BNG y Hacienda pactan que la deducción para que no tribute el actual SMI sea permanente y lo pague el Estado

El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con el BNG para que la deducción que anunció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que los perceptores del nuevo salario mínimo interprofesional (16.576 euros) no tributen en el IRPF durante este año se convierta en permanente. El pacto incluye que el coste de esta deducción, cifrado por la propia Montero en "algo más de 200 millones de euros", lo asuma en su totalidad el Estado y que no recaiga ninguna parte en las comunidades autónomas. Además, han acordado que exista una deducción decreciente hasta los 18.276 euros para matizar el efecto escalón de futuras subidas del SMI.

A través de una enmienda introducida en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, PSOE, Sumar y BNG han acordado que la deducción en cuota acordada por Montero y Yolanda Díaz para que la subida del SMI a 1.184 euros mensuales en 14 pagas no tributase en el IRPF se convierta en permanente para esta cantidad.

Este escenario, que ya lo barajaba el Ministerio de Hacienda hace semanas, implica que las futuras subidas del salario mínimo sí tributen, ya que la deducción no está ligada a cobrar el SMI sino a percibir una cuantía concreta, los 16.576 euros anuales. Ante esta situación, el acuerdo incluye una deducción decreciente que irá desde los 340 euros si se cobra 16.576 a 0 euros si el salario asciende a 18.276 euros. De esta manera, las tres formaciones tratarán de suavizar la existencia de un efecto escalón.

Por último, el pacto establece que será el Estado quien asuma el coste total de esta deducción después de que varias comunidades protestasen porque las deducciones autonómicas tenían efectos desiguales según el territorio. A finales de marzo, Montero aseguró que copensar a los preceptores del SMI suponía "algo más de 200 millones".

El pacto se ha vehiculado a través de una enmienda introducido en la ley para modificar de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, la cual se ha discutido este martes en el trámite de ponencia. Por delante, aún queda que la norma sea aprobada por la comisión correspondiente, por el pleno, seguramente, y pasar por el Senado donde el PP podría modificarla a su antojo. Sin embargo, la última palabra la tendrá el Congreso, donde el bloque de la investidura tiene mayoría absoluta. Todo ello sitúa su aprobación definitiva cerca de finales de año.