Perfil propio
La coalición multiplica sus batallas a las puertas del ecuador legislatura ante la debilidad de Sumar
La vivienda o la guerra en Gaza abren un pulso entre PSOE y Sumar, que compiten por capitalizar las posiciones del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante la última sesión de control en el Congreso. / José Luis Roca
Los socios de la coalición de Gobierno, PSOE y Sumar, han intensificado durante las últimas semanas la lucha por la capitalización de banderas. Por marcar terreno y perfil propio. Con la legislatura llegando a su ecuador y una creciente debilidad parlamentaria que impide la aprobación de Presupuestos y frena la agenda reformista, se multiplican las disputas en frentes como el embargo a Israel, la vivienda o la reducción de la edad de voto a los 16 años. La caída crónica de Sumar en las encuestas y la espiral competitiva con Podemos, que acentúa su perfil de oposición desde la izquierda, llevan a los de Yolanda Díaz a endurecer sus posiciones para recuperar pie.
La batalla por la reducción de jornada a 37,5 horas es una de las principales. En la parte socialista apoyan la medida, pero asumen que no hay números para sacarla adelante por el rechazo de Junts. Una medida con amplio respaldo social sobre la que no quieren generar falsas expectativas. Desde la parte socialista del Gobierno dejan así la responsabilidad en Díaz y se desentienden de la negociación, que limitan al estricto ámbito laboral. A diferencia de otros asuntos que implican al ala socialista, donde se ofrecen cesiones que afectan a otras carteras, el Ministerio de Trabajo no tendrá más bazas para negociar. Avanzan además que, de alcanzar Díaz un acuerdo, deberá contar con el aval de Moncloa.
Uno de los puntales de la legislatura, la vivienda, es también arena de batalla entre PSOE y Sumar. Ambos coinciden en que las políticas para atajar el problema deben comenzar a aplicarse antes de que acabe la legislatura, para lograr su traducción social antes de citarse con las urnas. Pero las recetas son casi opuestas. El Ministerio de Vivienda lanzó este jueves una batería de medidas que han generado tensiones en la coalición. Por una parte, había algunas impulsadas por Sumar, como imponer un 21% de IVA a los pisos turísticos, gravar las viviendas vacías o endurecer la fiscalidad a las Socimis, que, sin embargo, se presentaron únicamente con el sello socialista y por sorpresa, sin advertir a su socio de coalición.
Pero la segunda pata de la iniciativa, que está basada en un sistema de incentivos fiscales para caseros que pongan en alquiler su vivienda a precios asequibles, ha terminado por rebelar a Sumar, donde avanzan que no apoyarán el texto en esos términos y emplazan a lo que se prevé una dura negociación. “No estamos en absoluto de acuerdo en que las personas, los rentistas, vean exenta la tributación en el 100% en su IRPF", defendió este viernes Yolanda Díaz, que resumió su posición: “Regalos fiscales, no. La urgencia está en intervenir el mercado de la vivienda”.
La guerra en Gaza y las relaciones con Israel también es motivo de pugna entre PSOE y Sumar, que tratan de abanderar la causa palestina. La semana pasada, Pedro Sánchez terminó por definir al país de Benjamin Netanyahu como un "estado genocida", y después ha reclamado la salida de Israel de Eurovisión. Dos movimientos que previamente habían reclamado en el ala minoritaria de la coalición, donde sacan pecho de "marcar el paso" al ala socialista, al mismo tiempo en que reclaman más pasos. En los últimos días, Yolanda Díaz ha puesto dos nuevas exigencias sobre la mesa: la imposición de sanciones económicas a Israel y la retirada del embajador español en Tel Aviv.
Las medidas a adoptar también han generado ciertas tensiones. Tras las reticencias iniciales, el PSOE terminó apoyando tramitar la norma de Sumar para el embargo total de armas a Israel. Mientras desde el Gobierno advertían de que era un gesto "simbólico", pero difícilmente aplicable, el socio minoritario registraba una solicitud para acelerar los plazos de aprobación de la norma. Y será el PSOE el que deba decidir si se aplica o no esa vía de urgencia.
