El juez de la Audiencia Nacional imputa a la expresidenta de Adif y la cita el próximo 29 de mayo por la contratación de Jésica Rodríguez

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye parte del caso Koldo, ha citado en calidad de investigada el próximo 29 de mayo a la a que fuera presidenta de Adif durante el mandato en Transportes de José Luis Ábalos, Isabel Pardo de Vera. La ex directiva pasa de ser testigo en la causa a ser investigada, tras solicitarlo formalmente la Fiscalía Anticorrupción.

La petición del Ministerio Público se realizó la semana pasada al considerar que el auto del Tribunal Supremo en relación con la contratación para empresa pública de infraestructuras ferroviarias de la que fuera pareja del exministro Jésica Rodríguez "ya lo dejaba muy claro", según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO.

La resolución del titular del Juzgado de Instrucción número 2, a la que ha tenido acceso esta redacción, sostiene que, de lo informado por el Tribunal Supremo, resulta que Pardo de Vera "habría tenido una decisiva participación en la contratación aparentemente irregular de Rodríguez por la empresa Ineco", a instancia de Ábalos y de su exasesor en el Ministerio, Koldo García.

Malversación y tráfico de influencias

Se trataría de un presunto delito de malversación de caudales públicos, "habida cuenta del posible perjuicio para el patrimonio público, y delito de tráfico de influencias", reza la resolución. El juez de la Audiencia Nacional también menciona los dos contratos de trabajo de Rodríguez con Ineco y Tragsatec y explica que se trató de una actividad profesional de naturaleza administrativa en la que la trabajadora quedó adscrita a la presidencia de Adif, cargo que ostentaba entonces Pardo de Vera.

El juez Moreno destaca en su resolución que en su declaración como testigo en el Supremo, la que fuera pareja de Ábalos afirmó que no prestó actividad profesional o laboral de ninguna naturaleza en ninguna de las dos empresas, "que ni siquiera asistía su puesto de trabajo, aunque percibía puntualmente los correspondientes salarios durante aproximadamente, uniendo ambos periodos, dos años y medio".

Nuevos testigos

El instructor indica que para determinar la posible trascendencia penal del proceso de contratación de Rodríguez resulta procedente también la declaración testifical de otros responsables de Ineco y de Adif que, de acuerdo con la documentación aportada, se desprende que tuvieron un papel relevante en su contratación. En este sentido, y en línea con lo solicitado por la Fiscalía, el juez cita como testigos para el próximo 24 de junio a la responsable de Selección y Reclutamiento de Ineco, Ana Argita; a una experta senior de esta compañía, Josefa Pérez García; al director de Gestión Administrativa de Adif, Ignacio Zaldívar; y a la jefa de proyecto de la propia Rodríguez, María Dolores Tapia.

Fue en el Tribunal Supremo, que investiga a Ábalos en calidad de aforado, por su condición actual de diputado en el Congreso, donde se apuntaron los indicios para considerar que Pardo de Vera "habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida libérrimamente por Ábalos, quien habría contado para ello con la relevante participación del también investigado en esta causa (Koldo) García, sin que, además, aquélla, durante el periodo en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna", según detalló el instructor Leopoldo Puente.

Igualmente, Moreno analiza determinada documentación sobre la resolución de un contrato que Adif llegó a firmar con Injoo Technologies, una empresa diferente a Soluciones de Gestión --que fue la sociedad vinculada a la trama Koldo que se llevó finalmente los contratos millonarios-- para la compra de mascarillas en pandemia, unas adjudicaciones que determinaron la apertura de este procedimiento penal.

Las mascarillas que faltan

Por otra parte, el juez Moreno solicitó hace un par de semanas a la distribuidora Raminatrans, a petición de la acusación popular que ejerce en esta causa la Asociación Liberum, las actas y albaranes de recepción o distribución de mascarillas que fueron adquiridas por Adif, la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes. Las acusaciones quieren que se indague si parte de las mascarillas adjudicadas a Soluciones de Gestión para que surtiera a diversos organismos públicos por 53 millones de euros pudieron revenderse. 

La petición responde a uno de los datos aportados por la expresidenta Pardo de Vera durante su comparecencia como testigo el pasado 5 de marzo en el Supremo, en la que apuntó, según informó este diario, que de los 5.000.000 de mascarillas adjudicadas por ADIF a la trama, solo llegaron 300.000.