucial y nosotros debemos estar a la altura".
Bajas expectativas tras la amenaza de boicot
Desde el Gobierno se resignaba este martes a escenificar una Conferencia de Presidentes de trámite, después de que estuviese en riesgo hasta su propia celebración. Sin apenas expectativa de acercar posiciones ante la confrontación política que la ha precedido, con amenazas de las comunidades presididas por el PP de judicializar su convocatoria y boicotearla con su ausencia si no se incluían todas sus propuestas en el orden del día. Finalmente, el Ejecutivo cedió a todas sus demandas para salvar la reunión. “Aunque no haya acuerdos, reunirse ya es importante”, destacaban fuentes del Ejecutivo.
Para Alberto Núñez Feijóo, líder de los conservadores, este episodio "ha demostrado para qué sirve la potencia autonómica del PP". "Y es para evitar que el presidente del Gobierno imponga su agenda", añadió este martes por la tarde en un mitin en Logroño (La Rioja). "Una cosa es que Sánchez pueda librarse de hablar de [la militante socialista] Leire Díez ante los medios de comunicación y otra es que le vayamos a permitir que no hable de los temas de gestión en los que está fallando este Gobierno, que está más pendiente de los juzgados que de las personas", se jactó Feijóo refiriéndose a la supuesta operación del partido socialista para entorpecer la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Los populares han forzado discutir sobre asuntos como la “retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda”; la lucha contra la “ocupación y la 'inquiocupación'”; un nuevo plan energético con “energías de respaldo para evitar un nuevo apagón”; las inversiones en infraestructuras críticas “para afrontar el caos ferroviario y asegurar el transporte público y las comunicaciones”; la “retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal” y garantizar que el control de fronteras y la política migratoria es una “competencia exclusiva del Estado”. Estos dos últimos asuntos fueron los que el Ejecutivo central, durante varios días, consideró que no podían estar en el orden del día porque superaban las competencias de la Conferencia de Presidentes. Finalmente acabó cediendo.
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