En el ala socialista, a diferencia de Sumar, tampoco consideran que la reducción de la edad de voto deba seguir el camino marcado por el Ministerio de Juventud e Infancia, en manos de Sumar. El PSOE trata de echar el freno para madurar más el debate y buscar un mayor consenso parlamentario. También tienen dudas los socialistas sobre la decisión de optar por el atajo y aprovechar la ley de juventud para acelerar una reforma que afecta a una norma orgánica como es la Ley Electoral (LOREG).
Las prisas de Sumar para intentar llevar la iniciativa son así otro motivo de disputa. Díaz tiene otras normas en cartera de calado que ha logrado incluir en el plan normativo de 2025 para acelerar su tramitación. Entre ellas, la ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa y la ley por la que se regula el sistema nacional de garantía juvenil. Pero sobre todo, la ley de democracia en la empresa, que se complementará con la ley reguladora de la representatividad empresarial en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Normas con las que exhibir músculo desde lo que se dio en llamar nuevo laborismo.
En Moncloa repiten que no habrá adelanto electoral, y es que la demoscopia no da señales de que pueda repetirse en estos momentos la suma del bloque progresistas. El PSOE resiste en el entorno de la barrera del 30%, pero el espacio a su izquierda está lejos de aproximarse a los 31 escaños con los que resistió en 2023.
La fragmentación, además, está castigada por el sistema electoral, elevando el precio de los escaños, sobre todo en las circunscripciones pequeñas y medianas. Pero no hay signos de que pueda darse una reconciliación, después de la ruptura de Podemos, hace un año y medio. Los morados, con Irene Montero como candidata para las próximas generales, enfrían cualquier alianza y dejan claro que no convivirán con Yolanda Díaz bajo la misma opción electoral.
Maquinaria electoral
En Ferraz se comienza a poner el foco en el ciclo electoral que se abrirá con los comicios autonómicos de Castilla y León, previstos en febrero del próximo del año, y de Andalucía, a mediados de 2026. Se los consideran clave, sobre todo las andaluzas, ante la tendencia que podrán determinar. Pero el escenario en el campo progresista amenaza con la ruptura total, que llevaría a tres papeletas a la izquierda del PSOE, ante las reticencias de la cúpula de Podemos de revalidar la coalición sellada en 2022, Por Andalucía, y la existencia de Adelante Andalucía, el partido fundado por Teresa Rodríguez.
Frente a la incertidumbre de la izquierda alternativa, el PSOE busca poner al partido en modo electoral, y para ello convocará un comité federal el próximo mes de junio. Una cita para impulsar a los nuevos dirigentes territoriales, varios de ellos con cartera de ministros, tras la renovación que se inició en el 41 congreso federal. Las encuestas privadas no trasladan por el momento apenas erosión en los presidentes populares frente a los que se presentan como alternativa María Jesús Montero en Andalucía u Óscar López en la Comunidad de Madrid. Dos territorios que se consideran claves por su “agujero electoral”.
Más allá del impulso territorial del PSOE para incrementar las posibilidades de Sánchez en las generales, en Ferraz se tomará nota de las tendencias que se marquen y del camino que tome el espacio a su izquierda. La unidad no parece estar ahora sobre la mesa, y el PSOE ya dio avisos de adoptar una actitud de confrontación frente a Podemos al compararlos con Vox. Lo hicieron tanto Pedro Sánchez como María Jesús Montero para desmontar sus argumentos contra el aumento del gasto en defensa.
En privado, en la cúpula del PSOE lanzan el mensaje de que la fragmentación a su izquierda, responsabilizando a los morados, sería una “locura” por “regalar escaños a la derecha”. Choques y equilibrios, además de escenificaciones, que a mitad de legislatura avanzan una recomposición de los posicionamientos partidistas de cara 2027.
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