La posible reventa de mascarillas por la trama Koldo, nueva línea a investigar por el Supremo tras admitir Pardo de Vera que no llegaron todas

Las acusaciones populares personadas en la investigación que realiza el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre la actividad de la trama Koldo que anidó en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos quieren que se indague si parte de las mascarillas adjudicadas a Soluciones de Gestión para que surtiera a diversos organismos públicos por 53 millones de euros pudieron revenderse. 

Lo hacen tras escuchar la declaración como testigo realizada el pasado 5 de marzo por la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, en la que apuntó que de los 5.000.000 de mascarillas adjudicadas por ADIF a la trama, solo llegaron 300.000.

En un escrito al que ha tenido acceso este periódico, y a petición de la acusación ejercida por la asociación Liberum, se señala la importancia de esta testifical y de otras que se produjeron ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno cuando la causa se encontraba aún en dicho órgano --al no haberse dirigido entonces contra un aforado como es Ábalos--; así como al contenido de la auditoria realizada en su día por orden del actual ministro, Óscar Puente. Dicho documento aportaba que no se podía acreditar documentalmente la recepción de 2,8 millones de mascarillas (equivalentes a 7.262.832 euros) del lote de 4 millones con destino a las entidades públicas en el ámbito del transporte terrestre.

Ábalos pide al Supremo que limite su investigación al contrato de las mascarillas y apunta a errores de la UCO y daño a su familia

Las acusaciones se refieren en su escrito a "contradicciones insalvables" para aclarar si las entregas de material simplemente se hicieron sin la respectiva acta de entrega debido a un desventurado descontrol organizativo, "o pudiera desprenderse de estas actuaciones más bien unos presuntos delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y enriquecimiento injusto", lo que apunta a la posibilidad de que la trama las revendiera. Fuentes de las acusaciones consultadas por esta redacción señalan que la petición que realizan para que se aborde este asunto por el Supremo tendrá el aval de la Fiscalía Anticorrupción.

Por ello, piden que sean aportadas a la causa en el Supremo las actas de recepción de las mascarillas que el propietario de la empresa distribuidora --Raminatrans-- Rafael Milla puso a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 en octubre del pasado año.

Ábalos pide centrar en mascarillas

La investigación de los contratos de adjudicación a Soluciones de Gestión fue el origen de esta causa, y de hecho Ábalos ha presentado recientemente un escrito de alegaciones ante el juez Puente, del que informó este diario, en el que reclama al juez Puente que ordene "todo lo preciso para limitar el periodo de la investigación" y que éste comience en el momento que se incoaron los contratos para la adquisición de mascarillas en pandemia.

Reprocha al magistrado que haya optado por dar una segunda interpretación a la exposición razonada que le remitió en su día el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para "ampliar el lapso temporal del objeto de la causa" a toda su etapa ministerial.