El Supremo pide a la UCO que tenga en cuenta el "error" de Transportes al atribuir a Ábalos medio millón en dietas a la hora de analizar su patrimonio

El juez Leopoldo Puente, que investiga la presunta implicación del exministro José Luis Ábalos en la denominada trama Koldo que anidó en el Ministerio de Transportes durante su mandato, ha enviado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la rectificación de este departamento por el "error" que cometió al atribuir 500.000 euros en dietas al hoy diputado del grupo Mixto. El magistrado traslada la precisión para que los agentes la tengan en cuenta en el informe económico que están preparando sobre Ábalos.

El pasado 30 de abril, y lo reiteró mediante un comunicado el pasado viernes, Transportes ya aclaró que los 500.000 euros atribuidos al exministro son en realidad indemnizaciones "por todos los componentes de la delegación que acompañan al ministro en los viajes oficiales" y se había interpretado equivocadamente la normativa tributaria en materia de IRPF en su primera valoración.

Ingresos de Ábalos

Con anterioridad a estas aclaraciones, el juez Puente había autorizado a la UCO, tal y como informó EL PERIÓDICO, para investigar estos pagos que el entonces ministro recibió en los ejercicios 2018 y 2019, por importes respectivos de 156.440 y 351.992 euros. Se trata, según el informe remitido por los investigadores al juez, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, de un 69% del total de sus ingresos mientras estuvo al frente del ministerio, que ascendieron a un total de 736.796 euros entre 2018 y 2021, año en el que abandonó el cargo.

El informe inicial de los investigadores se centraba en los rendimientos de trabajo del hoy diputado del grupo mixto durante su etapa al frente de Transportes, y según este análisis Ábalos tuvo dos pagadores, ya que cobró tanto como empleado por cuenta ajena, percibiendo a través de "habilitación de personal" del ministerio 152.270 euros, como a través de la Caja Pagadora Central, que es la que abonó las rentas y dietas exceptuadas de gravamen que investiga ahora el magistrado Puente.

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Por su parte, Transportes ya había aclarado que los informes cuestionados por la UCO fueron abonados en su mayor parte a la Agencia de Viajes que trabaja con el Ministerio, que es quién gestiona la emisión de los billetes en medios de locomoción (billetes de avión y/o tren…) y los gastos de alojamiento (reservas de hotel). Hay otra parte del gasto que se abona en metálico en concepto de anticipo y que posteriormente se justifica con todas las facturas correspondientes a los pagos efectivamente realizados. Es decir, certifica que se realizó desde la caja pagadora central "ninguna transferencia a ninguna cuenta bancaria del que fuera ministro". De hecho, en la caja pagadora central del Ministerio no se dispone de datos de ninguna cuenta bancaria de Ábalos.

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Además, se interpretó erróneamente la normativa en materia de IRPF, entendiendo que las declaraciones de gastos de viaje de los altos cargos que viajan en régimen de resarcimiento de gasto eran equivalentes a los expedientes de dietas del resto del personal del Ministerio que tienen un carácter individual. Dicha interpretación llevó a declarar como “Dietas y asignaciones para gastos de viaje, en las cuantías exceptuadas por gravamen del IRPF” la totalidad de los importes recogidos en las declaraciones de gastos de los viajes encabezados por el ministro.