El Gobierno descarta desclasificar documentos del CNI sobre los atentados de Barcelona y Cambrils

El Gobierno no desclasificará documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativos a los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. Al menos de momento, según consta en la respuesta remitida por varios ministerios a la comisión de investigación que comenzará este martes en el Congreso de los Diputados con la comparecencia de quien era su director en ese momento, Félix Sanz Roldán.

La comisión, cuya constitución fue acordada hace prácticamente un año bajo el epígrafe "sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados", solicitó la desclasificación de documentos, lo que solo puede hacer el Consejo de Ministros. Como esto no se ha producido, el Ministerio de Defensa ha informado que las actividades del CNI, así como su organización y estructura "constituyen información clasificada con el grado de secreto".

Y recuerda que su control por parte del Congreso solo puede producirse en la comisión de gastos reservados, lo que supone que la comparecencia de Sanz Roldán quedará muy descafeinada, al no poder pronunciarse sobre el funcionamiento del centro. Desde sectores próximos a Junts se le atribuye una responsabilidad sobre los atentados, conforme alentó el principal imputado de la causa en la que se investigan las cloacas policiales, el excomisario José Manuel Villarejo.

En su respuesta el Gobierno afirma que se tendrá que recurrir a la comisión de fondos reservados "para explicar si ha existido relación alguna entre personas de dicho centro y Abdelbaki Es Satty", y "de haberse producido cuándo se dieron y los posibles efectos de las mismas". Es Satty es el imán que constituyó la célula de jóvenes de Ripoll que acabó cometiendo los atropellos y que murió en la explosión del chalet de Alcanar (Montsià).

En su momento, el CNI confirmó que contactó con él cuando cumplía una condena anterior como colaborador de otra célula terrorista, pero ello que no significa que le informara de los atentados que preparaba, como insinuó Villarejo en el juicio de los atentados, donde llegó a decir que lo ocurrido pasó porque "se les fue de las manos".

Algo que ha alentado teorías conspirativas y que ha llevado al padre del pequeño de tres años que falleció en la Rambla a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para reclamar su derecho a la verdad que considera que España les ha negado, porque la justicia no ha dado ningún crédito a sus sospechas de que Abdelbaki Es Satty no murió al explotar la madre de Satán que los terroristas preparaban.

Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo declararon en sentencias firmes que fue uno de los terroristas que murieron al explotar los explosivos con los que la célula pretendía atentar inicialmente, lo que llevó a los supervivientes a improvisar los atropellos con furgonetas alquiladas, motivo por el que los únicos condenados por formar parte de la misma no lo fueron también por las muertes y heridos que los vehículos causaron.

Permisos de residencia

Por su parte el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha recordado los permisos de residencia de larga duración que se concedió a Es Satty en 2006 y que en 2011 le fue denegado por la Subdelegación de Gobierno de Tarragona. En 2012 la Brigada Provincial de Tarragona estuvo a punto de expulsarle, pero un juzgado de Castellón acabó paralizando la orden. Y como si hubiera muerto en 2017 o no hubiera tenido participación alguna en los atentados, el ministerio añade que tiene caducada la TIE desde 2021.

La respuesta del Ministerio del Interior se ajusta mucho más a las peticiones de la comisión parlamentaria. Niega tener constancia de circular policial alguna sobre la aplicación del Reglamento Europeo sobre percutores de explosivos relacionada con los atentados del agosto de 2017, y adjunta las actas de las juntas de seguridad de Catalunya de julio y septiembre de 2017, 2018 y 2021.

También niega que el Centro de Coordinación de Información sobre Radicalización (CCIR) tuviera algún aviso previo relacionado con los atropellos. E insiste en que en función de la investigación desarrollada por la Audiencia Nacional se comprobó que Es Satty y Youssef Aalla murieron en la explosión de Alcanar, mientras que el resto de integrantes de la célula terrorista fueron neutralizados por los mossos en distintas ubicaciones: Mohamed y Omar Hichamy, Moussa Oukabir, Said Aalla y El Houssaine y Younes Abouyaaqoub, que fue quien cometió el atropello de la Rambla.

Todos ellos, junto con los condenados por la Audiencia Nacional, Mohamed Houli Chemlal, que fue el único superviviente de Alcanar, y Driss Oukabir, que les ayudó a alguilar una furgoneta, "conformaban una estructura sólidaa, unida mediante lazos familiares y de amistad, con permanencia en el tiempo, cuyos integrantes tenían tareas concretas y definidas según sus conocimientos y capacidades, aunando todos sus esfuerzos, a lo largo de varios meses, con el objetivo de llevar a cabo atentados terroristas, ya fuese en España o en Francia, a juzgar por el acopio de información que realizaron en diversos viajes". Entre sus objetivos, la Sagrada Familia o el parque de Port Aventura.