El Gobierno admite en el Supremo que no ha tramitado ningún expediente de menores no acompañado pese a su requerimiento

Proporcionar la atención necesaria a los menores no acompañados, sean o no solicitantes de asilo, es un problema difícil de gestionar. Tanto que ni siquiera el Tribunal Supremo ha conseguido que el Gobierno evalúe a un solo menor solicitante de protección internacional desde el requerimiento que dirigió al Ejecutivo el pasado 25 de marzo para conocer las medidas adoptadas para garantizar esta prestación a un colectivo tan vulnerable. Así lo han admitido los cuatro altos cargos del Ejecutivo central que han declarado, junto a la representante de una Oenegé, como testigos para dar respuesta al requerimiento del alto tribunal.

Todos ellos se han amparado en las competencias entre el Ministerio del Interior y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o en las del Estado y las Comunidades Autónomas, así como en la falta de documentación suficiente como para poder resolver los expedientes de solicitud de asilo. Pero sobre todo en que hasta que no se presentó la demanda de las autoridades canarias ante el Supremo no se había planteado la posibilidad de que de los menores no acompañados solicitantes de asilo se ocupara el Estado, puesto que esa protección internacional la concede el estado.

Hasta ahora la tramitación correspondía a las comunidades, puesto que también se ocupan del acogimiento de los menores no acompañados a su cargo, pero la realidad canaria le ha llevado a acudir a los tribunales para plantear la posibilidad de que pase a hacerlo el Estado. En su demanda hablaba de 1.008 de los 5.500 menores no acompañados que alberga, pero a día de hoy eleva la primera cifra a 1.221. Para el Ejecutivo central solo constan 762 menores no acompañados solicitantes de asilo, cifra obtenida por el Ministerio del Interior del cruce entre el número total de menores enviada desde la comunidad autónoma y los que le constan como solicitantes en sus ficheros.

Lo único que ha cambiado a raíz de la apertura del procedimiento por parte del alto tribunal ha sido una instrucción, en la que se prevé la posibilidad de su tramitación en el sistema de acogida de protección internacional sin intervención de su representante legal o una unidad familiar como hasta ahora. No obstante, ello implica un cambio de modelo, como que los centros separen a adultos y menores, que se preste atención durante 24 horas y que se disponga de un sistema educativo adecuado, lo que no parece fácil y rápido de conseguir.

Medidas

A lo largo de las casi tres horas que ha durado la vista, el expresidente del Consejo General del Poder Judicial Carlos Lesmes, que presidía el tribunal que componían siete magistrados, dirigió varias preguntas concretas a cada uno de lo testigos, una vez que terminaban las suyas el abogado del Estado Luis Serrano de Gonzaga, que actuaba en nombre del Gobierno, y la abogada que representaba a Canarias, Aridia Díaz.

El interés del magistrado se dividía en las medidas concretas adoptadas para poder tramitar la solicitud de asilo de los menores no acompañados, tras el auto de medidas cautelares por el que se fijó celebrar la vista, y en las ventajas que para los menores no acompañados podía tener el solicitar asilo. Incluso afeó al director general de Protección Internacional, Octavio Rivera Atienza, que hubiera utilizado la expresión de "promocionar" la solicitud de asilo entre estos menores, al justificar que les faltaban datos para tramitar los expedientes canarios. El alto cargo de Interior precisó que lo quería decir es que "no se debía confundir ser menor con el derecho a adquirir el asilo".

Explicaciones del Ejecutivo

La primera en comparecer ante el tribunal fue la directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, Amapola Blasco, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que explicó que los recursos actuales con los que se cuenta en las tramitaciones de las peticiones de asilo no están preparados para menores. Señaló que se habla negociando con el Gobierno de Canarias y que hay mayores que ocupan plazas de las 1.437 plazas que hay en todo el territorio nacional. En Canarias hay 45 disponibles. "Solo atendimos al cribado de 723 que Interior nos verificó que habían solicitado protección internacional", afirmó.

Juan Luis Valterra, subdirector general de Planificación y Evaluación, anunció la creación de 150 nuevas plazas en Canarias en un plazo de tres o cuatro meses. Lesmes le preguntó directamente si "eran conscientes de que se acumulaba un número importante de personas solicitantes de protección internacional" en Canarias. El testigo respondió que saben que es "un problema endémico y general del sistema de asilo", y se remitió a Interior. Amparo González Ferrer, subdirectora de gestión de plazas de acogida, explicó que se había "habilitado un proceso alternativo para que dentro de las plazas disponibles en el sistema se encuentre las más adecuadas para el menor solicitante".

Sus explicaciones fueron corroboradas por el Abogado del Estado, que recordó que "no se ha procedido individualmente con ninguna medida de acogida" por falta de documentación y porque "los recursos disponibles" no están adaptados a ellos. Ninguno convenció a la abogada que representaba a Canarias, que dejó constancia de que las peticiones de información en las que el Gobierno se escudaba para agilizar la tramitación de los menores no acompañados solicitantes de asilo se habían producido a principios de abril y el viernes pasado, mientras que el protocolo presentado ayer mismo no había sido consultado con las autoridades de las islas y no preveía empezar a trabajar hasta septiembre.

Tras recordar que "en los dos últimos años Canarias ha creado 83 centros en los dos últimos años", afirmó que "si Canarias lo había hecho, la Administración del Estado debería poder hacerlo". A su juicio, todo es una forma de "dilatar" el cumplimiento del auto del Tribunal Supremo.