El exministro Ábalos niega su mediación para que la ‘trama Koldo’ lograra contratos en Canarias

No existe, hasta el momento, ninguna prueba policial ni judicial –lo que en el argot se conoce como 'pistola humeante'– que vincule de forma directa al exministro José Luis Ábalos con la trama nacional de mordidas derivadas de la compra de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas del empresario Víctor de Aldama y de Koldo García –que fue su asesor en el ministerio– y que en Canarias obtuvo el 25% de sus beneficios: hasta 12,3 millones de euros.

Por lo tanto, este lunes en la comisión del Parlamento de Canarias que investiga las posibles irregularidades de los contratos sanitarios por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia, Ábalos negó hasta seis veces otras tantas preguntas directas al respecto que, como si fueran clones, llevaron a cabo Jesús Ramos (ASG), Nicasio Galván (Vox), Esther González (NC), Fernando Enseñat (PP), José Alberto Díaz Estébanez (CC) y Nira Fierro (PSOE): "Nunca hablé ni antes ni durante ni después con ningún miembro del Gobierno de Canarias, ni política ni administrativamente, ni siquiera a nivel orgánico, sobre contrataciones".

La siguiente pregunta a esta aseveración era evidente, como se encargaron de enunciar con algunos ínfimos matices los portavoces de Vox, PP y CC, los grupos que en la pasada legislatura no integraron el pacto de las flores: "¿Cómo fue posible que García y De Aldama lograran contactar con miembros del SCS y del Gobierno para lograr esos contratos?".

La respuesta de Ábalos era también obvia: "no sé a través de quien y cómo consiguieron contactar y solo se me ocurre que lo hicieran a través de algunas personas que creían que eran más cercanas a mí o que tenían una relación que no era la real y que hablaban en mi nombre".

Un "mero asesor"

Y es que Ábalos reiteró lo que lleva diciendo desde hace meses, que García era un mero «asesor del Ministerio y asistente en mis desplazamientos fuera de Madrid" y no su hombre de confianza, porque en un departamento "tan complejo, especializado y difícil" como el de Transportes "las manos derechas eran otras personas con cargos mucho más relevantes".

Es más, también insistió en varias ocasiones durante las casi dos horas que duró su comparencia en que si "hubiera aprovechado mi condición de secretario de Organización del PSOE, habría habido más contrataciones" relacionadas con Puertos del Estado "porque el PSOE gobernaba en más comunidades que Baleares y Canarias".

"¿Nos tenemos que creer que García actuaba por libre sin que el ministro se enterara? No lo creemos ni creemos su amnesia selectiva", insistieron tanto el conservador Enseñat como el nacionalista Díaz Estébanez.

También se desvinculó de cualquier relación con el empresario De Aldama, que "trabajaba como asesor externo" de Air Europa y, como muchísima otra gente, pasaba por el ministerio, otra cosa es la relación que él tenía con mi asesor de tiempos atrás", y sobre el resto de los protagonistas de la trama -los integrantes del grupo de Whatsapp los 'cuatro mosqueteros': De Aldama, Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno– afirmó que "ni siquiera les pongo cara".

El interés de conservadores y nacionalistas sobre estos cuatro mosqueteros venía dado porque un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desveló un audio entre el exasesor de Ábalos y el entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torresen el que se hablaba de pagos a Soluciones de Gestión y ofrece el negocio de los PCR gratuitos asegurando que «todos estaban de acuerdo», incluyendo a Ábalos y al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa.

«Contratitos»

Sobre lo que sí reconoció conversaciones con miembros del Ejecutivo canario, aunque no desveló nombres, fue sobre "el control de la pandemia, proteger su población y plantear un rápido remonte de su economía", pues recordó que el primer caso de Covid sucedió en Canarias, así como el primer confinamiento colectivo en un establecimiento hotelero en todo el mundo. "Esas conversaciones sí están registradas, porque eso sí me preocupaba, y no contratitos de otras administraciones", remachó Ábalos.

"No son contratitos, son 20 millones de dinero público que están siendo investigados por haber sido objeto de malversación por parte de la Guardia Civil y las fiscalías española y europea", replicó Enseñat.

De hecho, cuatro son los casos de presuntas irregularidades en las compras de material sanitario durante la pandemia que afectan a Canarias y que son investigados por el Parlamento: el que afecta a la empresa RR7 por un millón de tapabocas por un importe de cuatro millones a la empresa de Rayco González sin que se hiciera entrega del suministro más otros tres contratos, por valor de 13,7 millones de euros, que no tienen autorización del Consejo de Gobierno; dos contratos con Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas de García y De Aldama por 6,8 millones y, a la sombra de éste, el de Damco Trading Services y Tanoja Services, dos empresas que fueron adjudicatarias para suministrar mascarillas y test por 15,8 millones en 2020 y 7,1 millones en 2021; y el que otorgó a la empresa Megalab las pruebas serológicas para todos aquellos residentes canarios que decidieran regresar a las Islas durante las fechas navideñas de 2020.

"Coincidencia"

Sobre este último contrato, Enseñat y Díaz Estébanez recordaron que la UCO de la Guardia Civil apuntó que Ábalos coincidió con integrantes de la 'trama Koldo' cuando cerraban negocios en Canarias, pues el 21 de noviembre de 2020 él y su asesor se hospedaron en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria a la vez que el empresario Serrano, uno de los 'cuatro mosqueteros'.

Dos semanas después de aquella "coincidencia", como ayer mismo la denominó el exministro, el Gobierno del pacto de las flores aprobó otorgar a la empresa Megalab organizar la prestación de test gratuitos a los residentes que estuvieran en la Península, como se avanzaba en el audio desvelado por la UCO entre García y Torres.

También Ábalos afirmó "desconocer" que en la documentación entregada por De Aldama al Tribunal Supremo (TS) en diciembre, con informes de la UCO, el comisionista incluye las obras del edificio Royal en la red de la trama corrupta entregadas por Levantina, una empresa con domicilio social en Valencia y cuyo cabeza visible era José Ruz Martínez, que logró adjudicaciones millonarias cuando Ábalos era ministro por 128 millones de euros en infraestructuras viarias. Esa licitación fue para las obras de remodelación del antiguo inmueble de Multicines Royal para convertirse en la sede la Agencia Tributaria Canaria, dependiente de la Consejería de Hacienda que en esos momentos dirigía Román Rodríguez, que también era vicepresidente del Gobierno regional y líder de Nueva Canarias (NC).

Aunque a la tercera fue la vencida y el exministro Ábalos compareció por fin ante la comisión del Parlamento -tras haber pedido aplazamientos los días 21 y 28 de abril- sin acogerse a su derecho a guardar silencio, su paso por la Cámara regional dejó en el aire las mismas dudas que antes de entrar en la sala, pues la práctica totalidad de las respuestas las tienen García –sobre el que pesa un posible "delito de desobediencia" al no comparecer en la Cámara– y De Aldama, que en enero sí se acogió a no declarar.

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