El caso de la presunta financiación ilegal de CDC con las ambulancias catalanas afronta su mes clave

La investigación que tienen entre manos el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y el fiscal Anticorrupción José Grinda sobre la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de la adjudicación de tres lotes sanitarios en 2015 a Ambulancias Egara encara este mes su momento clave, con la declaración de nuevos testigos y de imputados que pueden determinar el alcance de la presunta trama de corrupción investigada.

Fuentes jurídicas señalan a EL PERIÓDICO que para tratar de llegar hasta el responsable último de la organización, durante la instrucción se ha ido interrogando a funcionarios de la Administración catalana y a empresarios relacionados con la adjudicación de los lotes investigados. Con sus declaraciones se pretende determinar si, como sospechan los investigadores, se permitió la entrada en Egara de David Madí -circunstancia que el empresario imputado en la causa niega tajantemente-, a cambio de que la empresa resultara adjudicataria de contratos de la Generalitat a partir de entonces.

El fiscal pide investigar movimientos bancarios entre 2008 y 2014 para ahondar en el presunto 'pitufeo' de CDC

Esta pieza parte del caso 3%, en el que se investigó la presunta financiación de CDC a través de las fundaciones del partido y por el que se sentarán en banquillo quienes fueron sus tesoreros. Continúan en instrucción la del presunto 'pitufeo' de altos cargos del partido, lo relativo a la adjudicación de servicios de ambulancias, en la que se está profundizando este mes, y la de la productora Triacom, para cuya apertura resultó clave el empresario recientemente fallecido Joan Manuel Parra, quien aportó una conversación, grabada de forma oculta, con el 'exconseller' y extesorero de la formación Germà Gordó, en la que este le dijo: "Cada vez que te presentes a alguna cosa [un concurso público], me vienes a ver y yo hablaré con el secretario general correspondiente, con el departamento correspondiente".

Lo que denunciaba Parra coincidió con lo que, según las fuentes consultadas, declaró en un primero momento Carlos Simón, de Egara, en relación con que Madí y Joan Albert Arqués les propusieron quedarse con el 60% de Egara a través de ICAT Desenvolupament, a cambio, la empresa resultaría adjudicataria en los concursos de la Generalitat. Simón matizó después su declaración, al asegurar que la había hecho presionado por los mossos que le interrogaron.

Para entonces, en abril del año pasado, su hermano Óscar Simón había negado ante el juez Pedraz cualquier irregularidad en la adjudicación sospechosa y atribuyó la donación de 30.000 euros a una de las fundaciones de CDC, Catdem, a su padre, aunque le restó importancia señalando que era una entre muchas en distintos países.

Óscar Simón explicó que en un momento determinado Egara necesitaba inversores y Juan Luis Gallardo, que trabajaba con ambulancias vascas, les puso en contacto con el grupo inversor ICAT, de Madí y Arqués. Según el empresario, la opción de compraventa de las acciones de Ambulancias Egara en 2012 que realizaron no se llegó a ejercitar. Arqués declaró que porque se desvinculó de ICAT Desenvolupament y Simón aseguró que porque no le convencía Madí.

En este punto Arqués explicó que conoció al exalto cargo de CDC a través de la organización de eventos y que cuando en 2010 el partido ganó las elecciones, gracias al contacto personal que mantenían, le ofreció participar en el proyecto de inversión que culminó en ICAT. En ese contexto, fue cuando les llegó a través de Gallardo la posibilidad de intervenir en el negocio de ambulancias, pero sostuvo que como lo vio arriesgado rechazó participar.

El próximo día 27, Arqués, muy vinculado también a Benito Arnó e Hijos, cuyas oficinas en Lleida y Barcelona fueron registradas en abril, volverá a comparecer ante Pedraz, así que tendrá la oportunidad de corroborar o desmentir sus palabras. Ese día también están citados los también imputados Gonzalo Clemente y el propio Gallardo.

Empresarios y funcionarios

Al día siguiente está previsto que comparercan empresarios de ambulancias y el experto en ciberseguridad Albert Gabàs, al que, según las mismas fuentes, Madí atribuye el correo electrónico de diciembre de 2013 que lo vincula con Ambulancias Egara. También lo hará Roger Morcillo, de RCM, la auditoría registrada en la calle Montaner en Barcelona.

El 5 de diciembre un empresario y una funcionaria del SEM, Elisa Vives, podrán fin a las comparecencias, que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 lleva realizando durante todo el mes de noviembre. El pasado día 5 interrogó a funcionarios del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Uno de ellos, Roger Abad, más centrado en el área financiera, mientras que el segundo, Alfonso López Gomáriz, jefe territorial de varias zonas, participó en la elaboración de pliegos de condiciones para las adjudicaciones. Ante el juez el testigo explicó cómo se producían los concursos y cuáles eran los baremos de puntuación.

También lo hizo el empresario Bernardo Coslado, exadministrador de Ambulàncies Baix Ebre, que señaló que mantuvo alguna reunión con la Administración catalana, porque le dijeron que saldrían a concurso grandes lotes y quería asegurarse para decidir su participación, ya que su empresa podía ser pequeña para ello.